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Caso Lucas: los tres policías acusados de su asesinato dijeron que no cometieron ningún delito

La primera audiencia del juicio comenzó con alguna demora, mientras en la puerta de Comodoro Py, cerca de medio centenar de amigos del joven fallecido aguardaban con remeras con el rostro de Lucas y el reclamo de justicia.

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Los tres efectivos de la Policía de la Ciudad acusados de disparar sus armas y matar a Lucas González (17) cuando se trasladaba en un auto con tres amigos con los que había salido de entrenar en el club Barracas Central en noviembre de 2021, declararon hoy en la primera jornada del juicio por el homicidio y posterior encubrimiento del hecho que actuaron «en legítima defensa» y que no cometieron «ningún delito».

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, el inspector Gabriel Alejandro Isassi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), los tres policías porteños juzgados por homicidio junto a otros 11 acusados de encubrimiento y torturas, coincidieron al asegurar que actuaron «en cumplimiento del deber» y no aceptaron responder preguntas, al tiempo que declararon sin la presencia del resto de los imputados, que fueron retirados del salón Auditorium de los tribunales federales de Retiro, donde se desarrolla el debate.

La primera audiencia del juicio comenzó con alguna demora, mientras en la puerta de Comodoro Py, cerca de medio centenar de amigos del joven fallecido aguardaban con remeras con el rostro de Lucas y el reclamo de justicia.

Pasadas las 10.15 ingresaron los imputados a la sala de audiencias y sus miradas se cruzaron con las de los padres de los tres chicos sobrevivientes del ataque. En la planta alta de la sala, detrás de un vidrio espejado, los tíos de Lucas miraban lo que sucedía con atención.

El primero en dirigirse al TOC fue Issasi, quien pasadas las 12.40 manifestó: «Solamente tengo que decir que poseo veinte años de servicio como funcionario público, ejerciéndolo en el ámbito de la policía. Pertenecí a tres fuerzas diferentes, a la Policía de la provincia, a la Policía Metropolitana y de la Ciudad. En todas fui un oficial condecorado y ejercí mi función».

«Quiero agregar que en este hecho actué en el cumplimento del deber, que ejercí la legitima defensa y que no cometí ningún delito», agregó el acusado, mientras en la sala se escuchaban gritos de “asesino” y “vas a morir” procedentes del público.

Luego, declaró Nievas, quien dijo que ingresó a la policía en 2014 y que, en este caso, ejerció su «legítima defensa» y no cometió «ningún delito», a lo que siguieron gritos de «sinvergüenza» entre los familiares de las víctimas.

Además, declaró el tercer imputado de homicidio, López: «En este hecho cumplí con mi deber, ejercí legítima defensa y no cometí ningún delito”, manifestó en el mismo sentido que los anteriores.

A continuación, el debate siguió esta tarde con el llamado a declarar de los 11 restantes acusados de encubrir el hecho y tratar de hacerlo pasar como un enfrentamiento con delincuentes y por someter a torturas a los tres amigos que estaban con Lucas a bordo del Volkswagen Suran atacado a tiros por los policías.

El primero que fue llamado a declarar fue el principal de la Comuna 4D Héctor Claudio Cuevas, quien se negó a declarar, por lo que el Tribunal integrado por los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero dispuso leer su versión de los hechos realizada durante la instrucción de la causa.

A continuación, la audiencia continuó con las declaraciones indagatorias de Juan Horacio Romero (51) y Roberto Inca (48), el comisario y subcomisario respectivamente de la brigada policial a la cual respondían Issasi, Nieva y López, quien aceptaron declarar aunque sin responder preguntas.

En esa circunstancia, los jefes policiales de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4 aseguraron no haber entorpecido la investigación de la Policía Federal (PFA), mientras que Inca afirmó haber encontrado un arma dentro del auto en el que viajaba el joven fallecido junto a sus amigos.

“Nunca tomé contacto con Lucas. Yo ni siquiera llego a ver cuando sacaron a Lucas del vehículo. Cuando comienzo a observar la Suran, veo varios impactos. En un momento, a la altura de la puerta de atrás, puedo observar que había un arma tipo revólver”, afirmó Inca, al mismo tiempo que los familiares de Lucas manifestaban su reprobación ante sus dichos.

Luego fue el turno del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y de los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).

Todos ellos se negaron a declarar y, al igual que en el caso del imputado Cuevas, fueron leídas sus respectivas declaraciones indagatorias realizadas durante la instrucción de la causa.

Por otro lado, se prevé que durante la próxima audiencia comience la ronda de testigos con el padre de Lucas, Héctor «Peca» González, y los tres amigos de la víctima, Joaquín Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca.

En este juicio, Issasi, López y Nieva, quienes integraban la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad y ahora están detenidos, afrontan una acusación por «homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial».

Además, los tres están imputados por las «tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley», en el caso de los amigos de Lucas.

En tanto, a los otros 11 policías (que también llegan al debate detenidos) se los juzga por «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas» y, en el caso de Cuevas e Inca también por «falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados».

El crimen de Lucas ocurrió en la mañana del 17 de noviembre de 2021, cuando el joven y tres amigos salieron de entrenar en Barracas y se subieron al Volkswagen Suran del padre de uno de ellos para volver a la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Tras detenerse en un kiosco, los chicos comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D, quienes realizaban tareas de campo en la intersección de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield y no estaban uniformados ni llevaban baliza en el rodado.

Por ese motivo, pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos policiales les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías informaron al servicio de comunicaciones policiales que perseguían un automóvil con «cuatro masculinos con apariencia de menores, jóvenes», que «estaban armados», por lo que les cruzaron el Nissan Tiida para detenerlos.

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Récord de suicidios: estudiantes secundarios escriben la ley que el Estado no da

En 2025 se registraron 5.209 suicidios, la cifra más alta de la historia argentina. Más de 80 estudiantes de once escuelas porteñas debatieron su propio proyecto de ley de salud mental, mientras la diputada Natalia Zaracho denunció el desfinanciamiento de la prevención.

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Catorce personas por día, una cada dos horas. Ese es el ritmo al que la Argentina pierde vidas por suicidio, y fueron los propios adolescentes los que decidieron no esperar más una respuesta: más de 80 estudiantes secundarios llenaron la Legislatura porteña para discutir un proyecto de ley de salud mental escrito desde las aulas.

La convocatoria fue impulsada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de la Ciudad de Buenos Aires y se realizó en espacios cedidos por las Madres de Plaza de Mayo y por la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

En paralelo, la diputada nacional Natalia Zaracho (Unión por la Patria) difundió en sus redes una serie de datos que ponen en cifras lo que los chicos describen en primera persona: la tasa de suicidios más alta de la historia del país.

La voz de las aulas

«En un contexto donde se encuentran tantos problemas pero pocas soluciones, hoy con la UES llenamos un salón con más de 80 estudiantes que se mueven en busca de sumar su granito de arena ante todo lo que nos está pasando», escribió la organización en su cuenta oficial. Y agregó: «Hoy se demostró la necesidad de una respuesta concreta sobre la crisis de salud mental».

Tomaron la palabra delegados y delegadas de 11 escuelas porteñas: el Juan B. Justo, el Larroque, el Mariano Acosta, el Cortázar, el Pellegrini, el René Favaloro, el Nacional Buenos Aires, el Lenguas Vivas, el Nacional 17, el Normal 1 y la Técnica 37. Fueron los propios estudiantes quienes pusieron el cuerpo y la palabra para explicar lo que viven en sus escuelas.

14 muertes por día: los estudiantes porteños salieron a pedir una ley de salud mental.

La UES agradeció a la diputada Berenice Iañez por «levantar» el proyecto, a Victoria Montenegro por acompañar la jornada, a Amanda Martín por estar presente y a los legisladores que recibieron a la delegación. También participaron Renata Vismara, de Docentes por el Aborto Legal, una integrante de Incidencia Feminista y el sindicato docente UTE-CTERA. La organización definió el encuentro como «un primer paso de nuestra ley» y cerró con una consigna: «queremos salud mental para todxs».

Los números que alarman

«Estamos frente a un récord de suicidios en Argentina», advirtió Zaracho al presentar su serie de placas. El dato central proviene del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación: en 2025 se registraron 5.209 suicidios, un 22,6% más que en 2024, cuando se habían contabilizado 4.249. Es el registro más alto de toda la serie histórica oficial.

La tasa nacional llegó a 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, frente a 3,6 homicidios dolosos por la misma cantidad de población. Según el análisis del Observatorio de Política Criminal sobre datos del SNIC, entre 2017 y 2025 los casos pasaron de 3.304 a 5.209, un salto del 57,7% en ocho años. Mientras la agenda oficial se obsesiona con la inseguridad, las muertes por suicidio ya superan a las producidas por homicidios y siniestros viales.

Zaracho remarcó que el suicidio es hoy la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos, un dato que coincide con el SNIC, que ubica al fenómeno como primera causa de muerte en el grupo de 15 a 34 años, por encima de los accidentes de tránsito. La legisladora señaló además que cuatro de cada cinco víctimas son varones jóvenes. Las diferencias territoriales también son marcadas: Entre Ríos encabezó el ranking provincial con 20,8 casos cada 100.000 habitantes.

A esas muertes se suman los intentos. El Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, publicado a fines de diciembre de 2025, contabilizó 11.799 intentos de suicidio hasta el 31 de octubre de ese año, más de 33 por día.

Un sistema que no da abasto

«Esto no es casualidad«, planteó Zaracho, y aportó otros dos indicadores: según la diputada, las consultas por salud mental aumentaron un 23% y las internaciones un 42% en el último tiempo. Frente a esa demanda creciente, la legisladora describió un panorama de faltante de profesionales, ausencia de turnos y programas de prevención y atención totalmente desfinanciados.

La advertencia no es aislada. La Asociación Argentina de Salud Mental calificó el escenario como una crisis máxima y alarmante que atraviesa todo el territorio nacional. El contraste es brutal: la demanda de atención crece al mismo ritmo que el Gobierno de Javier Milei recorta los recursos públicos destinados a sostenerla.

Las escuelas, sin respuestas

La movilización secundaria tiene antecedentes recientes. En mayo, coordinadoras estudiantiles porteñas realizaron un corte de calle en San Juan y Boedo con más de 200 estudiantes de distintos colegios, luego de la ola de amenazas de tiroteo que afectó a más de 60 escuelas y profesorados de la Ciudad. Desde la Legislatura porteña, bloques opositores cuestionaron que la ley de «bienestar escolar» aprobada en 2024 a instancias del gobierno de Jorge Macri no garantizara el nombramiento de especialistas para atender las problemáticas de salud mental en las aulas.

Cuando los adultos a cargo del Estado miran para otro lado, son los adolescentes los que salen a escribir la ley que necesitan. La pregunta que dejan planteada es tan simple como incómoda: cuántas vidas más hacen falta para que la salud mental deje de ser una partida prescindible del presupuesto.

Dónde pedir ayuda

Si vos o alguien que conocés necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita al 135 desde CABA y el Gran Buenos Aires, al (011) 5275-1135 desde todo el país (Centro de Asistencia al Suicida) o al 0800-999-0091, la línea del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, que atiende las 24 horas.

Lo que tenés que saber:

  • En 2025 se registraron 5.209 suicidios en Argentina, un 22,6% más que en 2024, según el SNIC del Ministerio de Seguridad.
  • La tasa de suicidios llegó a 11,8 cada 100.000 habitantes, más de tres veces la de homicidios dolosos.
  • El suicidio es la principal causa de muerte en el grupo de 15 a 34 años.
  • Más de 80 estudiantes de 11 escuelas porteñas, nucleados en la UES, debatieron un proyecto de ley de salud mental.
  • La diputada Natalia Zaracho denunció falta de profesionales, de turnos y el desfinanciamiento de los programas de prevención.

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