Por Emilia Trabucco*

A 30 años del atentado a la AMIA, el caso vuelve a ser utilizado para convertir a Argentina en un teatro de operaciones de un conflicto que se dirime a miles de kilómetros, como analizaba Cristina Kirchner, ex presidenta, en la apertura de sesiones legislativas del año 2015.

En un nuevo aniversario, y de la mano de un gobierno nacional explícitamente alineado con intereses israelíes y norteamericanos, las 85 víctimas vuelven a ser utilizadas para instalar falsas antinomias, instrumentando los mecanismos que le han permitido a los verdaderos responsables gozar de total impunidad.

En el acto de este 18 de julio, que contó con la presencia de Javier Milei y su gabinete, Amos Linetzky, el presidente de la AMIA, apuntó contra las organizaciones feministas, UNICEF y la Cruz Roja por “no haberse manifestado con contundencia” ante las “víctimas israelíes” a manos de Hamás, organización palestina, en octubre del año pasado. 

El discurso del presidente de la AMIA instala la acusación de “antisemitismo” contra las organizaciones que han denunciado sistemáticamente el genocidio del pueblo palestino a manos del gobierno israelí. Una acusación falsa, teñida de parcialidad y que demuestra la profunda injerencia del sionismo en nuestro país. 

En contraste, no hizo alusión alguna a los conocidos encubridores del atentado a la mutual israelí, una lista que involucra jueces, servicios de inteligencia -nacionales y extranjeros-, fiscales, políticos, al ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Rubén Beraja y al ex presidente Carlos Menem. 

Linetzky además agradeció al gobierno por declarar días atrás a Hamás como organización terrorista y volvió a culpar al gobierno de Irán, a pesar de que nunca hubo pruebas de su responsabilidad en el atentado. Cabe recordar cómo, desde “los sótanos de la democracia”, se desviaron las investigaciones gracias a demostradas maniobras de alteración de elementos probatorios. 

En 2006 Alberto Nisman, responsabilizó del atentado a miembros del gobierno iraní y a la organización Hezbollah, tras lo cual se emitió una orden de captura internacional sobre 9 iraníes. Las irregularidades en el proceso motivaron la apertura de la “Causa AMIA II”, a cargo del juez Ariel Lijo, hoy candidato del gobierno para ocupar la Corte Suprema de Justicia. En 2013, se abrió un nuevo expediente por presunto encubrimiento, tras la denuncia del fiscal Nisman: la causa del “Memorándum de Entendimiento con Irán”, tras la iniciativa de Cristina Kirchner para avanzar con el esclarecimiento del atentado y que abrió la estrategia de persecución contra la ex presidenta.

En abril de 2024, volvió a escena el caso AMIA II, donde la Sala II de la Cámara de Casación redujo penas a los acusados y volvió a hacer referencia a la responsabilidad de Irán. Ello, sumado a la declaración de Hamás como organización terrorista -en continuidad con la declaración de Hezbollah en el mismo sentido por el gobierno de Macri- se combinan con un discurso proisraelí que vuelve a tomar fuerza en la agenda pública, lo que ha generado una grave profundización de las tensiones con Irán. 

El 17 de julio, el diario Tehran Times, publicó una editorial donde expresó: “Sin duda, Teherán no olvidará las políticas anti iraníes de Buenos Aires. (…) En el momento adecuado y en la posición correcta, impondrá su propio juego al enemigo y hará que se arrepienta de su enemistad con Irán». Ante el tono de advertencia, los funcionarios libertarios, lejos de bajar la escalada, respondieron que “no se dejarán amedrentar”.

Es así como el accionar del gobierno, en sintonía con Israel, principal implicado en el atentado y por ende, interesado en desviar la investigación, diluye la esperanza de encontrar justicia para las víctimas. La fuerza libertaria y sus aliados vuelven sobre la responsabilidad de Irán  y reactiva la complicidad de jueces, servicios de inteligencia y políticos ya conocidos. 

En este escenario, un día antes del aniversario, el gobierno disolvió por decreto la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), anunciando la vuelta de la SIDE, lo que no pude leerse más que como una provocación: la SIDE fue la que le pagó 400.000 dólares a Carlos Telleldín para involucrar a policías bonaerenses en el atentado contra la AMIA y, de esa forma, desviar la investigación.

La “nueva SIDE”, estará organizada en cuatro agencias -entre las que destaca la nueva agencia de Ciberseguridad- y dependerá directamente de Presidencia. Tendrá como interventor a Sergio Neiffert, hombre que responde a Santiago Caputo, el asesor presidencial. Además, manejará los fondos reservados tanto del ministerio de Seguridad como el de Defensa.

No hay que omitir que la vuelta de la SIDE aparece en el marco de la intención de acelerar la conformación de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Leopoldo Moreau, diputado de Unión por la Patría –presidente de la CBI hasta 2023– formó un sumario de investigación sobre Patricia Bullrich a partir de las declaraciones de dos personas detenidas en la represión del 12 de junio y a quienes se interrogó dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF) –que depende del Ministerio de Seguridad– acerca de su militancia o ideología.

Práctica prohibida en tiempos democráticos y que tiene un hilo conductor con la visita de diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros represores que cumplen su condena en cárcel común por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Dictadura que además, vale recordar, tuvo como aliado fiel a Israel, principalmente con Videla y Massera, militantes simpatizantes de Adolf Hitler. 

Es para el sionismo israelí que hay judíos y judías que importan y otros que no.  El Movimiento Judío por los Derechos Humanos (MJDH) calculó que de los 30.000 desaparecides en Argentina, entre 1.500 y 2.000 eran de origen judío (Kohan, 2009). La historia demuestra que el semitismo-antisemitismo no es la contradicción que ordena. 

Un nuevo aniversario de una de las principales tragedias de la Argentina reciente es una oportunidad para esclarecer la estrategia de este gobierno, que intenta además volver a instalar con fuerza la categoría de “terroristas”: la conocida doctrina del enemigo interno para disciplinar a las organizaciones populares que se deciden a enfrentar un plan de saqueo y dominación, que en este siglo XXI asume nuevas formas, bajo el mismo objetivo.

El análisis necesariamente debe contar con ambas aristas: por un lado, las consecuencias que puede traer aparejadas lanzar acusaciones infundadas sobre actores internacionales que hoy protagonizan uno de los principales conflictos bélicos; y por el otro,  el uso de la amenaza del terrorismo para establecer y legitimar socialmente el plan represivo fronteras adentro, demonizando, persiguiendo e intentando aislar a las organizaciones para desarticular y dividir a quienes han identificado como su enemigo. 

**Psicóloga, Magíster en Seguridad de la Nación. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU.