Análisis
Presupuesto 2026: tarifazo, recorte de subsidios y privatización energética
La inversión selectiva y el ajuste a los hogares: Informe del IPy PP sobre el Presupuesto 2026.
El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el gobierno nacional confirma un rumbo de desregulación y liberalización del sector energético, en línea con la política de ajuste fiscal y apertura irrestricta que impulsa Javier Milei.
La propuesta oficial prevé un fuerte recorte en subsidios, un traslado creciente de los costos a los usuarios residenciales y un avance en la privatización de empresas públicas clave, con la expectativa de que la exportación de gas y petróleo —principalmente desde Vaca Muerta— compense las tensiones internas.
Tarifas más altas para los hogares
El plan oficial contempla que en 2026 los usuarios cubran el 80 por ciento de los costos mayoristas de la electricidad, frente al 53 por ciento actual. Esto implica que gran parte de los aumentos que hoy absorbe el Estado pasarán directamente a las facturas de luz.
Los subsidios se eliminarán para altos consumos, se reducirán en sectores medios y quedarán focalizados únicamente en hogares vulnerables, bajo un esquema que ya mostró dificultades de implementación y exclusión. El gasto en subsidios energéticos bajará al 0,8 por ciento del PBI, el nivel más bajo de las últimas dos décadas.
Gas y combustibles: beneficios concentrados
En gas y GLP se destinarán $796.726 millones para compensaciones, que alcanzarán apenas a 1,6 millones de usuarios de un total de 8,5 millones. El ajuste también llega a la producción: los estímulos a la oferta gasífera se reducirán a menos del 15 por ciento de la producción nacional, pese a que el Gobierno estima un crecimiento interanual de 10,8 por ciento en la extracción de gas.
Privatización y empresas estatales
El proyecto incluye un capítulo sensible: la privatización de Energía Argentina (ENARSA). La empresa recibirá en 2026 $3,86 billones, de los cuales un tercio serán transferencias del Tesoro destinadas principalmente a importaciones de combustibles. También aparecen bajo la lupa Nucleoeléctrica Argentina (NASA), con ingresos proyectados por $851.039 millones frente a gastos por $979.169 millones, y YCRT y Yacyretá, que siguen requiriendo transferencias estatales.
En total, el Tesoro prevé destinar $2 billones al sector energético, en su mayor parte para sostener importaciones de gas y gasoil.
Inversión selectiva
Aunque el Gobierno proyecta una suba de 114 por ciento en la inversión real del sector, los fondos estarán concentrados en NASA, ENARSA y AySA, mientras que las obras de distribución, mantenimiento y redes locales quedarán relegadas. Energía Argentina, Aerolíneas Argentinas y AySA concentran más de la mitad del gasto de las empresas públicas.
Cambios legislativos y más ajuste
El Presupuesto también incorpora medidas de fuerte impacto social:
Derogación de la Ley de Zonas Frías, que otorgaba descuentos de entre 30 y 50 por ciento en la tarifa de gas a millones de usuarios en regiones con bajas temperaturas.
Aumento del recargo al gas natural para el Fondo Fiduciario del 6,5 al 7,5 por ciento.
Exenciones impositivas para importaciones de gasoil y diesel usados en generación eléctrica.
Regularización de las deudas de distribuidoras con CAMMESA, que funciona como un salvataje a empresas privadas.
Un modelo de apertura y exclusión
El Presupuesto 2026 se inscribe en la estrategia oficial de equiparar precios locales con internacionales y asegurar las rentas de las empresas privadas, con la promesa de un boom exportador que ignora la volatilidad del mercado energético mundial. La contracara será un fuerte impacto en los hogares, las pymes y las economías regionales, que verán encarecido el acceso a servicios esenciales.
Lejos de garantizar la soberanía energética, el plan oficial profundiza la dependencia de las reglas del mercado internacional y de las grandes compañías, mientras reduce al mínimo la capacidad del Estado para intervenir y proteger a los sectores más vulnerables.
Por Jesús Rivero
Es necesario contextualizar lo particular, para comprender el origen de los movimientos, siempre en transformación. Todo contexto está constituido por el factor de poder, resistencia y transformación. Es decir, donde hay poder, hay resistencia. Y, los movimientos populares no son cualitativamente resistencia, sino transformación.
Popular etimológicamente significa, relativo al pueblo, lo que le gusta al pueblo. Es decir, los movimientos, son los pueblos, por fuera del statu quo del sistema capitalista y los partidos burocráticos. No hay un orden vertical, ni jerárquico, son movimientos, no quietud. La mera expresión de poder de cambio, transformación. En principio no están inscripto institucionalmente, responden a las periferias, los bordes urbanos en donde la comunidad (conjunto de personas con un interés en común o varios) se organiza y no espera una directiva externa. En cada comunidad organizada (dependiendo del contexto). Son los propios integrantes de la comunidad los que planifican y ejecutan políticas para dar solución a las problemáticas, efectuadas por otro sector. En este sentido los movimientos populares, son estrictamente movimientos políticos, de poder. Que en esa tensión dialéctica asimétrica entre resistencia y poder, no se quedan en la mera resistencia, sino que transforman. Y esto es revolucionario.
En los años 60 y 70 América Latina estuvo estratégicamente atravesada por golpes de Estado, pergeñados por Estados Unidos. Este poder de facto (por fuera del marco jurídico-democrático, género implícitamente alternativas de resistencia, que transformaron. Dichos movimientos populares en toda América Latina fueron conformando una red alternativa de apelación (un tercero de apelación) frente a la impunidad de los Estados de facto.
En Argentina: con los diversos movimientos de organización clandestina y de superficie, sostenidos por Las Madres de Plaza de Mayo, que funcionaban como institución y tercero de apelación.
En Nicaragua: con las barricadas en las periferias construidas con piedras, sacos de arena, entre otros, para hacer frente a las fuerzas de Somoza.
En Venezuela: con el llamado “Caracazo», el 27 de febrero de 1989 (año de la caida del muro de Berlín) se realizó una masacre sin precedente en el país que dejó más de 237 muertos. Tras el anuncio del presidente Carlos Andres López del plan de ajuste económico, conocido como el “Gran Viraje”, respaldado por el Fondo Monetario Internacional. Aumento de precios y devaluación de la moneda, el pueblo salió a la calle, organizándose en guarimbas (barricadas) que darían inicio al proceso de cambio liderado por Hugo Chávez.
A partir de este ultimo suceso que se situa en 1989 (caída del muro de Berlín) como punto de inflexión y la emancipación del sistema capitalista a nivel global con sus políticas neoliberales, dieron lugar en nuestro país a nuevos movimientos populares como resistencia, que decanta en el año 2001. Todos los que fuimos partícipes de este levantamiento popular, veniamos de las periferias, los bordes, los barrios, en paralelo con la llamada “clase media» que salia con su cacerola. Todos movimientos emergentes del pueblo que avanzaba al grito “que se vayan todos, que no quede uno solo».
Una verdadera movilización del pueblo que iba en busca de dignidad. Un verdadero proceso de cambio, que solo pueden lograrlo los movimientos populares, los movimientos políticos. Que no responden al statu quo, ni a líneas duras en términos de Deleuze, sino que responden a líneas blandas, rizomáticas que inventan colectivamente nuevos mundos posibles. Mundos, donde quepan todos los mundos.
*fundador y dirigente del Frente de Liberación Socialista (referente de los Movimientos Populares).
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