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Análisis

Avanza en el Senado la regulación de los alquileres temporarios

La semana pasada, oficialismo y oposición llegaron a un dictamen en común sobre la regulación de los alquileres temporarios o turísticos. Mientras se siguen discutiendo las modificaciones a la Ley de Alquileres que está vigente desde 2020.

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Por Mariana Collante

Una de las preocupaciones centrales de la población pasó a un primer plano y está siendo debatida en el Congreso. La semana pasada, oficialismo y oposición llegaron a un dictamen en común sobre la regulación de los alquileres temporarios o turísticos. Mientras se siguen discutiendo las modificaciones a la Ley de Alquileres que está vigente desde 2020.

La iniciativa de consenso establece que el peso, y no el dólar, será la moneda de transacción. Indica que el plazo máximo para que un alquiler sea considerado temporario es de 90 días. Y también prevé la creación del Registro Nacional de Viviendas de Alquiler Turístico Temporario, en el ámbito del Ministerio de Turismo. Este registro implica que el locador debe ser autorizado mediante un número de habilitación para ofertar su propiedad.

Todos estos puntos mencionados pueden mejorar la oferta para los inquilinos locales.

Los riesgos de la informalidad

La senadora por Santa Cruz, Ana María Ianni, una de las impulsoras del proyecto señaló que “la experiencia internacional nos muestra que la informalidad de este tipo de alquileres tiene un impacto enorme sobre los precios, la calidad y la cantidad de la oferta de los alquileres formales de viviendas de uso permanente”.

El incumplimiento de la ley establece sanciones que van desde el apercibimiento, multas y la suspensión o cese definitivo de la autorización para operar en el país.

Sabemos que el mercado inmobiliario, por su poder de lobby, puede evadir todo tipo de controles, y sanciones. En ese sentido, la Ley de Alquileres es un muy mal antecedente porque mostró a un Estado ¿incapaz? ¿desinteresado? en hacer cumplir las regulaciones, y por eso las fuerzas de derechas insisten con derogarla o cambiarla.

En el caso de los alquileres temporarios, los intereses que están en juego también incluyen a las poderosas plataformas digitales. Recordemos que Airbnb, y otros sitios similares, están dentro de la categoría: ‘plataforma austera’, una matriz de negocios de grandes proveedores de propiedades, que no poseen casas ni departamentos. Son intermediarios, y dueños de los datos, y del control del sistema. El resto está hiper tercerizado, y funciona con un régimen de puntaje, que hace que el ofertante/propietario se esmere en satisfacer al consumidor, y corran por su cuenta los costos de inversión y mantenimiento. Este mecanismo de comercialización transforma la idea de vivienda-hogar-hábitat en un “servicio”. Y allí está una de las claves de esta discusión: Vivienda negocio o vivienda derecho.

La fecha de tratamiento del proyecto para regular el alquiler temporario será establecida en una próxima reunión de la comisión de Legislación general y Turismo. Una consecuencia de la importancia que adquirió este tema en los últimos días es que en la Cámara de Diputados, Paula Pennaca presentó una propuesta parecida a la acordada en el Senado.

Columna

Los trabajadores volvemos a ponernos al frente, en unidad y con capacidad de decisión

Hacia el Paro Nacional del 9 de mayo.

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Por Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma

Son las 9 de la mañana de este lunes y por la autopista circunvalación de Rosario, camino a Santa Fe, una multitudinaria asamblea de trabajadores camioneros realizando su jornada de lucha en el mismo momento en que los trabajadores de ATE – ANAC me anuncian telefónicamente la contundencia de la medida en los aeropuertos de todo el país, que desarrollan en simultáneo con los trabajadores del transporte de la CGT, de nuestra CTA Autónoma y de la CTA de los Trabajadores, realizando una contundente medida de fuerza que precede a lo que va a ser el Paro General del próximo 9 de mayo.

Estas importantes medidas en unidad y masividad, vienen expresando un sentir muy potente que es rechazar la política económica, social y cultural que enarbola la motosierra y la licuadora que el gobierno de Milei lleva adelante, saqueando los bolsillos de los argentinos y entregando el patrimonio en una estrategia de disolución nacional, porque lo que se busca es que la soberanía del país y la soberanía sobre los bienes comunes sea avasallada y puesta en beneficio de los grandes grupos económicos.

Este presidente admira, obedece y saluda a quienes fugan capitales y los reconoce como héroes. Un presidente que alienta la rebelión de los ricos para que no paguen impuestos y que promueve leyes o dicta decretos como el DNU 70/23 o el Proyecto de Ley Ómnibus que algunos bien llaman la Ley Pasta Base porque es la antesala de la construcción del narcoestado en la Argentina. Un presidente que efectiviza a través de estas medidas la quita del pago de impuestos para los grandes grupos económicos, mientras que intenta restablecer el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios de los trabajadores.

Las medidas que describíamos al inicio estuvieron precedidas por otras iniciativas de carácter masivo como lo fueron el Paro Nacional del 24 de enero, el Paro de las Mujeres y Diversidades del 8 de marzo, la masiva concentración del 24 de marzo recuperando banderas fundamentales por más Memoria, Verdad y Justicia, y la histórica marcha en defensa de las universidades y la educación pública, demuestran la enorme capacidad de nuestro pueblo para ponerle límites a esta nefasta experiencia de gobierno neofascista.

Una conducta de dignidad de nuestro pueblo, que evidentemente no tiene su correlato en buena parte de la representación política institucional, porque ya hemos visto como varios gobernadores se arrodillan ante las órdenes de las empresas transnacionales, a quienes han entregado el manejo del litio, del petróleo, del gas y el agua en cada una de sus provincias o ante las extorsiones del Gobierno Nacional, y cometen la infamia de haber aprobado en la Cámara de Diputados la media sanción a la ley “Base”, situación que esperamos no se repita en el Senado. Desde la CTA anunciamos que nos movilizaremos al Congreso cuando se trate la ley, y seguramente acompañados por varios sectores del campo popular como lo venimos demostrando hasta ahora.

Ante este escenario, hemos puesto en marcha una campaña de firmas para la anulación del DNU 70/23. No alcanza sólo con la derogación, porque en sus cuatro meses de aplicación se han producido reformas jurídicas que habrá que modificar, para lo cual es imprescindible que no queden firmes. Esto ya lo hicimos, por eso confiamos en nuestro pueblo, cuando se intentó dar garantía de impunidad a los genocidas con las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final, fuimos capaces de obligar al Congreso de la Nación a que se las derogara y anulara. Ahora vamos camino a una epopeya de similares características, esta vez para frenar a un gobierno que está reformando la Constitución por decreto.

Los trabajadores y las trabajadoras, en este Paro Nacional del 9 de mayo, en esta en esta campaña por la anulación del decreto 70/23 y en la tarea de derrotar a esta nefasta experiencia de gobierno neofascista, volvemos a ponernos al frente de estos desafíos, confiando en la unidad, en la solidaridad y en la conciencia de que sólo es posible alcanzar la plena soberanía nacional, construyendo poder y capacidad de decisión. Somos los generadores de las riquezas, y por tanto, con el derecho de decidir cómo esas riquezas deben ser distribuidas con equidad y con justicia. De allí, nuestra insobornable tarea de construir una democracia plena.

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