El Gobierno nacional dispuso un aumento de hasta el 35% para los prestadores en discapacidad, que se aplicará de forma escalonada entre octubre y diciembre. La medida se formalizó a través de la Resolución Conjunta 2/2025 del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), publicada este jueves en el Boletín Oficial con las firmas de Mario Lugones y Alejandro Vilches, titulares de ambas dependencias.

Según el texto oficial, el incremento fue acordado en una reunión entre representantes del Ministerio de Salud, el PAMI y la ANDIS, con el objetivo de garantizar que “las prestaciones estén por encima de la inflación proyectada para 2025”.

El aumento abarca a los profesionales y prestadores que brindan servicios de internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.

Para las prestaciones de transporte, rehabilitación, hogar, pequeño hogar, residencia y apoyo, la suba será del 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre, lo que acumula un 34,53%. En tanto, para el resto de las prestaciones los incrementos serán del 12% en octubre, 8,25% en noviembre y 7% en diciembre, con un total de 29,73% acumulado.

Rechazo de prestadores y familiares

Desde el Foro Permanente Discapacidad, espacio que reúne a organizaciones de prestadores y familiares, calificaron la medida como “claramente insuficiente” y denunciaron que el Gobierno “sigue sin cumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad”, aprobada por el Congreso tras revertirse el veto presidencial en septiembre.

En un comunicado, el Foro precisó que “el representante de los prestadores votó en contra de la propuesta del Gobierno” durante la reunión del nomenclador y alertó que los aumentos se harán efectivos “recién en marzo o abril de 2026”, una vez concluidos los pagos escalonados.

“Estos aumentos no cubren los costos reales de funcionamiento ni la inflación acumulada”, advirtieron las entidades, que recordaron que el sector atraviesa una “profunda crisis financiera” por los retrasos en los pagos y la falta de actualización de tarifas.

Testimonios y reclamos

La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente de 17 años con autismo y militante por los derechos de las personas con discapacidad, expresó su malestar a través de sus redes sociales.

“Después de las elecciones están con un nivel de soberbia… Este aumento no alcanza ni para pagar el aumento de nafta de los transportistas, encima pagado en tres meses”, escribió.

Luego añadió: “Es una burla, se nos están riendo en la cara. Mi ingenuidad hace que no pueda entender cómo se puede, tan livianamente, no cumplir una Ley de Emergencia, luchada, sancionada y ratificada cuatro veces por el Congreso… ¡Y no tener consecuencias! No lo entiendo”.

Contexto y antecedentes

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso Nacional a comienzos de septiembre, luego de que se revirtiera el veto del Poder Ejecutivo. La norma declaró la emergencia del sector por 180 días, con el objetivo de garantizar el pago en tiempo y forma de las prestaciones y actualizar los valores del nomenclador según la inflación real.

Sin embargo, diversas organizaciones sostuvieron que la reglamentación “nunca se cumplió” y que el Gobierno continúa aplicando aumentos por debajo del costo de vida. Según los datos del INDEC, la inflación acumulada entre enero y septiembre de 2025 superó el 70%, muy por encima del incremento dispuesto por la nueva resolución.