Por Demetrio Iramain

El viaje del presidente Alberto Fernández a Rusia y China, en el que fue acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no cayó nada bien en los círculos espesos de poder local, siempre aliados del imperialismo norteamericano. Definitivamente, ese cuento de la multipolaridad no les cae simpático.

Mucho más indigerible les resultó esa frase pronunciada por el presidente: “Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el FMI y EE.UU.”. La definición no fue un exabrupto presidencial, sino una declaración política formulada ante Vladimir Putin (líder de una potencia mundial enfrentada al Occidente que comanda Estados Unidos), y transcripta por la prensa oficial acreditada en el viaje.

Los grupos económicos concentrados, que son los que le dan letra (y dinero) a los políticos de la oposición, reconocen un único alineamiento: Estados Unidos.

Por eso, desde que se produjo el encuentro entre el presidente argentino y Putin, primero, y Xi Jinping, días después, la prensa hegemónica privada, insiste en agravar las consecuencias políticas del viaje, e histeriquean con un supuesto enojo del gobierno de Estados Unidos con el presidente argentino.

Ni muy muy, ni tan tan. Que a Biden no le resulta grato el gesto de autonomía en política exterior de un gobierno al que el imperio busca someter a través de sus niveles de endeudamiento, es previsible. Pero de ahí a sobreactuar el desagrado hasta llevarlo a la frontera de un conflicto diplomático hay un trecho.

Sea lo que fuera, será como decía mi abuela: el que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen.

Lo importante es utilizar la definición política de Alberto Fernández como un disparador para pensar cuáles son los costos de la dependencia argentina con el Fondo y, por su intermedio, con los gobiernos de Estados Unidos.

Esa sumisión no es sólo económica, sino, fundamentalmente política.

Durante el fin de semana se publicaron noticias que dan cuenta de la participación del Ejército argentino durante el gobierno de Mauricio Macri en ejercicios militares comandados por Estados Unidos, tendientes a invadir Venezuela.

Pero el ejemplo más notable es el estado en el que se encuentra el Poder Judicial argentino, que aplica en el país el modelo impartido por el Departamento de Estado norteamericano para toda la región.

El Lawfare no es un invento de Comodoro Py. Lástima por Bonadio y Rosenkrantz, pero antes tuvimos a Sergio Moro en Brasil, que encarceló a Lula cuando encabezaba las encuestas para presidente de aquel país.

La judicialización de la política es moneda corriente en América latina desde que “el patio trasero” se rebeló a Estados Unidos a partir del primer codo del siglo XXI. Lo que pasó con Lula, Dilma y Cristina no son hechos aislados; por el contrario, corresponden a una estrategia de guerra no convencional. Ya no son tanques, ahora basta con pruebas judiciales fraguadas para derrocar gobiernos populares, como pasó con Lugo en Paraguay, y antes con Zelaya en Honduras. El mismo cuento para proscribir a Rafael Correa en Ecuador y prohibirle pisar su patria siquiera.

En América latina ya nos dimos cuenta cómo es la cosa. Aunque Biden se enoje.