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Judiciales

Piden altas penas para dos policías y dos patovicas acusados del crimen de un joven en Rosario

El pedido fue realizado por el fiscal Patricio Saldutti durante una audiencia en la que solicitó la aceptación del requerimiento de elevación a juicio de la causa, en la que también hay otros dos policías involucrados, pero por incumplimiento de sus deberes.

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Un fiscal de la ciudad de Rosario adelantó hoy durante la audiencia preliminar al juicio por la muerte del joven Carlos «Bocacha» Orellano, ocurrida en febrero de 2020 dos días después de concurrir a un boliche bailable, que pedirá la pena de 19 años de prisión para dos políticas implicados en el caso y de 17 para el personal de seguridad acusado del crimen.

El pedido fue realizado por el fiscal Patricio Saldutti durante una audiencia en la que solicitó la aceptación del requerimiento de elevación a juicio de la causa, en la que también hay otros dos policías involucrados, pero por incumplimiento de sus deberes.

Orellano, un joven de 23 años fanático de Rosario Central que residía en el barrio Empalme Graneros, desapareció la madrugada del 24 de marzo de 2020 tras ir a bailar, junto a sus amigos, al boliche «Sr. Ming River House», ubicado sobre la costanera central de la ciudad de Rosario.

Su cuerpo apareció flotando en el río Paraná, a pocos metros de la barranca del local nocturno, la tarde del 26 de febrero.

Según la investigación, «Bocacha» fue retirado de la zona VIP del boliche por dos personas de seguridad privada del comercio, identificadas como Fabián Maidana y Emiliano López.

También intervino una pareja de policías, Carina Gómez y Gabriel Nicolossi, que realizaba adicionales en el lugar, abundaron las fuentes.

Para el fiscal, una vez afuera del local «Bocacha» fue golpeado por los dos patovicas y el policía varón y «tras rodear a la víctima contra la baranda del río Paraná, aprovechándose de la superioridad física y numérica, determinaron con su accionar que Orellano salte las barandas de protección del muelle y caiga a las aguas del río, circunstancias que le provocaron la muerte».

De acuerdo a la autopsia realizada al cuerpo del joven, existen elementos para creer que Orellano cayó con vida a las aguas del río Paraná, aunque eso sería materia de debate en el juicio oral.

Con esa acusación, por la que los cuatro sospechosos fueron imputados con prisión preventiva en diciembre de 2020, el fiscal Salduti pidió hoy la pena de 19 años de cárcel para los policías Nicolossi y Gómez -que son pareja-, y 17 años para los empleados de seguridad privada Maidana y López.

Voceros judiciales precisaron que a los dos primeros los acusa de homicidio simple con dolo eventual, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Las fuentes explicaron que el incumplimiento se daría porque tras la caída de Orellano al río, y a pesar de su condición de policías, recién dieron aviso al 911 media horas después del hecho, mientras que se retiraron del lugar sin colaborar con el personal de Prefectura que realizó la búsqueda del cuerpo.

Además, para el fiscal insertaron declaraciones falsas en el acta de procedimiento, al no dar cuenta que habían interactuado con la víctima.

En cambio, según la causa, los policías hicieron constar que observaron «detrás de las barandas de seguridad, lo que a simple vista parece ser una persona acostada sobre el suelo y que en un momento desaparece, como si hubiese caído al agua».

En cuanto a la pena solicitada para los patovicas, como adelanto del juicio oral en el que analizará las pruebas pero aún no tiene fecha de inicio, el fiscal los acusó sólo por el delito de homicidio simple con dolo eventual, y pidió 17 años de prisión para cada uno, indicaron los voceros.

Por su parte, el juez Nicolás Foppiani tuvo por formalizada la audiencia, admitió el requerimiento acusatorio del fiscal y dispuso un cuarto intermedio hasta el 5 de agosto, cuando continuará la audiencia preliminar al proceso oral.

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Argentina

Perpetua a tres acusados en el juicio del RIM 6

Se trata de los ex subtenientes Martín Eduardo Sánchez Zinny, Emilio Pedro Morello y Horacio Linari, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes (RIM 6) durante la última dictadura militar.

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El Tribunal Oral Federal Número 2 de la ciudad de Buenos Aires condenó este miércoles a prisión perpetua a los exsubtenientes Martín Eduardo Sánchez Zinny, Emilio Pedro Morello y Horacio Linari por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes (RIM 6) durante la última dictadura militar, y dispuso la absolución e «inmediata libertad» del ex subteniente Luis Alberto Brun y el ex cabo 1° Rubén Osmar Andrade.

En la lectura del veredicto, el juez Javier Feliciano Ríos, presidente del tribunal, dispuso la publicación de los fundamentos para el 6 de octubre.

Durante el juicio, que se había iniciado en diciembre del año pasado, se investigaron privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios cometidos entre marzo y julio de 1976 contra 37 personas, de las cuales ocho fueron asesinadas o permanecen desaparecidas.

Las víctimas eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la Juventud Guevarista y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), y entre ellos se encuentra la docente y militante Rocío Ángela Martínez Borbolla, madre de los periodistas Bárbara y Camilo García.

Los miembros de estas organizaciones fueron blanco de acciones represivas perpetradas por los efectivos del RIM 6 con el fin de desarticular las publicaciones de las revistas «El Combatiente» y «Estrella Roja», órganos de difusión del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Tanto la fiscalía como las querellas habían solicitado la pena de prisión perpetua de todos los acusados, al considerarlos coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio agravado por alevosía.

La última audiencia del juicio había quedado envuelta en una polémica por las restricciones que a último momento impuso el tribunal para la cobertura periodística y para el acceso de las familias de las víctimas que no declararon ante el TOF, cuando esa presencia es habitual en las lecturas de veredicto en las causas de lesa humanidad.

La querella y los familiares de las víctimas realizaron una vigilia para esperar el veredicto desde la vía pública, frente a los tribunales de Comodoro Py, con la instalación de una radio abierta y la participación de organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales, entre ellas el colectivo «Historias Desobedientes» y la legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) Victoria Montenegro.

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