Lucas Aguilar murió este miércoles con siete puñaladas en una esquina de Moreno, horas después de denunciar en televisión la inseguridad que sufría como repartidor. “Es tierra de nadie”, dijo al canal C5N, donde relató cinco intentos de robo en los últimos meses. Según el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio de Seguridad bonaerense, los delitos contra la propiedad aumentaron un 22% en el primer trimestre de 2024 en el distrito.

El ataque ocurrió cuando Aguilar intervino para proteger a un vendedor de alfajores agredido por Luis Benítez, un hombre de 38 años con antecedentes por robos. Las cámaras de seguridad captaron el forcejeo fatal: el joven persiguió al agresor con un palo, cayó al suelo y recibió las puñaladas. “La víctima encarna el doble abandono: laboral y estatal”, señaló la socióloga Mariana Lagos, experta en seguridad urbana.

De la indignación a la revuelta: Repartidores contra el Estado

Este viernes, cientos de trabajadores de apps de delivery bloquearon el acceso a la municipalidad. Los incidentes escalaron cuando manifestantes lanzaron piedras, intentaron incendiar un patrullero y rompieron vidrios del edificio. La policía respondió con balas de goma. “Nos matan en las calles y nadie hace nada”, gritó un repartidor anónimo durante la protesta.

El sindicato UTEDYC reveló que, desde 2020, al menos 43 repartidores fueron asesinados en Argentina durante robos. Sin embargo, solo el 15% de estos casos llegó a condena firme, según datos de la Procuración General de la Nación. “La impunidad alimenta la rabia”, afirmó el abogado laborista Carlos Gutiérrez.

El detenido y el sistema judicial: Un historial de fallas

Luis Benítez, el acusado, tenía dos causas por robo agravado y una por robo simple. Su liberación previa cuestiona los mecanismos de control penal. Federico Soñora, fiscal a cargo del caso, tipificó el hecho como “homicidio agravado en concurso real con homicidio simple en tentativa”, figura que podría implicar prisión perpetua.

Para Elena Contreras, directora de la ONG Justicia Legítima, “el problema no es solo el delincuente reincidente, sino un Estado que no garantiza políticas de reinserción ni protege a las víctimas potenciales”. Moreno registra una tasa de resolución de casos del 34%, por debajo del promedio provincial (48%), según informes de la Corte Suprema bonaerense.