Por Néstor Llidó

Los reclamos de los estudiantes, visibilizados en las tomas de las escuelas secundarias dependientes del gobierno porteño, se vieron avalados en dos recientes informes de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, en las que se advirtió a la ministra Soledad Acuña, tanto sobre el “deterioro de los edificios educativos”, como del “aumento exponencial de casos de intoxicaciones y viandas en mal estado”.

En ambos documentos se analiza la gestión de los últimos tres años de la cartera educativa de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, en relación al Sistema Global de Mantenimiento Escolar y del Servicio Alimentario en las Escuelas y coincidieron en un diagnóstico de irregularidades en las modalidades de contratación de las empresas prestadoras.

El primer informe sostiene que “por tercer año consecutivo, la Auditoría detectó serias irregularidades en el Plan Integral de Mantenimiento a las escuelas, a partir del incumplimiento con la totalidad de los controles de plagas, ni con las rutinas de control de instalaciones eléctricas, desagües pluviales ni tampoco el control de los cerramientos”.

«La falta de control a las empresas que deriva en el mal estado de los establecimientos educativos, afecta directamente a los y las estudiantes de la educación pública de la Ciudad, pero no tiene ninguna consecuencia sobre las empresas contratadas que brindan un mal servicio”, se remarca.

En tal sentido, ejemplifica que “el presupuesto destinado para las empresas de mantenimiento escolar para el 2022 supera el presupuesto destinado para las urbanizaciones de los barrios Villa 20, Rodrigo Bueno y Fraga, todos juntos”.

Según precisa, el Ministerio de Educación porteño destina 4.599 millones de pesos a empresas de mantenimiento escolar, mientras que para la urbanización de tres barrios populares juntos destina 4.000 millones.

En el segundo documento, la Auditoría porteña consigna que observó “la falta de control en el servicio alimentario de los comedores en las escuelas”, así como “irregularidades en las modalidades de contratación de las empresas, insuficiencia en los mecanismos de aplicación de penalidades y sanciones para los proveedores del servicio”.

«Todo ello en detrimento de un entorno alimentario apto para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes”, agrega y reitera sobre las advertencias “hace años sobre la falta de control a la privatización del servicio alimentario en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

Se menciona que “los casos por intoxicaciones y el mal estado de las viandas escolares aumentaron exponencialmente los últimos años, con serios señalamientos de diferentes organizaciones de la sociedad civil e institucionales que alarman sobre esta situación en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires”.

«El Gobierno porteño no lleva un control propio sino que, recién en el caso de intoxicaciones, o algún problema con el contenido de las viandas, le pide a las propias empresas la muestra de la vianda”, consigna el informe.

“El Ministerio de Educación mira para un costado, sin aplicar ninguna penalidad ante los reiterados incumplimientos”, concluye el documento, con serios cuestionamientos a la labor de Soledad Acuña.