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CABA

Nuevo freno para el negocio inmobiliario de Larreta

«Este fallo es histórico, la sentencia favorable se suma a otro logro barrial después de más de 20 años de lucha por una calidad de vida mejor”, afirmó Martín Iommi, vecino y uno de los impulsores de las presentaciones ante la justicia porteña junto al Consejo Consultivo Comunal 6 y la asociación S.O.S. Caballito.

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La justicia porteña volvió a frenar un proyecto inmobiliario en el barrio de Caballito, avalado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde dos empresas desarrolladoras pretenden levantar un conglomerado de edificios y un centro comercial a cielo abierto en una zona de alta densidad habitacional.

En el último día de actividad judicial antes de la feria, la Sala II de Cámara de Apelaciones del fuero en lo Contencioso, Administrativo y Tributario revocó un fallo de primera instancia que autorizó la primera etapa del complejo de 1188 departamentos en Avellaneda al 1300, bautizado como “Ciudad Palmera”.

La resolución de los camaristas hizo lugar al reclamo de un grupo de vecinos y vecinas iniciado en abril del 2020 en oposición al permiso otorgado por el Gobierno porteño al emprendimiento en Caballito, un barrio que registra, desde hace años, un aumento de la cantidad de edificios que complicó la capacidad de la infraestructura de los servicios.

En la presentación vecinal fue objetado el “master plan” a desarrollarse en el predio en cuestión, así como también se hizo foco en los alcances del estudio de impacto ambiental y la ausencia de un informe sobre la factibilidad del proyecto respecto de las redes de agua, luz y cloacas.

Los terrenos pertenecen desde 1999 al grupo IRSA, que por más de una década intentó construir allí un shopping de más de diez pisos y un conglomerado de departamentos, pero que no logró concretar ya que, para eso, requería de un cambio de zonificación de la superficie por parte de la Legislatura porteña que nunca obtuvo pese a siete intentos.

No obstante, IRSA dividió los terrenos en cuatro parcelas y transfirió una de ellas a la firma Portland, a cargo del desarrollo inmobiliario denominado «Ciudad Palmera», como una estrategia para evitar la obligación de contar con las modificaciones urbanísticas desde el Parlamento y destrabar el avance de las construcciones también en el plano judicial.

Pero, en agosto del 2020, en plena pandemia y con camiones dentro del predio, el juez de primera instancia Darío Reynoso ordenó mediante una medida cautelar la paralización de la obra por el impacto ambiental negativo que provocaría la construcción de 1188 departamentos y un shopping de 28.000 metros cuadrados.Por entonces, el juez consideró que «la forma en que es descripto el proyecto Ciudad Palmera por los medios de comunicación parecería configurar un plan maestro.

Aun cuando quiera alegarse que es solo una política comercial de venta y publicidad del emprendimiento, la magnitud y envergadura induce a pensar que por ello se le otorgó la denominación de ‘Ciudad'».

A poco de cumplirse tres años de aquella orden y tras centenares de presentaciones ante la justicia, en un nuevo fallo emitido en junio, el magistrado consideró que existían «nuevas circunstancias fácticas» que hicieron revisar su anterior opinión vinculadas a la firma de un acuerdo entre IRSA y Portland para modificar el proyecto inmobiliario y morigerar el proyecto original.

Fue así como Reynoso suspendió la medida cautelar, con lo que dejó habilitado el inicio de la obra, lo cual encendió nuevamente la alarma entre el movimiento vecinal que retomó la campaña de rechazo con recursos de apelación en el plano judicial, pero también con protestas callejeras que tuvieron convocatorias con la consigna “No al Shopping”.

En ese marco, el viernes pasado, la Sala II de la Cámara revocó el fallo de primera instancia de Reynoso que autorizó la construcción en la primera de las cuatro parcelas en una resolución que tomó entre sus argumentos el informe de la fiscal de cámara Karina Cicero del 10 de julio.

Allí, la fiscal evaluó que “es factible entender que el proyecto estaría diseñado para funcionar como un conjunto total donde cada una de sus partes, es decir, los edificios, cocheras, galerías y locales comerciales de cada parcela, no pueden escindirse e interpretarse sino dentro del marco que le proporciona el resultado final de la obra como proyecto global”.

«Este fallo es histórico, la sentencia favorable se suma a otro logro barrial después de más de 20 años de lucha por una calidad de vida mejor”, afirmó Martín Iommi, vecino y uno de los impulsores de las presentaciones ante la justicia porteña junto al Consejo Consultivo Comunal 6 y la asociación S.O.S. Caballito.

Iommi recordó que “en 2018, el arquitecto Bernardo Dujovne, el padre del entonces ministro de Economía de Mauricio Macri, aprovechó sus influencias y en un acto de picardía partió el terreno en cuatro parcelas para evadir la Legislatura, disfrazar un shopping y evitar los procedimientos de impacto ambiental”.

“Hoy, cinco años después, el barrio logró lo impensado, dar vuelta un fallo de primera instancia que autoriza a empezar la obra”, remarcó.La demanda de los vecinos y las vecinas también apunta a frenar la construcción del conglomerado de edificios en defensa de los espacios de suelo verde dado que el predio de IRSA es lindante a un playón ferroviario, que está fuera de funciones y que las asociaciones barriales buscan convertirlo en un parque público.

CABA

Con el techo por el piso: en CABA el ingreso laboral promedio apenas supera la línea de pobreza

El ingreso promedio de la ocupación principal en la Ciudad de Buenos Aires fue de $1.665.849 en el segundo trimestre de 2026, apenas $21.450 por debajo de los $1.687.299 que necesita una familia de cuatro integrantes propietaria de su vivienda para no caer en la pobreza. Los trabajadores informales perdieron casi 28 puntos frente a la inflación interanual.

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El Argentino Diario-Billeteras, Consumo, Salario.
El ingreso laboral promedio en CABA casi no alcanza para superar la línea de pobreza.

En la Ciudad de Buenos Aires, trabajar ya no garantiza no ser pobre. El ingreso promedio de la ocupación principal alcanzó los $1.665.849 en el segundo trimestre de 2026, mientras que en septiembre una familia tipo de cuatro integrantes, propietaria de su vivienda, necesitó $1.687.299 mensuales para superar la línea de pobreza. La diferencia entre ambas cifras es de apenas $21.450: una brecha tan angosta que cualquier imprevisto, cualquier suba de tarifas o cualquier mes de bajo rendimiento laboral puede empujar a una familia a la otra orilla.

Los datos fueron publicados este jueves 8 de octubre de 2026 por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), como parte del informe de inflación y condiciones de vida de septiembre. Un análisis de Romina Piccirillo, candidata a secretaria gremial de la Lista 1 de la CTA Ciudad, advierte que la brutal caída del salario real forma parte de un proceso de vaciamiento del Estado que atraviesa universidades, administración pública, escuelas y empresas estatales.

La trampa de los números: trabajar no alcanza

La línea de indigencia para esa misma familia tipo se ubicó en $925.941 mensuales en septiembre. Es decir, para no caer en la indigencia hace falta ganar más de $925.000, y para no ser pobre, casi $1.690.000. El ingreso promedio laboral se encuentra en el límite exacto entre la subsistencia y la pobreza.

El ingreso total familiar promedio, que incluye todos los ingresos percibidos por los miembros del hogar, fue de $2.574.524. Ese número más abultado no cambia la fotografía de fondo: la mayoría de los trabajadores porteños depende de que múltiples integrantes del hogar aporten ingresos para mantenerse por encima de la línea de pobreza, lo que pone en evidencia que el ingreso individual es estructuralmente insuficiente.

Los formales pierden 9 puntos; los informales, casi 28

El IPCBA registró una variación interanual del 32,9% en septiembre de 2026 respecto del mismo mes del año anterior. Frente a ese nivel de inflación, los ingresos de los trabajadores formales, es decir, quienes tienen descuento jubilatorio, cayeron 9,1 puntos porcentuales en términos reales.

La situación de los trabajadores informales es considerablemente más grave. Entre los asalariados sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio quedó casi 27,7 puntos porcentuales por debajo de la inflación interanual. Esa brecha no es solo una diferencia estadística: es la expresión cotidiana de la desprotección de quienes trabajan sin cobertura social, sin aportes y sin ninguna red de contención ante el deterioro del poder de compra.

Empleados y agotados: el mercado laboral porteño en cifras

La tasa de actividad en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 64,5% y la desocupación se ubicó en el 7,2%. Pero la lectura superficial de esos datos esconde una realidad más compleja: tener empleo no es sinónimo de bienestar. El 26,3% de las personas ocupadas trabaja más de 45 horas semanales, y el 13,3% tiene más de una ocupación. La pluriempleo y la sobreocupación no son señales de dinamismo económico; son el síntoma de una economía que obliga a los trabajadores a multiplicar sus horas para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

«La pérdida de ingresos obliga a trabajar cada vez más horas para poder llegar a fin de mes. Por eso, discutir el salario también es discutir nuestro tiempo: cuánto tenemos que trabajar para vivir y cuánto tiempo nos queda para nuestra vida. Defender el salario es defender el derecho a una vida digna», planteó Piccirillo en su análisis.

El vaciamiento como política

Desde la CTA Ciudad, Piccirillo enmarcó el deterioro salarial en un proceso más amplio: «La brutal caída del salario es parte de un proceso de vaciamiento de lo público que atraviesa las universidades, el Estado, la administración pública, las escuelas y las empresas públicas.» La lectura sindical apunta directamente al modelo económico del gobierno de Javier Milei, cuya política de ajuste fiscal recortó en términos reales el gasto primario total un 31%, los programas sociales un 61% y los salarios públicos un 29% desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo publicados en mayo de 2026.

El cuadro que emerge de los datos del IDECBA no es el de una economía en recuperación, sino el de una Ciudad donde el ingreso laboral promedio roza la línea de pobreza, los informales pierden casi tres veces más poder adquisitivo que los formales, y una proporción creciente de trabajadores necesita emplearse en más de un trabajo para llegar a fin de mes.

Lo que tenés que saber:

  • El ingreso promedio de la ocupación principal en CABA fue de $1.665.849 en el 2º trimestre de 2026, apenas por debajo de los $1.687.299 necesarios para superar la línea de pobreza de una familia de cuatro integrantes propietaria de su vivienda.
  • Los trabajadores formales perdieron 9,1 puntos porcentuales de poder adquisitivo frente a la inflación interanual del 32,9%; los informales, casi 27,7 puntos.
  • El 26,3% de los ocupados trabaja más de 45 horas semanales y el 13,3% tiene más de una ocupación.
  • La tasa de actividad en CABA fue del 64,5% y la desocupación del 7,2% en el período analizado.
  • La CTA Ciudad vincula el deterioro salarial con el vaciamiento del Estado impulsado por el gobierno de Milei, que recortó programas sociales un 61% y salarios públicos un 29% en términos reales desde diciembre de 2023.
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