El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el gobierno nacional confirma un rumbo de desregulación y liberalización del sector energético, en línea con la política de ajuste fiscal y apertura irrestricta que impulsa Javier Milei.

La propuesta oficial prevé un fuerte recorte en subsidios, un traslado creciente de los costos a los usuarios residenciales y un avance en la privatización de empresas públicas clave, con la expectativa de que la exportación de gas y petróleo —principalmente desde Vaca Muerta— compense las tensiones internas.

Tarifas más altas para los hogares

El plan oficial contempla que en 2026 los usuarios cubran el 80 por ciento de los costos mayoristas de la electricidad, frente al 53 por ciento actual. Esto implica que gran parte de los aumentos que hoy absorbe el Estado pasarán directamente a las facturas de luz.

Los subsidios se eliminarán para altos consumos, se reducirán en sectores medios y quedarán focalizados únicamente en hogares vulnerables, bajo un esquema que ya mostró dificultades de implementación y exclusión. El gasto en subsidios energéticos bajará al 0,8 por ciento del PBI, el nivel más bajo de las últimas dos décadas.

Gas y combustibles: beneficios concentrados

En gas y GLP se destinarán $796.726 millones para compensaciones, que alcanzarán apenas a 1,6 millones de usuarios de un total de 8,5 millones. El ajuste también llega a la producción: los estímulos a la oferta gasífera se reducirán a menos del 15 por ciento de la producción nacional, pese a que el Gobierno estima un crecimiento interanual de 10,8 por ciento en la extracción de gas.

Privatización y empresas estatales

El proyecto incluye un capítulo sensible: la privatización de Energía Argentina (ENARSA). La empresa recibirá en 2026 $3,86 billones, de los cuales un tercio serán transferencias del Tesoro destinadas principalmente a importaciones de combustibles. También aparecen bajo la lupa Nucleoeléctrica Argentina (NASA), con ingresos proyectados por $851.039 millones frente a gastos por $979.169 millones, y YCRT y Yacyretá, que siguen requiriendo transferencias estatales.

En total, el Tesoro prevé destinar $2 billones al sector energético, en su mayor parte para sostener importaciones de gas y gasoil.

Inversión selectiva

Aunque el Gobierno proyecta una suba de 114 por ciento en la inversión real del sector, los fondos estarán concentrados en NASA, ENARSA y AySA, mientras que las obras de distribución, mantenimiento y redes locales quedarán relegadas. Energía Argentina, Aerolíneas Argentinas y AySA concentran más de la mitad del gasto de las empresas públicas.

Cambios legislativos y más ajuste

El Presupuesto también incorpora medidas de fuerte impacto social:

Derogación de la Ley de Zonas Frías, que otorgaba descuentos de entre 30 y 50 por ciento en la tarifa de gas a millones de usuarios en regiones con bajas temperaturas.

Aumento del recargo al gas natural para el Fondo Fiduciario del 6,5 al 7,5 por ciento.

Exenciones impositivas para importaciones de gasoil y diesel usados en generación eléctrica.

Regularización de las deudas de distribuidoras con CAMMESA, que funciona como un salvataje a empresas privadas.

Un modelo de apertura y exclusión

El Presupuesto 2026 se inscribe en la estrategia oficial de equiparar precios locales con internacionales y asegurar las rentas de las empresas privadas, con la promesa de un boom exportador que ignora la volatilidad del mercado energético mundial. La contracara será un fuerte impacto en los hogares, las pymes y las economías regionales, que verán encarecido el acceso a servicios esenciales.

Lejos de garantizar la soberanía energética, el plan oficial profundiza la dependencia de las reglas del mercado internacional y de las grandes compañías, mientras reduce al mínimo la capacidad del Estado para intervenir y proteger a los sectores más vulnerables.