Madres y padres de estudiantes que participan de tomas en escuelas secundarias recibieron notificaciones en las que se les informó que esa acción infringe el artículo 60 del Código Contravencional porteño, lo que consideraron un acto de «criminalización de la protestas» que «persigue al que piensa distinto», según dijeron hoy.

«Esta persecución a los alumnos y padres se está viviendo como una normalidad y eso me parece una locura. No es normal perseguir al que piensa distinto», dijo Marcelo, padre de una alumna que asiste a la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N°2 «Mariano Acosta», la primera que inició una toma el pasado viernes.

Hoy esa escuela no está tomada, pero los alumnos y las familias realizaron un «Gran abrazo» al establecimiento en apoyo a la lucha de sus estudiantes.

En tanto, esta mañana, al menos 11 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires permanecían tomadas en reclamo de viandas con calidad nutricional, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas.

Ayer la ministra de Educación porteña, María Soledad Acuña, anunció que reclamará a las familias de los alumnos involucrados el pago de $1,5 millón por cada día de toma.

En tanto, en las últimas horas varios padres y madres de estudiantes que están en las tomas de los colegios recibieron notificaciones de la Policía de la Ciudad en sus domicilios, tras las denuncias presentadas por las autoridades porteñas.

«El costo de las tomas lo pagan los chicos con días perdidos de clase y los ciudadanos que sostienen la educación pública con sus impuestos. Desde el @gcba impulsamos las denuncias penales y las demandas civiles a los adultos responsables de los estudiantes que participan», tuiteó ayer la ministra de Educación Soledad Acuña.

«Se le imputa el delito del artículo 60 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», leyó un policía en la puerta del domicilio de una de las madres de estudiantes de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocida como «Lengüitas», donde se presentaron cuatro uniformados ayer a las 20.08.

«Quien ingresa o permanece en lugares públicos, o de acceso público o privado, contra la voluntad expresa de quien tiene el derecho de admisión es sancionado/a con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos a mil pesos», sostiene el artículo 60 del Código Contravencional porteño.

«Es la peor práctica en una sociedad. Que el Estado te persiga es lo que quisimos dejar atrás después del ’83. Esto es grave», aseveró Marcelo.

Asimismo, la guionista Micaela Libson, madre de un estudiante del Lengüitas, compartió en su Twitter que la Policía de la Ciudad se presentó en su casa.

«Mi hijo estaba en la toma de uno de los colegios y vino la Policía a mi casa. Como yo no estaba preguntaron todos mis horarios para venir nuevamente a mi casa. Lo que están haciendo es extorsivo», posteó.

En diálogo con AM750, Libson dijo que ayer la Policía se presentó en su domicilio alrededor de las 20: «Me avisó una vecina, a la que le preguntaban en qué horario volvía».

«A las siete y media de la mañana volvieron a mi casa, bajé y recibí la notificación. El abogado me explicó que una contravención no puede ir por arriba de la Constitución ni del derecho internacional que apaña el derecho a expresarse», continuó.

Además, contó que los estudiantes tienen horarios y asambleas en donde debaten y se organizan: «Movilizarse es un incordio, ir, arriesgarse, poner el cuerpo. No es la mejor situación ir a reclamar por derechos justos».

«Hay padres que estamos acompañando, y lo estamos haciendo en el marco de la civilidad y civilización. No hay salvajismo ni nada de esas cosas», dijo.

Además, Libson definió a las tomas y «todo tipo de reclamo» como «incómodos» porque «tienen que llegar de alguna manera a ser oídos y escuchados».

«Nos guste o no, no hay delito porque es el derecho de los estudiantes a expresar un reclamo que, además, es justo. Es un delirio extorsivo ir en contra. Si bien nos están denunciando a los padres, es claro que es un mensaje contra los chicos», expresó.

«Que no permitan que chicos y chicas se movilicen, ejerciendo sus derechos ciudadanos y políticos, me parece muy triste y extorsivo», concluyó.

Lo mismo opinó Guillermo Schirliski, padre de una alumna que asiste a la misma escuela al que aún no le llegó una notificación, pero le dijo que «estamos esperando que llegue».

«Lo que está haciendo este gobierno es de manual: el manual del Gobierno autoritario dictatorial es ese, amedrentar», expresó el hombre, y dijo que madres y padres se están asesorando «con abogados padres de alumnos y letrados que fuimos consiguiendo para ver las medidas a seguir».

«Lo que sí tenemos muy en claro es que mientras los chicos sigan con su decisión totalmente acertada después de mucho tiempo de querer dialogar con el Gobierno de la Ciudad, con la ministra Acuña y que ella no los escuche, nosotros los vamos a seguir apoyando», concluyó.

Por otra parte, esta mañana, una de las integrantes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, ofreció el servicio de esa organización para asesorarlos y brindar asistencia jurídica.

«En caso de que reciban visitas policiales en sus domicilios o les llegue alguna notificación es muy importante que los reciban porque si se rechazan no podemos saber de qué se trata, ni que a qué fiscalía tenemos que presentarnos, y esto es fundamental para acceder a la causa, tampoco hay problema en firmar porque es solo que se recibió, no es consentimiento de nada», explicó la letrada.