Judiciales ⚖️
Declaró el joven imputado por supuesto hackeo a líneas telefónicas de jueces
Se trata de Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien ya declaró en diferentes causas vinculadas a hackeos de líneas telefónicas, y se encuentra detenido desde ayer, cuando se entregó ante la justicia federal porteña luego de enterarse que lo estaban buscando en el marco de este expediente en el que hay otras tres personas detenidas.
El joven acusado por la intromisión a las comunicaciones del exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’ Alessandro, prestó declaración indagatoria en la causa que investiga el supuesto hackeo a distintos jueces y la activación irregular de líneas telefónicas a nombre de ministros de la Corte Suprema de Justicia que jamás las habían solicitado, informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata de Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien ya declaró en diferentes causas vinculadas a hackeos de líneas telefónicas, y se encuentra detenido desde ayer, cuando se entregó ante la justicia federal porteña luego de enterarse que lo estaban buscando en el marco de este expediente en el que hay otras tres personas detenidas.
Entre los detenidos está un expolicía identificado como Ariel Zanchetta, detenido en Junín tras detectarse que realizó pedidos de informes sobre los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, entre otros, por lo que se sospecha que pudo estar involucrado en las maniobras.
«En ningún momento accedí a ninguna de las redes sociales de las personas, sólo facilité códigos de acceso. No accedí a Whatsapp, Telegram, ni Facebook», aseguró Nuñes Pinheiro quien ayer por la tarde reeditó los argumentos que había utilizado en la causa en la que se investiga el hackeo a D´Alessandro y otra en la que se analiza el intento de intrusar las comunicaciones del diputado nacional y precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli.
El imputado volvió a explicar cómo operaba: sostuvo que había alguien a quien no conocía que le pedía por Telegram que hiciera un recupero de línea y que cuando lo lograba le enviaba los códigos de recupero de las distintas aplicaciones.
También repitió que por eso cobró por medio de billeteras virtuales y criptomonedas, tras lo cual aportó el dato de que en la causa que se tramita en la Ciudad de Buenos Aires ya hay avances vinculados al camino de los pagos.
«Quiero aclarar que yo empecé a trabajar entre finales de agosto y septiembre del 2022, hasta que me llamaron a testimonial en la causa de Santilli. Posteriormente yo desinstalé todo y no mantuve contacto con ninguno de ellos. En ningún momento accedí a ninguna de las redes sociales de las personas, sólo facilité códigos de acceso», señaló.
La causa está radicada en el juzgado del juez Marcelo Martínez de Giorgi y es impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien había requerido las indagatorias de los acusados.
En la imputación que le leyeron a Nuñes Pinhiero, de 22 años, se indicó que «desde al mes de febrero de 2022 y hasta el mes de mayo de 2023, se realizaron un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados del Poder Judicial de la Nación».
En ese punto se enumeró que entre los afectados están «los Jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Marcelo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, como así también, los Jueces Federales de Tribunal Oral Andrés Fabián Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, generando un perjuicio sobre la intimidad, privacidad y patrimonio de los aludidos funcionarios públicos, como así también, un beneficio económico indebido a los involucrados».
«En este contexto, las conductas que pudieron acreditarse y que se materializaron consistieron, sintéticamente, en el acceso ilegítimo a bancos de datos personales de las víctimas, la toma de control de las cuentas telefónicas y de aplicaciones, como el requerimiento de sumas de dinero en nombre de Magistrados», se indicó en la imputación.
«Todo lo cual les permitió conocer a los autores y/o partícipes de esas maniobras ilícitas y sobre las víctimas damnificadas, su historial de conversaciones y demás documentos, datos e información existente en las plataformas Telegram y WhatsApp (fotografías, vídeos, opiniones, etc.), suplantar la identidad digital de las víctimas (enviando mensajes a su nombre y solicitando dinero a tercero) y tener en su poder información privada y acceso a sus cuentas con el fin de cometer otros delitos», se detalló.
En el caso del expolicía imputado Zanchetta, en la descripción de los hechos se destacó que «obtuvo -el día 8/9/2022- informes que brinda la empresa SudamericaData Group SRL, con relación a los Jueces de Casación Dres. Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a las 17:02 y 17:39 horas respectivamente».
El mismo imputado habría accedido a información de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Luis Lorenzetti, Horacio Daniel Rosatti y Juan Carlos Maqueda «el 11/5/2022 a las 20:21, 20:24 y 20:25 horas respectivamente», según surge del expediente.
«Por último, en el marco de la causa n° 987/23 (conexa) se pudo establecer la existencia de maniobras/conductas -con la presunta intervención de, al menos, Nelly Soledad Valdés y Santiago Abel Machado- mediante las cuales se obtuvieron de manera ilegítima líneas telefónicas de la empresa Telecom Argentina, simulando la identidad de otras personas públicas.
Las personas perjudicadas por estas maniobras de falsificación de identidad fueron los jueces de la Corte Suprema Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la magistrada María Verónica Skanata y el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad-, a cuyo nombre se dieron de alta dichas líneas y sin su consentimiento, según pudo reconstruir esta agencia.
DDHH
20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas
La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.
Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.
El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.
La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.
La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora
Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.
A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.
La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital
En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.
Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»
La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.
El gobierno que desfinancia y deroga
El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.
En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.
El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.
La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias
Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.
Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI
- La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
- Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
- La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
- El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
- El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.
Foto: Redes @LLUVIADIBUJA
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