Con la decisión de Doñate se abrirá la investigación a los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi que integran del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron denunciados por mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho por priorizar juicios de valor, morales y religiosos en una sentencia judicial por sobre la normativa vigente.

El Consejero Martín Doñate, en su facultad de vicepresidente de la Comisión de Acusación, votó a favor de que el expediente 114/2020 sea radicado en dicha Comisión. El desempate se da tras no obtener acuerdo en el Comité de Asignación entre Dr. Tonelli, quién consideraba que debía enviarse el expediente a disciplina y la Dra. Pilatti Vergara, quién consideraba que se envíe a la comisión de acusación.

Las manifestaciones vertidas por los jueces denunciados en la sentencia dictada en el marco de una causa por homicidio calificado por el vínculo, encuadran en el art. 25 ley 24937, de remoción bajo las causales de mal desempeño, basado en el desconocimiento inexcusable del derecho y negligencia grave en el ejercicio del cargo.

Los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi ya cuentan con un expediente en la comisión de acusación, el 138/2020, en el que se los denunció por mal los jueces actuaron indebidamente en un juicio por la interrupción legal del embarazo de una niña que sufrió abuso sexual.

La defensora general de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, solicitó ante el Consejo de la Magistratura que se inicie un procedimiento de remoción respecto de los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, para que analice sus conductas a la luz de la causal de “mal desempeño”.

El 24 de septiembre último, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal condenó a D.F.Z. a 35 años de prisión por el homicidio de otro hombre, así como por el abuso sexual de su hermana L.E.R., llevado adelante en varias ocasiones, con violencia y desde que la víctima era muy pequeña. Producto de esos abusos, la adolescente quedó embarazada. En ese marco fue que se realizó la interrupción legal del embarazo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 86 del Código Penal y con los lineamientos que la Corte Suprema de Justicia estableció en su fallo F.A.L. de 2012.

Al fundamentar su voto, el juez Anzoátegui consideró que se debían extraer testimonios de la sentencia y enviarlos para que se investigue si se cometió un homicidio o un “homicidio prenatal” en relación con el procedimiento legal que interrumpió el embarazo. Según dijo, la interpretación que se hace sobre el artículo 86, inciso 2 del Código Penal, las directivas que surgen del fallo F.A.L. de la Corte, y los protocolos de actuación ante casos de aborto “son violatorios de la Constitución Nacional, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la ley 26.061”.

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Se lo acusa de extraer testimonios a fin de investigar el accionar de médicos y de funcionarios de la defensa pública que garantizaron la interrupción legal del embarazo. Además, realizaron valoraciones morales y religiosas, utilizando los calificativos como “sicarios”, “asesinos a sueldo” y “homicidio prenatal” en relación a la interrupción legal del embarazo, con la intención de adoctrinar al personal médico.

El accionar de los magistrados, demuestra nuevamente la indefensión de las mujeres y diversidades frente a jueces machistas, patriarcales y violentos, también queda en evidencia la necesidad de una reforma judicial feminista y capacitación efectiva y obligatoria en géneros para todos los poderes del Estado.

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