Análisis
El protocolo Bullrich: consejos para distraídos
Expertos coinciden en que el nuevo paquete de medidas represivas y de «orden público» anunciadas por la ministra de Seguridad de la Nación, chocan frontalmente con diversos artículos de la Constitución nacional.

Por Atilio Boron
El jueves la Ministra de Seguridad dio a conocer los lineamientos de un protocolo para combatir la protesta social y preservar el orden público. Veremos qué pasa cuando se conozca el texto y la letra chica de la resolución. Muchos expertos adelantan que ésta choca frontalmente con diversos artículos de la Constitución Nacional. Pero mientras se resuelve este debate nos parece oportuno formular las siguientes recomendaciones para evitarle disgustos a la ciudadanía de a pie:
1. Si va a viajar en tren siga la recomendación de la ministra y no lleve consigo ningún palo, aunque sea la asta de la bandera nacional en caso de tener que asistir a un acto patriótico en la escuela de sus hijos u otra ceremonia parecida, sobre todo si ese adminículo tiene como remate una afilada punta de lanza metálica. Tenga cuidado con su paraguas, porque puede ser percibido como un arna letal por los sabuesos que preservarán el orden público. En varios films del agente 007 James Bond demostró la mortífera efectividad de lo que a simple vista parece ser un inocente paraguas. Si sufre artrosis de rodilla o cadera y tiene dificultades para caminar deje su bastón en casa y arrastre su humanidad como pueda. Si tuvo que ir a comprar una escoba o un plumero mejor que ni se le ocurra regresar en tren porque las fuerzas de seguridad se abalanzarán sobre usted para evitar que perturbe la libre circulación de las personas. Por favor, deje en su casa su morral y proceda de igual modo si tiene una mochila XXXL y con signos de haber librado varios combates callejeros.

2. Antes de cruzar una calle asegúrese de hacerlo cuando se encuentre absolutamente sólo, o sola. Si hay una aglomeración de peatones que tienen la misma intención las fuerzas de seguridad podrían concluir que están en presencia de un piquete encubierto y pondrán en marcha el dispositivo represivo contemplado en el protocolo. Ahórrese problemas con la autoridad: hágase un lado y espere a que pase el malón y cuando ya no quede nadie cruce tranquilamente. Si anda por el centro o en las cercanías de la 9 de Julio asegúrese de no estar usando una gorra (aunque por la época del año sea la de Papá Noel), sombreros, máscaras o pañuelos que oculten su rostro. Las fuerzas de seguridad necesitan imágenes nítidas de los revoltosos y sus cómplices. Compórtese como un buen ciudadano y absténgase de obstruir la acción de la justicia.
3. Si tiene que hacer algún trámite o, confundida, engañada o extorsionada, es presionada para participar de una marcha o un piquete asegúrese de que sus niños se queden en la escuela o al amparo de la seguridad de su hogar. En el AMBA, sobre todo en el conurbano, abundan las institutrices suizas y jóvenes baby-sitters norteamericanas haciendo pasantías de posgrado en la Argentina que por una módica paga podrán hacerse cargo de cuidar a sus párvulos mientras usted sale a reclamar lo que es suyo. Utilizar a sus hijos como escudos humanos es una imperdonable irresponsabilidad que será fuertemente penada por las autoridades.
4. Tenga mucho cuidado con lo que hace, dice y piensa. Según el protocolo cualquiera puede ser caracterizado como autor, cómplice o instigador de un corte de calle, puente o ruta, para lo cual se utilizarán “filmaciones y otros medios digitales o manuales». Si usted observa un grupo de desocupados o gente que reclama a los gritos comida y una vivienda digna ni se le ocurra acercarse para preguntarles por las razones de su protesta, mostrar simpatía con su accionar u ofrecerse a cuidar a algún niño mientras su madre procura encontrar un baño para hacer sus necesidades. El ministerio de Seguridad podrá acusarlo de ser cómplice de un delito (así será considerada el corte de calles aunque la Constitución garantice el derecho de reunión y de peticionar a las autoridades) o inclusive, por su ayuda a algún manifestante vapuleado por la policía de instigar la conducta de los revoltosos. Por último, recuerde que pese a que el gobierno actual no cree en eso del “cambio climático” es muy celoso a la hora de preservar la pureza del aire que respiramos los porteños y absténgase de prender fuego a llantas en desuso.
5. ¡Choferes abstenerse! Nada de transportar gente sospechosa, con pinta de pobres o menesterosos. Circulen por Barrio Parque, Belgrano, Recoleta, Barrio Norte y Puerto Madero. Busquen rutas alternativas y eviten la tentación de querer practicar “turismo aventura” por el conurbano. Y si es extranjero y ve una concentración rumorosa de holgazanes que reclaman trabajo, tierra, techo y alimentos huya como de la peste porque si lo detienen sus antecedentes serán enviados a la Dirección de Migraciones para ser deportado a su país de origen. Recuerde que este es un gobierno que cree que la Argentina fue una potencia mundial hasta que el “colectivismo castro-chavista” se ensañó con el país y en 1916 instaló en la Casa Rosada a un líder populista, Hipólito Yrigoyen, y desde entonces nos vinimos cuesta abajo durante más de un siglo. Para sortear tan fatal desenlace el presidente Julio Argentino Roca, numen del actual gobernante, hizo aprobar en 1902 la nefasta Ley de Residencia concebida para “impedir la entrada y expulsar a extranjeros cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”. Pero esa legislación represiva fue insuficiente para impedir la protesta social que creció de modo incontenible. El protocolo dado a conocer ayer responde exactamente a la misma filosofía que inspirara la ley de 1902. Tenga en cuenta que para este gobierno “la luz al final de la calle” no es otra cosa que el retorno a un idílico pasado argentino, algo que sólo existe en la alucinada imaginación de sus integrantes.
Análisis
El drama de Granja Tres Arroyos: 500 familias sin trabajo y sin cobrar
La empresa avícola cerró su planta en la localidad bonaerense, adeuda sueldos y aguinaldos y pidió un concurso preventivo de acreedores. «Somos un pueblo al que le cayó una bomba», describieron los trabajadores despedidos, que reclaman respuestas que la patronal nunca dio.
Más de 500 trabajadores y trabajadoras de Capitán Sarmiento perdieron su empleo en las últimas semanas tras el cierre de la planta avícola de Granja Tres Arroyos en esa localidad del norte bonaerense. La empresa acumula deudas salariales que incluyen meses de sueldo sin pagar y aguinaldos pendientes, y recurrió a la Justicia para pedir la apertura de un concurso preventivo de acreedores, el mecanismo legal que antecede a la quiebra y que deja a los trabajadores en una situación de extrema incertidumbre sobre el cobro de sus acreencias.
El impacto de los despidos no se limitó a Capitán Sarmiento. Según describió Andrea Ulere, ex empleada de la empresa, la crisis se extendió a municipios vecinos: alrededor de 100 despidos adicionales se registraron en Arrecifes y otros 100 en San Antonio de Areco, lo que convierte a esta debacle laboral en un golpe colectivo sobre toda la región del norte del conurbano extendido.
«Una bomba en el medio del pueblo»
Ulere describió la situación con una imagen que sintetiza el derrumbe social que vive la localidad. «Somos un pueblo que tiene la sensación hoy de caminar por la calle, que nos ha caído una bomba en el medio y andamos juntando los pedazos de la gente», señaló. «No se puede describir con palabras el dolor que tenemos», agregó.
La ex trabajadora reveló además un detalle que ilustra la dimensión humana de la crisis: «Acá venía el cartero del pueblo con el despido en mano llorando». La imagen del telegrama de despido entregado entre lágrimas en una localidad pequeña habla de un tejido comunitario que la empresa desgarró sin dar explicaciones.
Ulere fue cuidadosa al momento de atribuir responsabilidades, pero contundente: «Más allá del nivel nacional, que todos sabemos que económicamente estamos todos mal, acá hubo una mala gestión de los hijos y sobrinos de Joaquín de Grazia, que hicieron un mal negocio. Los despidos decían que eran por la gripe aviar, el Covid-19, y nosotros en esa época es cuando se trabajó más que nunca».
Veinte años de trabajo, deudas y silencio patronal
Los testimonios de los trabajadores que aún no recibieron su telegrama pero temen recibirlo en cualquier momento son igualmente demoledores. Oscar, con 20 años de antigüedad en la planta, graficó el costo que la prolongada agonía de la empresa tuvo sobre su salud y su dignidad: «La situación me tiene mal. Nos afecta la salud mental. Ya hace un año y medio que vivimos esto. Yo vivo con mis padres. No es lo justo que yo tenga que vivir de ellos».
Nadie de la empresa viene a dar la cara y dar explicaciones, denunció Oscar. «Así nos tuvieron un año y medio. Nos quitaron parte de nuestro salario, nos deben el pago de meses, nos deben vacaciones», enumeró.
Otro trabajador con más de 18 años de antigüedad contó que el deterioro fue progresivo y que los empleados cedieron ante cada exigencia patronal con la esperanza de conservar el puesto: «El conflicto comenzó con un pedido de esfuerzo a los trabajadores y una reducción salarial del 9%. Luego, los pagos comenzaron a realizarse en cuotas. Con tal de seguir trabajando lo aceptamos. Hace tres meses nos pagaban 100 mil por semana«, relató. «Nosotros hemos aportado mucho a la empresa, pero para ellos somos un número más», cuestionó.
Un tercer operario con 16 años en la empresa resumió la angustia cotidiana de quienes todavía no fueron desvinculados pero tampoco cobran: «Todos tenemos chicos, cuentas que pagar, se me vence el alquiler, no tengo plata para alquilar en otro lado. Los servicios los pago como puedo. Si hacés una changa te peleás por los precios. Tuvimos que hacer muchos recortes en salidas y alimentos. Antes alcanzaba la plata. Ahora no alcanza para nada. Tenemos un trabajo fijo pero no cobramos».
La intendenta y el pedido de los trabajadores
Durante las protestas frente a la planta y en la plaza de Capitán Sarmiento, la intendenta local Fernanda Astorino Hurtado se hizo presente para interiorizarse sobre la situación. Habló de un «mal manejo empresarial», lo que coincide con el diagnóstico de los propios trabajadores, aunque para estos últimos la presencia política no alcanza si no se traduce en acciones concretas.
Ulere fue directa al respecto: «Todo sirve, nosotros estamos desorientados y lo que queremos es que esto no se apague, que ella luche por nosotros para que no se apague. Porque donde dejen de hablar de nosotros, todo va a terminar en la nada. A los políticos para que se muevan, porque ¿quién nos va a salvar a nosotros?».
La pregunta resuena con fuerza en un contexto nacional en el que el gobierno de Javier Milei ha reducido el gasto en programas sociales en más de un 60% y donde la desregulación del mercado laboral, impulsada por la misma gestión, dejó a miles de trabajadores sin las redes de contención que el Estado podía ofrecer. El drama de Capitán Sarmiento no es una excepción: es el retrato de lo que ocurre cuando una empresa quiebra y el Estado se hace a un lado.
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