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Judiciales ⚖️

Dirigentes de Colón seguirán presos por ayudar y encubrir a la barra

El vicepresidente del equipo santafesino, Horacio Darrás, el vocal Lucas Paniagua y otros siete miembros de la facción «Los de Siempre» cuentan con diferentes acusaciones.

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Los dos directivos «Sabaleros» fueron imputados este miércoles en una audiencia celebrada en los tribunales provinciales como coautores de «facilitamiento de formación de grupos dedicados a cometer delitos en espectáculos deportivos» y «encubrimiento», por lo que seguirán detenidos al menos hasta el viernes, cuando se discutan las medidas cautelares, informaron voceros judiciales.

Además, siete integrantes de la barra brava «Los de siempre» fueron acusados en una audiencia posterior por los delitos de «asociación ilícita» y «amenazas coactivas».

Orlando «Nano» Leiva y su hermano Abel «Quique» Leiva, quien se encuentra detenido en la cárcel de Coronda por una pena de homicidio, fueron imputados como jefes de la asociación ilícita, en tanto al resto de los detenidos se les endilgó ser miembros.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal María Laura Urquiza y su colega Federico Grinberg, de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en una causa que se inició de oficio tras el «apriete» que sufrieron los jugadores de Colón en el entrenamiento del martes pasado por parte de entre 20 y 30 barrabravas.

“En función de sus cargos, los dos dirigentes facilitaron la formación y mantenimiento de grupos destinados a cometer delitos, lo cual está penado por la ley nacional de Espectáculos Deportivos 23.184”, planteó el MPA en la audiencia.

A Paniagua se le atribuye haber mantenido «comunicación y trato directo permanente con los líderes de Los de Siempre y de La Negrada, relación que era conocida y aprobada» por Darrás.

La Fiscalía sostuvo que “los dos dirigentes imputados proveyeron de indumentaria deportiva oficial del club para su reventa; carnet de socios y entradas para los miembros de las facciones y entradas para la reventa previa a los partidos”.

Y se indicó que “de esta manera, las autoridades de la institución investigadas pusieron a disposición medios económicos que permitieron la formación, mantenimiento y financiamiento de actividades delictivas”.

En la audiencia también se conoció que “al líder de Los de Siempre periódicamente se le pagaban 150 mil pesos en concepto de ‘sueldo’ sin que hubiere contraprestación alguna”.

Los dos dirigentes imputados también son investigados por el delito de encubrimiento, en este caso por su accionar a raíz de las citaciones a declarar que hizo la Fiscalía a víctimas y testigos de las amenazas sufridas por el plantel profesional.

En ese sentido, Darrás «le indicó al manager del fútbol profesional de la institución que debía concurrir a declarar, pero que de ninguna manera podía identificar a las personas que habían estado presentes y que tampoco podía dar cuenta de haber escuchado amenazas”, sostuvo la Fiscalía.

A Paniagua se le endilgó además haberse comunicado con «el otro líder de Los de Siempre, quien está detenido en el establecimiento penitenciario de Coronda”.

«En ese contacto, el detenido le dijo al dirigente que hable con los jugadores y personas citadas a declarar y les manifieste que si no identificaban a los presentes en el ‘apriete’ a los jugadores, Los de Siempre los dejarían tranquilos», informó el MPA.

«También se le planteó que si los citados a declarar sí identificaban a los autores de las amenazas, Los de Siempre se encargarían de tirar bombas en cada uno de los partidos para que Colón no juegue más de local. Asimismo, le dijo que sabían donde viven las familias de los jugadores y a qué escuelas van sus hijos”, añadieron los fiscales.

La investigación

En la causa se investigan hechos ocurridos desde octubre de 2021, cuando fueron intervenidos, entre otros, los teléfonos de Darrás y de Paniagua.

La Fiscalía cuenta con más de 80 CDs con grabaciones que surgieron de escuchas telefónicas y en la causa se investigan hechos como los disturbios del 5 de abril antes del partido que jugaron Colón y Peñarol de Uruguay, por la Copa Libertadores.

En el caso de los integrantes de la barra brava, para la figura de asociación ilícita el Código Penal prevé una pena de entre 3 a 10 años de prisión, con un mínimo de 5 años para jefes u organizadores.

Sobre Darrás y Paniagua, la fiscal Urquiza adelantó que solicitará la prisión preventiva de ambos imputados, en tanto el abogado defensor del primero, Néstor Oroño, consideró que a su cliente le atribuyeron delitos «de una gravedad bastante leve» que derivarían en una pena de ejecución condicional, por lo que solicitará la excarcelación.

Las audiencias fueron encabezadas por el juez de la Instrucción Penal Preparatoria (IPP), Pablo Busaniche, en los Tribunales provinciales de la ciudad de Santa Fe.

Darrás, Paniagua y Leiva, junto a cinco barrabravas cuyas identidades no fueron informadas, están detenidos desde el lunes, cuando los fiscales ordenaron 14 allanamientos en Santa Fe, Santo Tomé y la cárcel de Coronda.

Y con las dos detenciones ocurridas ayer, el total de imputados es hasta el momento de once personas si se cuenta a Quique Leiva.

Como en la causa se investiga, además de las amenazas a los jugadores, el pedido de dinero e indumentaria, en los allanamientos se secuestraron prendas oficiales del club.

Por otra parte, en una derivación hacia la Justicia Federal, hubo secuestro de marihuana en una vivienda y de cocaína en otra, además de dinero en efectivo.

Los barras se entrevistaron con referentes del plantel como Paolo Goltz y Luis Rodríguez, pero también es materia de investigación qué participación tuvieron los dirigentes.

Buenos Aires

Mientras Milei recorta, Morón apuesta por el Estado presente frente a la violencia escolar

El municipio que conduce Lucas Ghi convocó a la Provincia, las fuerzas de seguridad y el sistema de salud para articular respuestas frente a la ola de violencia que sacude las aulas de todo el país.

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Morón toma la iniciativa: acción conjunta con la Provincia para blindar las escuelas

★ En un contexto marcado por una preocupante escalada de amenazas y hechos de violencia en escuelas de todo el país, el municipio de Morón tomó la iniciativa y convocó una reunión de trabajo junto a representantes del área de Educación de la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad bonaerenses y distintas áreas del gabinete local, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y abordaje en el ámbito escolar.

La jornada, impulsada por el intendente Lucas Ghi, fue encabezada por la inspectora jefa regional Eliana González Di Martino; la inspectora jefa regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Elva Pereira; y la inspectora jefa distrital Natalia Díaz. Del encuentro también participaron el secretario de Seguridad Damián Cardoso, el secretario de Salud Jacobo Netel, el concejal José María Ghi y la subsecretaria de Educación municipal Lorelei Arnaudin, junto a otros miembros del gabinete.

El Estado municipal frente a una crisis que el Gobierno nacional ignora

La reunión se inscribe en un momento de alta tensión en las escuelas argentinas. El tiroteo del 3 de abril en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años mató a su compañero Ian Cabrera e hirió a otros ocho estudiantes, abrió una crisis que desde entonces se propagó como un reguero de pólvora: en las semanas siguientes, se multiplicaron las amenazas en escuelas de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y otras provincias.

Frente a ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof instruyó a las autoridades escolares bonaerenses para que intervengan ante hechos graves y pidió a estudiantes y docentes que no viralicen los mensajes intimidatorios. La Dirección General de Cultura y Educación provincial reconoció la existencia de una comunidad digital que exalta este tipo de ataques y señaló que el Ministerio de Seguridad la mantiene bajo monitoreo.

En Morón, la respuesta fue dar un paso más: en lugar de limitarse a instrucciones protocolares, el municipio convocó una mesa de articulación interinstitucional con actores concretos, capaz de generar «respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de conflicto», según informó el propio municipio.

«Mi Escuela Segura»: convivencia, diálogo y responsabilidad comunitaria

El encuentro se enmarca en la campaña municipal «Mi Escuela Segura», una iniciativa que apunta a generar conciencia sobre la importancia de la convivencia, el diálogo y la responsabilidad en la comunidad educativa, y que busca dotar a docentes, familias y estudiantes de herramientas concretas de intervención ante situaciones de conflicto.

Durante la jornada se compartieron recursos de intervención y se avanzó en la articulación de acciones conjuntas entre el nivel municipal y el provincial. El enfoque adoptado contrasta con las propuestas que circularon desde el Gobierno nacional, que en los últimos años privilegió el recorte presupuestario en áreas de contención escolar por sobre la inversión en equipos de salud mental, orientación y acompañamiento en las aulas.

El gremio docente SUTEBA ya había alertado, en el pico de la crisis posterior al tiroteo de San Cristóbal, que «estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias». La articulación que pone en marcha Morón responde, al menos en el plano local, exactamente a ese reclamo.

Un municipio que apuesta por el Estado presente

La iniciativa de Morón refuerza una concepción de la gestión pública que privilegia la intervención temprana y el trabajo conjunto sobre la respuesta punitiva. Mientras el debate nacional oscila entre propuestas de mayor seguridad física en los edificios escolares y proyectos que elevan penas para delitos cometidos en instituciones educativas, el municipio del oeste bonaerense elige el camino de la prevención con base comunitaria.

La articulación con la Provincia, la presencia de fuerzas de seguridad con un rol de coordinación y no solo de control, y la incorporación del área de salud como parte de la respuesta dan cuenta de un abordaje integral que reconoce la complejidad del problema.

Puntos clave:

  • El municipio de Morón convocó una reunión interinstitucional con la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad y áreas de salud para fortalecer la prevención de la violencia escolar.
  • La iniciativa fue impulsada por el intendente Lucas Ghi y se enmarca en la campaña «Mi Escuela Segura».
  • El encuentro se produce en un contexto de ola de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, tras el trágico caso de San Cristóbal, Santa Fe.
  • El gobierno de Kicillof instruyó a autoridades bonaerenses para actuar ante hechos graves y monitorear comunidades digitales que exaltan este tipo de ataques.
  • El SUTEBA denunció que la violencia escolar es consecuencia del «corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades» en materia de niñeces y adolescencias.

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