Salud 🩺
El Gobierno dispuso nuevas medidas migratorias y descartó cierre de fronteras
Los controles dispuestos por la pandemia estarán a cargo de las empresas de transporte de pasajeros y no afectarán los viajes previstos
(Por Lucas González Monte) El Gobierno nacional dispuso hoy nuevas medidas de control por la pandemia de coronavirus, entre ellas nuevos requisitos para las empresas operadoras internacionales de transporte de pasajeros y para quienes ingresen al país desde el exterior, al tiempo que descartó un cierre de fronteras por la variante Ómicron.
Las novedades fueron comunicadas en una decisión administrativa que lleva la firma del jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro y la titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti. Esta mañana, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, pidió «no alarmar a la gente» ya que las nuevas medidas no afectarán a los viajes que estén por realizar los argentinos. Señaló que «los que tienen previstos viajes, van a poder hacerlos», y dijo que «a ellos no les va a cambiar en nada».
Asimismo, sostuvo que «ahora van a ser las aerolíneas las que le van a pedir a los argentinos el PCR para poder entrar (al país), porque recordemos que los argentinos pueden entrar no estando vacunados» y aclaró que «la diferencia es que el vacunado no hace cuarentena y no vacunado sí» la hace. En diálogo con AM750, Carignano dijo que los argentinos deberán presentar ante la aerolínea «el PCR y la declaración jurada migratoria» que, desde ahora, será más fácil de completar.
Mientras tanto, a los extranjeros se les va a «pedir esquema completo de vacunación y seguro Covid, más el PCR y la declaración jurada». En ese sentido, la decisión administrativa publicada hoy afirma que serán las «operadoras», es decir, las empresas de transporte de pasajeros las que «sin excepción» deberán «comprobar» que el pasajero haya cumplido con todos los requisitos sanitarios antes del embarque.
Tweet✅Nuevos requisitos de Ingreso al país para argentinas, argentinos y residentes. pic.twitter.com/ntS1Mh6db3
— Florencia Carignano (@florcarignanook) December 31, 2021
Deberán controlar, en cada caso, la declaración jurada de migraciones, la prueba PCR negativa realizada en el país de origen dentro de las 72 horas previas al inicio del viaje o certificado de alta médica emitido dentro de los últimos 90 días previos al inicio del viaje y PCR positivo que acredite que sufrió la enfermedad en ese lapso correspondiéndole dicha alta médica.
También se deberá verificar que el pasajero extranjero acredite haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de su ingreso al país y el seguro de salud Covid-19, con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslados sanitarios, para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos.
La otra modificación que se hizo, explicó Carignano «es que toda persona que ingrese al país, tiene que hacerse un PCR entre el 3er y 5to día». Esa medida es para «todo mayor de 6 años» vacunado, explicó y dijo que eso es «porque los argentinos sin vacunas pueden entrar pero tienen que hacer la cuarentena completa y los extranjeros no vacunados no pueden entrar».
La Decisión Administrativa publicada hoy en el Boletín Oficial aclaró que una vez en el territorio nacional, las personas deberán portar durante 14 días posteriores la documentación que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos sanitarios.
Además se fijan nuevos criterios para el relevo de tripulaciones de buques internacionales compuestas por personas extranjeras, y nuevos requerimientos para Cruceros hacia la Antártida y Cruceros Bioceánicos en la Argentina.
Respecto de los cruceros, se anunció que en caso de presentarse un brote se secuenciará la muestra del test PCR y se dispondrá la cuarentena de todo el buque para descartar que se trate de la cepa Ómicron de coronavirus. En caso de tratarse de esa variante, se mantendrá en cuarentena a toda la tripulación. Respecto del cierre de fronteras, la funcionaria dijo que «no está previsto y no es hoy el momento indicado».
Respecto del cierre de fronteras, la funcionaria dijo que «no está previsto y no es hoy el momento indicado».
«No es lo mismo que cuando tomamos esas medidas y evitamos -como dijo (la ministra) Carla Vizzotti- la ola que venía con la Delta», expresó y manifestó que «ahí teníamos el 20, 30 por ciento de la población vacunada, y hoy el 70% de los mayores tiene 2 dosis; vemos que las muertes son pocas porque el esquema de vacunación funciona».
Por fuera de la decisión administrativa, el Ministerio de Salud recordó hoy que a partir del 1° de enero de 2022 comenzará a regir el pase sanitario para toda persona de 13 años o más que quiera participar de actividades como ir a bailar a discotecas, ingresar a salones de fiestas, realizar viajes grupales y asistir a eventos masivos en espacios abiertos, cerrados o al aire libre.
Ese pase se otorga luego de la acreditación de la «vacunación completa» al esquema de dos dosis con un intervalo transcurrido de 14 días o más desde la última aplicada, o en los casos de dosis única, como la vacuna Cansino, una vez transcurrido 14 días o más desde su aplicación.
Legislativo
El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.
Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.
El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.
Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan
El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».
En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.
La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía
El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.
El superávit como escudo político
La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.
Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.
Lo que tenés que saber:
- La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
- El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
- El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
- Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
- El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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