La crisis en Fate sumó un nuevo capítulo. En medio de la ocupación de la planta de San Fernando, la empresa advirtió que no podrá pagar las indemnizaciones a los 256 trabajadores que aún no firmaron su desvinculación si el conflicto se prolonga.

El mensaje, más que técnico, fue político: la patronal busca condicionar la negociación mientras el conflicto se empantana entre la conciliación obligatoria, fallos judiciales y presión sindical.

La advertencia empresarial

Según la compañía, la ocupación de la fábrica “agrava la situación económica” y compromete incluso el pago futuro de las compensaciones. Al mismo tiempo, anticipó que apelará el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que la obliga a abonar salarios adeudados.

Ese fallo ordenó cumplir con el acuerdo firmado en mayo de 2025 con el SUTNA, que establecía la prohibición de despidos hasta junio de 2026 a cambio de beneficios fiscales. Sin embargo, la empresa avanzó igual con las desvinculaciones.

Despidos y vaciamiento

Fate sostiene que el 70% del personal ya firmó su salida bajo el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. En números: 644 trabajadores habrían aceptado acuerdos de desvinculación.

Ese dato no es menor: implica que, incluso si el conflicto se resolviera, la empresa argumenta que no cuenta con el personal suficiente para reactivar la producción, lo que refuerza la hipótesis de cierre.

La respuesta gremial

Desde el sindicato que conduce Alejandro Crespo rechazaron la postura empresaria y redoblaron la presión. Reclaman la intervención del gobierno bonaerense.

El planteo incluye:

• Que la Provincia garantice el pago de salarios adeudados
• Que se sancione a la empresa por incumplir la conciliación
• Y, en un escenario más profundo, avanzar hacia una estatización temporal

La idea que circula en el gremio es que el Estado provincial tome el control de la planta para reactivar la producción junto a los trabajadores.

El conflicto también expone una disputa política más amplia. Desde el SUTNA cuestionaron la pasividad de la Secretaría de Trabajo nacional y trasladaron la presión a la órbita bonaerense.

“Ahora son las autoridades provinciales las que tienen la oportunidad de mostrar otra actitud”, señalaron.

Un conflicto sin salida inmediata

Entre fallos judiciales incumplidos, despidos masivos y una fábrica ocupada, el escenario sigue trabado. La advertencia de la empresa sobre las indemnizaciones agrega tensión a una negociación ya deteriorada.

Lo que está en juego no es sólo el futuro de 256 trabajadores, sino también el destino de una de las pocas plantas que producen neumáticos pesados en el país. Y, detrás de eso, un modelo: cierre con indemnizaciones o intervención estatal para sostener la actividad.