Investigación 🔎
Triple femicidio narco en Varela: terminó la indagatoria de Sotacuro y dictaron secreto de sumario
El hombre acusado de manejar el auto de apoyo declaró ante el fiscal Adrián Arribas y será trasladado al penal de Sierra Chica. Su sobrina irá a la cárcel de Magdalena. La causa quedó bajo reserva.
⬛ Lázaro Víctor Sotacuro, el hombre de nacionalidad boliviana acusado de haber manejado el auto de apoyo desde La Matanza hasta Florencio Varela en el triple crimen de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), terminó de declarar este martes ante el fiscal Adrián Arribas. Tras la indagatoria, la Justicia estableció el secreto de sumario sobre la causa, mientras el imputado es trasladado al penal de Sierra Chica.
«Fueron declaraciones muy claras», afirmó el abogado Guillermo Endi, defensor de Sotacuro, en diálogo con medios tras la audiencia. El letrado también representa a Florencia Ibáñez, sobrina del acusado, quien será derivada a la cárcel de mujeres de Magdalena.
Los detalles de la investigación quedan bajo reserva
Con la imposición del secreto de sumario, los detalles sobre el contenido de la declaración de Sotacuro y los avances de la investigación quedarán vedados al conocimiento público. Esta medida procesal suele aplicarse cuando la Fiscalía considera que la difusión de información podría entorpecer las pesquisas o comprometer la recolección de pruebas.
Sotacuro está acusado de haber participado en la logística del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, específicamente en el traslado desde La Matanza hasta el lugar donde fueron asesinadas las tres jóvenes. Según la hipótesis fiscal, el imputado habría conducido el vehículo que sirvió de apoyo para el operativo criminal.
El destino de los acusados
El traslado al penal de Sierra Chica, ubicado en Olavarría, provincia de Buenos Aires, implica que Sotacuro quedará alojado en una de las cárceles de mayor seguridad del país. Por su parte, su sobrina Florencia Ibáñez será derivada al complejo penitenciario de Magdalena, que alberga a mujeres privadas de su libertad.
La causa por el triple crimen de Florencio Varela conmocionó a la opinión pública por la violencia ejercida contra las tres jóvenes y por las características del hecho. Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron asesinadas en circunstancias que la Justicia continúa investigando, mientras que distintos sospechosos permanecen detenidos a disposición de la Fiscalía.
Expectativa por los próximos pasos judiciales
Si bien el secreto de sumario limita el acceso a información sobre los avances de la causa, se espera que en los próximos días la Fiscalía defina la situación procesal definitiva de los imputados y determine si habrá más detenciones vinculadas al caso. La palabra del defensor Guillermo Endi sobre la «claridad» de las declaraciones genera expectativas sobre posibles cambios en la dirección de la investigación.
Puntos clave:
• Lázaro Víctor Sotacuro declaró ante el fiscal Adrián Arribas por el triple crimen de Florencio Varela
• La Justicia dictó secreto de sumario sobre la causa
• Sotacuro será trasladado al penal de Sierra Chica y su sobrina Florencia Ibáñez a la cárcel de Magdalena
• El acusado habría manejado el auto de apoyo desde La Matanza hasta el lugar del crimen
• Su defensor, Guillermo Endi, destacó que las declaraciones fueron «muy claras»
Investigación 🔎
“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA
La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.
Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones
★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.
«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.
«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.
«Pipo» y los nexos en el interior del sistema
Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.
En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.
El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.
La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
- Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
- El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
- Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
- Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.
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