Hemos dicho en reiteradas oportunidades que el esquema económico de Javier Milei y Luis Caputo ha fracasado estrepitosamente. A pesar de ello y las negativas consecuencias que sufre nuestra sociedad, el gobierno insiste en un derrotero que nos lleva a un quebranto financiero, económico, social e institucional aún más grave que el que sufrimos los argentinos en 2001.

Lo anticipa la nueva corrida cambiaria que estamos viviendo luego de que el titular del Poder Ejecutivo presentó -el 15 de setiembre- un fantasioso proyecto de presupuesto, que perpetúa el ajuste realizado y da prioridad a la deuda, encubriendo su dimensión pues se capitalizan intereses y no constan como gasto, incrementándola de forma explosiva.

En esa presentación Milei sostuvo que “lo peor ya pasó”, proyectando para finales de 2025 un dólar a $1323.- y para diciembre de 2026 a $1423.-, cuando al 18 de setiembre de 2025 el tipo de cambio ya está volando a $1515.- al cierre de este documento a pesar de la fuerte intervención del Banco Central.

En la frase copió al presidente Macri que el 1 de marzo de 2018, en el tercer año de su mandato, tras ganar en las elecciones legislativas de 2017, también aseveró “lo peor ya pasó” en su discurso ante la Asamblea Legislativa, para así tratar de convocar el apoyo de la población a seguir esperando un futuro de bonanza que nunca llegaría.

Tres meses después, la debacle productiva, económica y financiera se hacía sentir fuertemente, y ni el fraudulento acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 44.500 millones de dólares, logró torcer el destino.

Por el mismo camino va Milei, pero mucho más rápido pues se caracteriza “por impulsar burbujas financieras con desenlaces de corto plazo” . En su aventura de sostener un plan de negocios atrayendo capitales de corto plazo mediante una onerosa bicicleta financiera, incrementó – a agosto de 2025- la deuda bruta en el equivalente a 83.555 millones de dólares, mientras hunde la economía real, el trabajo y la producción nacional.

Los sucesos que vivimos nos indican que hoy entre los principales actores socioeconómicos e institucionales, no hay incertidumbre, sino certidumbre acerca de que el actual esquema económico es inviable. 

Lo mismo sucede en el FMI, cuyo Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación (SPR) advirtió en abril de 2025 al pronunciarse sobre el nuevo préstamo que se otorgó, tan fraudulento como el suscripto por Macri, “que la capacidad de Argentina para reembolsar al fondo sigue sujeta a riesgos excepcionales”. Por ello su directora Ceyla Pazarbasioglu se excusó entonces de suscribir la autorización correspondiente por considerarlo prácticamente impagable. 

En todo caso las diferencias en relación con esta situación pasan por quienes nos perjudicamos – la inmensa mayoría- – y quienes se benefician – una minoría muy rica- con el plan de negocios que ejecuta el financista Luis Caputo, mientras Federico Sturzenegger, a cargo de desregular e inutilizar el Estado, le despeja el camino. 

Es más, los grandes beneficiados por el negocio de la “bicicleta financiera”, cuando ven -como ahora- que el mismo se vuelve imposible aceleran la crisis de la deuda para disminuir el valor de los activos internos, de las empresas, de los inmuebles. Así logran -con complicidad del gobierno- una oportunidad de recompra a precio vil y de acumulación de ganancias para quienes se llevaron los dólares fuera del sistema o del país, ante la reducción de la oferta de divisas y la consiguiente devaluación de nuestra moneda.

Ante esta situación resulta necesario encontrar certidumbre en la respuesta para salir de este desastre, cuanto antes, con propuestas y acciones concretas.  Es requisito de supervivencia para los argentinos y la Argentina. No llegar a lo peor por venir es lo que nos tiene que ocupar.

Con ese fin insistimos en que es urgente definir, dentro de los términos de la Constitución Nacional, cómo llegar a los consensos básicos para salir de esta situación, con una necesaria participación federal y de los sectores del trabajo y la producción. 

No cabe duda en este sentido la gran responsabilidad institucional y mecanismos constitucionales que tiene el Congreso, es decir el poder legislativo nacional, que renovará en parte su integración en las elecciones del próximo 26 de octubre.

El resultado electoral depende tanto de los compromisos expresos de las formaciones políticas intervinientes con los ciudadanos electores, y luego de la responsabilidad de éstos al ejercer el voto. Es un importante antecedente el triunfo de la oposición que expresa Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires que representa el 35 % del producto bruto Interno (PBI), el 37,8% de las exportaciones, y el 38,2 % de la población de nuestro país.

Esos acuerdos deberían, en esta emergencia, comenzar a reflejarse en la Ley de presupuesto, que no puede tener como prioridad las condiciones derivadas de una deuda acordada con fraude, donde el Gobierno de Milei no ha cumplido con la legislación vigente, ni el Directorio del Fondo Monetario Internacional con el estatuto constitutivo del organismo. 

Cabe destacar que la función del poder ejecutivo en cuanto a esa norma es elaborar el proyecto y presentarlo. Pero cabe al Congreso de la Nación con poder de enmienda, revisión y modificación de esa propuesta del Poder Ejecutivo sancionar la ley anual correspondiente, planificando los ingresos que recibirá el Estado para cumplir con sus obligaciones constitucionales en relación con salud, educación, seguridad social, ciencia, infraestructura, seguridad, defensa, etc. Recursos hay, deben ser correctamente asignados.

No es ocioso recordar que el Gobierno de Milei gobernó durante 2024, como lo hace en 2025, sin presupuesto, manejando fondos a discreción, lo que logró enviando proyectos imposibles de aprobar, contando con la connivencia de parte de los legisladores y gobernadores.

Junto a la movilización popular, esta es la vía constitucional para poner límite a este Poder Ejecutivo autoritario y desbocado, como está sucediendo en el rechazo a los inaceptables vetos presidenciales a leyes sancionadas en materia de discapacidad, salud, educación universitaria, y transferencias a las provincias.

Finalmente es el Congreso el que, también, debe asumir su responsabilidad constitucional de arreglar la deuda pública, en gran parte fraudulenta. El actual Poder Ejecutivo por sus compromisos extra nacionales no está en condiciones de hacerlo.

Con esos fines, creemos que esos acuerdos necesitan incluir

1) la inmediata recuperación del poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones, salario social complementario, y asignaciones familiares, imprescindible para mejorar las condiciones de vida e incentivar la demanda interna; 

2) la emergencia cambiaria, reduciendo al mínimo los plazos de liquidación del 100% de las exportaciones en nuestro país, así como los pagos de importaciones que deben ser debidamente justificados ante el Banco Central. La reglamentación debe prever la clara determinación de prioridades y un sistema claro, eficiente, con acceso público a la información y seguimiento de todos los trámites que se realicen, restableciendo el Sistema de Importaciones de la República Argentina, así como la estricta prohibición y penalización mediante la Ley Penal Cambiaria de operaciones/transacciones en moneda extranjera en todos los segmentos del mercado interno; 

3) revertir la apertura irrestricta de las importaciones;

4) poner límite a la voracidad de los oligopolios, administrar los precios de los bienes y servicios básicos para vivir y de los insumos para producir; para ello es necesario el seguimiento público y publicitado de sus costos de producción y comercialización;

5) regular el comercio exterior;

6) regular los movimientos financieros de la balanza de pagos;

7) la reforma y reorientación de toda la actividad financiera, bancaria o no bancaria, incluso la de plataformas, al servicio del trabajo y la producción. Una nueva ley de servicios financieros;

8) la reforma y simplificación tributaria – que paguen más quienes acumulan más rentas-, con una progresiva ley de coparticipación federal;

9) la revisión, previa investigación, de la deuda externa. Su pago, en la medida que corresponda, debe estar a cargo de sus beneficiarios. El reciente acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de Javier Milei se concretó en contra de la ley argentina y del convenio constitutivo de ese organismo, por lo que no debe ni puede pagarse]. Esos mismos motivos afectan al préstamo otorgado al Gobierno de Mauricio Macri y deben ser considerados en la revisión.

10) una necesaria planificación económica y un programa federal de industrialización, articulando a las economías regionales, todas las cadenas productivas, a las producciones urbanas, agrarias y mineras, integrando el sistema educativo, científico y tecnológico nacional, con condiciones laborales donde la revolución tecnológica también redunde en beneficio de los trabajadores que la hicieron posible;

11) la anulación de todos los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno de Javier Milei, así como la denominada Ley de Bases (27742), el régimen de incentivo de grandes inversiones (RIGI) que comprende y, en particular, todas las normas que vulneren derechos constitucionales y laborales, o el patrimonio de la Nación; el rechazo de los vetos del Poder Ejecutivo;

12) la recuperación y reestructuración del Estado en función de estos objetivos. La recuperación de las empresas y entes estratégicos que puedan haber sido privatizados.

FORO ECONOMIA Y TRABAJO 

Ricardo Aronskind, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Juan PabloCosta, Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José M.Fumagalli, Américo García,             Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Santiago Mancinelli, Nicolás Malinovsky, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Tomás Raffo, Ana Rameri, Andrés Repar, Alejandro Rofman, Horacio Rovelli,                               José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva, Andrés Wainer, Eduardo Berrozpe (coordinador)

FORO ECONOMÍA Y TRABAJO. Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. foroeyt@gmail.com