Por Jorge Elbaum

Una década atrás, en los mostradores del poder fáctico, se refregaban las manos.
Percibían que había logrado enterrar lo que denominaban populismo latinoamericano.

Luego de haber convocado a los fueros lóbregos de los estrados judiciales y asociarlos con los empresarios de las telecomunicaciones, sintieron que podían reorientar las tendencias populares que se empezaron a generar a principios de siglo XXI, luego del triunfo de Hugo Chávez.

Su objetivo –el de los centro de poder asociados a las Embajadas de los Estados Unidos– consistía en degradar a los máximos referentes con acusaciones de corrupción para degradarlos frente a las bases populares.

Cuando eso se transforma en un propósito, solo alcanza con denuncias vagas, conseguir denunciantes –que se transformen en hábiles declarantes– o detectar alguna irregularidad de cualquier funcionario para adjudicársela en forma automática a quienes representan los intereses populares.

Es sabido que en toda administración privada o pública pueden observarse hechos irregulares, contravenciones o infracciones.

A los sabuesos del poder les alcanzará cualquier caso –por más ínfimo que sea– para descargar la responsabilidad contra los dirigentes de las fracciones más comprometidos con los cambios sociales, o más resistentes a las imposiciones de los sectores más opulentos.
Ese procedimiento, sin embargo, no se seguirá cuando los dueños del poder fáctico logran alcanzar el poder político.

En ese caso, las irregularidades administrativas –que se pudieran sucederse en tiempos de un gobierno de derecha– quedarán encapsuladas por los operadores judiciales y/o los periodistas al servicio del poder. La responsabilidad nunca rozará ni manchará a los socios de las corporaciones (investidas por ellas) para darle continuidad a sus privilegios.

Las estigmatizaciones a los militantes y políticos populares y la continua sospecha que se cierne sobre ellos es un sambenito asociado a un prejuicio extendido: “si no son ricos, tienden a roban mientras son funcionarios”. La contracara del mantra inverso: “si son pudientes no necesitan robar”.

El dispositivo de criminalización se viene utilizando desde hace casi un siglo en América Latina y el Caribe. Pero ahora cuenta con el propulsión que le brinda la proliferación de los contenidos virtuales, que multiplican las calumnias y las convierten en condenas sin juicio previo.

Hay que democratizar la justicia para que no continúe su labor de ser el grupo de tareas de los sectores reaccionarios. Pero también hay que boicotear a quienes hace del engaño, la difamación y la calumnia su plataforma de lanzamiento para la proscripción política.