Impuestos
Ganancias: el nuevo régimen simplificado exime de informar el patrimonio, pero genera polémica
La resolución de ARCA permite a ciertos contribuyentes evitar declarar su patrimonio si adhieren al nuevo esquema. Especialistas advierten que, lejos de simplificar, podría debilitar controles y beneficiar a sectores de mayores ingresos.
Una medida que genera interrogantes
La Agencia de Recaudación (ARCA) oficializó el 22 de mayo, a través de la Resolución General 5704/2025, el procedimiento de adhesión al nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. La normativa, firmada por el titular del organismo, Juan Alberto Pazo, fue publicada en el Boletín Oficial y entró en vigencia con efecto retroactivo desde el 1° de enero de este año.
Según ARCA, el nuevo esquema busca “reducir la carga administrativa sin afectar el control fiscal”. No obstante, uno de los puntos más controvertidos es la exención para quienes adhieran: no deberán informar su patrimonio, un cambio sustancial que puede tener implicancias en materia de evasión y transparencia tributaria.
La medida se inscribe dentro del paquete de desregulación impulsado por el Gobierno nacional, en línea con el Decreto 353/2025 y con el discurso oficial centrado en la simplificación del Estado y el estímulo a la inversión privada.
¿Quiénes pueden adherir al régimen?
El régimen está destinado a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que sean contribuyentes o responsables del impuesto a las ganancias. Solo podrán adherirse quienes perciban rentas de fuente argentina y cumplan con requisitos básicos: tener clave fiscal con nivel de seguridad 3 y no estar inhabilitados por cuestiones administrativas (como tener la CUIT limitada).
A su vez, ARCA estableció que la adhesión es completamente voluntaria y reversible. Es decir, el contribuyente puede desistir en cualquier momento, siempre que no haya presentado la declaración jurada del ejercicio fiscal 2025.
Críticas por la falta de control patrimonial
El punto que más controversia generó es la eliminación de la obligación de declarar el patrimonio, uno de los pilares en los mecanismos de control fiscal. “Con esta medida, el Estado pierde visibilidad sobre la evolución del capital de los contribuyentes, y eso puede favorecer maniobras de evasión o subdeclaración”, afirmó a Página 12 el tributarista Jorge Gaggero, exasesor del Banco Central.
Desde la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) también expresaron preocupación: “Es un retroceso en términos de equidad y transparencia fiscal. No todo lo que simplifica es virtuoso”.
En paralelo, sectores del oficialismo aseguran que el régimen apunta a «desburocratizar el vínculo entre el contribuyente y el Estado». Sin embargo, hasta ahora no se difundieron estimaciones oficiales del número de personas que podrían acogerse a este sistema ni el eventual impacto fiscal de su implementación.
Una reforma con efecto regresivo
El nuevo régimen se presenta como un beneficio opcional, pero está diseñado para quienes obtienen ingresos exclusivamente de fuente argentina, un universo que excluye a buena parte de quienes tienen rentas financieras o patrimoniales en el exterior.
Esto, según especialistas, refuerza el carácter regresivo del esquema. “Mientras se mantiene una presión impositiva alta sobre el consumo y el trabajo, se alivian los controles sobre el capital. Esa es una política fiscal regresiva por definición”, opinó la economista Julia Strada en declaraciones radiales.
Además, preocupa el contexto en que se toma la medida: un ajuste generalizado en el gasto público, caída en la recaudación real y creciente concentración de la riqueza.
Menos control, más dudas
El régimen simplificado puede representar un alivio para ciertos contribuyentes, pero también pone en discusión la capacidad del Estado de ejercer un control efectivo sobre los patrimonios y detectar inconsistencias en las declaraciones juradas.
En un país con altos niveles de informalidad y evasión, la eliminación de herramientas fiscales sensibles —como el seguimiento patrimonial— puede derivar en consecuencias fiscales y sociales de largo alcance.
Puntos clave:
- ARCA oficializó el nuevo procedimiento de adhesión al régimen simplificado de Ganancias mediante la Resolución 5704/2025.
- Quienes adhieran no deberán informar su patrimonio, lo que generó críticas por parte de expertos en tributación.
- La medida es voluntaria, reversible y se aplica a rentas de fuente argentina.
- Especialistas advierten sobre el carácter regresivo de la reforma y su impacto en el control fiscal.
- No se difundieron datos oficiales sobre el alcance potencial ni estimaciones de pérdida de recaudación.
Combustibles ⛽
Milei congela el impuesto a los combustibles para maquillar la inflación
El gobierno volvió a diferir la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida, que ya tiene antecedentes desde mediados de 2024, apunta a evitar que el ajuste impositivo se traslade a los surtidores y presione sobre el Índice de Precios al Consumidor.
★ El gobierno de Javier Milei recurrió una vez más a una de sus herramientas predilectas para amortiguar el dato de inflación: postergar la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La medida, formalizada a través del decreto 217/2026 publicado en el Boletín Oficial, desplazó hasta mayo el incremento que estaba previsto para el corriente mes de abril.
La decisión no es nueva ni aislada. La administración libertaria recurre a esta maniobra de manera sistemática desde mediados de 2024, cuando comenzó a desdoblar y diferir los ajustes sobre los impuestos fijados a los combustibles para evitar que se trasladen a los precios finales al consumidor. Lo que cambia esta vez es el escenario internacional: la guerra que protagonizan Estados Unidos e Israel contra Irán mantiene bajo presión al precio del petróleo y agrega incertidumbre sobre la evolución futura de los valores en los surtidores.
El decreto y sus fundamentos oficiales
El texto del decreto 217/2026 establece que el Ejecutivo definió «volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono», derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. Los productos alcanzados por la postergación son la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
El documento oficial justifica la medida con el argumento de que fue tomada «con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible» y agrega que consideró «necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones».
La retórica oficial choca con la realidad fiscal: según la estimación de la consultora Economía y Energía, las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles dispuestas a lo largo de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total de 2.326 millones de dólares. Una cifra que desmiente la narrativa del «sendero fiscal sostenible» y revela el costo concreto de sostener artificialmente el índice de precios.
Combustibles e inflación: una relación estructural
El precio de los combustibles no es un dato menor dentro del esquema de medición de precios del INDEC. Su impacto se extiende a lo largo de toda la cadena productiva a través del transporte, lo que lo convierte en un factor con capacidad de arrastre sobre prácticamente todos los sectores de la economía. No actualizar el impuesto es, en los hechos, una forma de atenuar artificialmente la medición de inflación sin atacar sus causas estructurales.
Desde septiembre del año pasado, el gobierno estableció que las actualizaciones del ICL se calculen en base a la variación de la inflación y se apliquen de forma trimestral. Al mismo tiempo, fijó un monto diferencial para el gasoil destinado a las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.
Una estrategia de cosmética fiscal
La postergación del impuesto a los combustibles se inscribe en un patrón más amplio del gobierno de Milei: la administración del dato de inflación como objetivo político antes que como resultado de una política económica consistente. La aceleración inflacionaria registrada en los últimos meses hace más urgente la necesidad oficial de evitar cualquier componente adicional que presione los precios, aunque eso implique resignar ingresos fiscales por miles de millones de dólares.
La situación en Oriente Medio suma una variable de incertidumbre que el gobierno no puede controlar desde Buenos Aires. El conflicto bélico que involucra a potencias con peso determinante en el mercado energético global mantiene los precios del crudo en un estado de volatilidad que el Ejecutivo prefiere esperar que se estabilice antes de aplicar los incrementos pendientes.
Lo que queda claro, sin embargo, es que cada postergación profundiza el rezago acumulado del impuesto; un rezago que más temprano que tarde deberá actualizarse, con el consiguiente impacto sobre los precios que el gobierno intenta hoy evitar a cualquier costo.
Puntos clave:
- El gobierno oficializó la postergación del aumento del ICL mediante el decreto 217/2026, publicado en el Boletín Oficial.
- Los productos alcanzados son nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.
- La medida se aplaza para mayo; el ajuste corresponde a actualizaciones pendientes de 2024 y 2025.
- Las postergaciones de 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por 2.326 millones de dólares, según la consultora Economía y Energía.
- El conflicto bélico en Oriente Medio y su efecto sobre el precio del petróleo opera como factor adicional en la decisión oficial.
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