Integrantes de organizaciones de Derechos Humanos, funcionarios, familiares y amigos realizaron hoy una marcha y un acto en memoria de las víctimas a 35 años de la «Masacre de Ingeniero Budge», el primer caso de «gatillo fácil» desde el regreso de la democracia en 1983 que fue denunciado públicamente por la sociedad civil y en el que policías bonaerenses acribillaron a balazos a tres jóvenes.

Los homenajes comenzaron pasadas las 10 con distintas actividades en la esquina de Figueredo y Guaminí, en dicha localidad del partido de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano.

La conmemoración se realizó en el marco del «Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional», declarado en 2013 con el objetivo de recordar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

Por la tarde, se realizó una marcha donde se colocó un cartel por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el cuál se señalizó el lugar de los hechos.

«A 35 años de la Masacre de Budge, la lucha continúa. Basta de represión. Negro, Willy, Oscar; presentes!!», decía la bandera, al frente de la movilización.

Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, no pudo estar presente por contraer Covid, pero en su representación habló Mariano Przybylski, director de Violencia Institucional de la Secretaría.

Przybylski expresó que el cartel con la señalización «es una política de la Secretaría de visibilizar la violencia institucional que existe, existió y sigue existiendo».

«La lucha popular y la organización los vecinos hizo que fuera la primera vez que se visibilizó y se dijo ´basta´ y se cruzo al barrera del miedo que paralizaba en aquellos años. Particularmente, creo en esta señalización, además de a los pibes asesinados, se homenajeó la lucha popular», aseguró el funcionario.

«Señalización a 35 años de la Masacre de Ingeniero Budge», indicó el afiche difundido por las redes sociales oficiales y firmados distintas áreas del Gobierno Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Lomas de Zamora y la Comisión de Amigos y Vecinos (CAV).

También se inauguró un mural con el rostro de los tres jóvenes asesinados, realizado por la CAV.

Del acto participaron, además de funcionarios nacionales, provinciales y municipales, familiares de otras víctimas de violencia institucional, como el caso de Rosa Schonfeld, madre de Miguel Bru, el joven estudiante de periodismo desaparecido en agosto de 1993 en La Plata.

El 8 de mayo de 1987, alrededor de las 19, Oscar Aredes (19), Roberto «Willy» Argañaraz (24) y Agustín Olivera (26) conversaban y bebían cerveza en la esquina de Guaminí y Figueredo, de Ingeniero Budge, cuando fueron asesinados a balazos por tres policías bonaerenses.

Supuestamente, Olivera y Argañaraz habían tenido un inconveniente menor con la dueña de la despensa en la que compraron la cerveza, por lo que los efectivos habrían concurrido al lugar alertados por la denuncia de la mujer.

A raíz de lo ocurrido acusaron al suboficial mayor Juan Ramón Balmaceda, al cabo primero Juan Alberto Miño y al cabo Isidro Rito Romero, quienes argumentaron que se había tratado de un enfrentamiento y que las víctimas estaban armadas.

En tanto, los médicos forenses determinaron que Olivera presentaba 12 heridas de bala y Aredes 7, en su mayoría por la espalda en ambos casos, mientras Argañaraz tenía al menos 3 impactos en la cabeza efectuados a corta distancia.

Ante esta situación, el barrio donde residían los jóvenes se movilizó inmediatamente en las calles en reclamo de justicia y contra la represión policial, un tipo de protesta poco habitual en aquellos primeros años del retorno de la Democracia y que, a su vez, se enmarcaba en un ambiente aun convulsionado por levantamiento militar «carapintada» de la Semana Santa de 1987, que desde Campo de Mayo mantuvo en vilo a todo el país.

En mayo de 1990 se llevó a cabo un primer juicio oral en el que Balmaceda y Miño fueron condenados a 5 años de cárcel por «homicidio en riña», y Romero a 12 por «homicidio simple».

Pero ese fallo fue anulado luego por la Suprema Corte de Justicia provincial que dio por probado que existió una manipulación de las pruebas y ordenó un nuevo juicio, el cual se realizó en junio de 1994.

En ese segundo debate los tres policías fueron condenados a 11 años de prisión por homicidio simple, pero no quedaron detenidos hasta que el fallo quedó firme.

Esa confirmación de la sentencia se produjo en 1998, cuando se ordenó la detención de los tres condenados, pero estos se fugaron antes de ser capturados.

Recién en 1999 Romero fue capturado y, finalmente, en 2006 cayeron Miño y Balmaceda; y así comenzaron a purgar de manera efectiva con su condena, la cual ya se les dio por cumplida.