Judiciales ⚖️
Burlando se suma a la causa por el homicidio de Lautaro Alvaredo
«Estamos analizando la actuación dos varones más y de una mujer», dijo Burlando al confirmar que se presentará formalmente con otros miembros de su equipo como letrados patrocinantes de Diego y Tamara Alvaredo, los padres de la víctima.
El reconocido abogado penalista Fernando Burlando representará como particulares damnificados a los padres de Lautaro Alvaredo, el joven que falleció luego de permanecer 12 días internado con muerte cerebral tras haber recibido una paliza a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, y adelantó que analiza la posible participación de otras tres personas en el homicidio que ya tiene a tres jóvenes detenidos.
«Estamos analizando la actuación dos varones más y de una mujer», dijo Burlando al confirmar que se presentará formalmente con otros miembros de su equipo como letrados patrocinantes de Diego y Tamara Alvaredo, los padres de la víctima.
Justamente este fin de semana Alvaredo padre posteó en su perfil de Facebook una foto donde junto a su mujer, Tamara, están con el penalista en su estudio y le dedican el siguiente mensaje: «Gracias al doctor Burlando por su apoyo y conocimientos. Lauty necesita de todos, siempre todos fuimos Lauty. A compartir y apoyar por justicia verdadera».
Burlando, que también tuvo un rol preponderante como abogado de los padres de Fernando Báez Sosa, en la causa donde ocho rugbiers terminaron condenados – cinco a prisión perpetua y tres a 15 años-, por el homicidio del joven asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020, explicó que está «colaborando desde el primer día» con la familia de la víctima, aunque explicó que en aquel momento la «prioridad era la salud de Lautaro e intentar revertir el fatídico desenlace que tuvo».
En la causa ya hay tres detenidos, pero sobre el rol los otros tres posibles implicados, Burlando señaló que «hay que trabajar en mejorar las imágenes de los videos de las cámaras que captaron la secuencia del ataque» y que para ello se puede emplear un software, que si no lo tiene la Procuración bonaerense, va a aportar él mismo.
«No descansaremos hasta que no estén todos los detenidos», dijo Burlando. El letrado destacó y felicitó por su trabajo al fiscal de la causa, Matías Folino, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, que logró detener a los tres principales sospechosos, el último de ellos el sábado pasado.
«El fiscal está haciendo un gran trabajo, como con la última detención, que se hizo gracias a un análisis minucioso en redes sociales a partir del cual se identificó la moto del imputado y con ello llegar a él», explicó el letrado sobre el arresto el sábado a la madrugada de Patricio Moreira (19).
La familia de Lautaro anunció por redes sociales que el martes a las 18 se realizará una marcha desde la estación de Gregorio de Laferrere hasta la plaza, con la consigna: «Justicia por Lauty, que paguen los que tengan que pagar. Él no murió, lo mataron».
Aparte de Moreira, los otros dos imputados detenidos por el caso son Fabricio Román Stella (18) -que fue entregado por su padre y un abogado horas después del ataque-, y Ian Noguera (19), quien también se entregó aunque unos días más tarde.Todos fueron imputados por el fiscal Folino como coautores de un «homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de tres o más personas», delito que prevé una pena de prisión perpetua.
El crimen de Lautaro
Lautaro falleció el 17 de este mes en la clínica Mariano Moreno, ubicada en el partido homónimo del oeste del conurbano, donde permaneció internado 12 días luego de ser diagnosticado con muerte cerebral.
El hecho ocurrió cuando Lautaro y sus amigos fueron al boliche «Cyrux», situado en avenida Luro y Pedro Obligado, de Laferrere, durante la noche del domingo 5 y la madrugada del 6 de este mes.De acuerdo con lo establecido hasta el momento, en el local bailable se generó una pelea entre el grupo en el que estaba Lautaro y otros jóvenes, que se trasladó a una plaza ubicada a cien metros.
En un momento de la pelea, que involucraba a varios jóvenes, Lautaro cayó al piso, donde recibió fuertes golpes en la cabeza hasta quedar inconsciente.Uno de los amigos que estaba con la víctima al momento de la pelea declaró que el hecho se inició cuando un joven se enfrentó a golpes de puño con uno los integrantes de su grupo porque le habían roto los lentes adentro del boliche.Por tal motivo, el personal de seguridad del local decidió expulsar a todos los que habían participado de la pelea.
La salida de la víctima y sus amigos del boliche quedó registrada por una cámara de seguridad del mismo boliche y hasta ese momento no se habían visto hechos de violencia.Sin embargo, Lautaro y sus amigos caminaron hacia la Plaza Ejército de los Andes, ubicada a menos de 100 metros del local bailable, y allí fueron atacados a golpes, secuencia que quedó registrada por cámaras de seguridad cuyos videos son piezas claves de la causa penal.
Desregulación
Sindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil
La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, falsedad ideológica y defraudación al Estado, al cuestionar la tasación oficial de 45 millones de dólares para la empresa estatal de servicios aeroportuarios.
¿Estafa al pueblo? La denuncia penal que pone en jaque la privatización de Intercargo
★ La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) radicó este jueves una denuncia penal ante la justicia federal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, sorteado para intervenir en el expediente.
Los delitos imputados y el eje de la denuncia
La acusación sindical imputa tres delitos específicos: defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados al proceso que culminó en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo pasado. Esa resolución fijó el precio base de la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares, una cifra que el gremio calificó de «inexplicable» frente a los indicadores económicos y la rentabilidad reciente de la compañía.
La tasación que dio origen a ese valor base fue realizada por el propio BICE, bajo la conducción de Voss, mediante el método de flujo de fondos descontados. Desde APA cuestionaron tanto el resultado de esa valuación como la elección de la entidad para realizarla, al señalar que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición y especialización en tasaciones de activos públicos.
Intercargo: empresa estratégica y 1.500 puestos de trabajo en juego
Intercargo presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Su privatización fue habilitada por la Ley Bases (27742), que autorizó la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual. Según estimaciones sindicales, alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico están vinculados a la empresa.
El gremio denunciante advirtió que la fijación del valor base podría implicar un perjuicio económico significativo para el Estado y alertó sobre el riesgo de lo que describió como un «vaciamiento del patrimonio público». En ese sentido, APA anticipó que además de la vía judicial impulsará acciones en el plano gremial para frenar la operación en los términos actuales.
El contexto: privatizaciones, FMI y el desguace del Estado
La denuncia se inscribe en el marco más amplio de la política privatizadora del gobierno de Javier Milei, parte del programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el Ejecutivo suscribió un nuevo Servicio Ampliado con el organismo por USD 20.000 millones, que condicionó la política económica nacional al cumplimiento de metas de reservas y equilibrio fiscal. El Foro Economía y Trabajo, un espacio integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en documentos públicos que ese esquema subordina las decisiones sobre activos estatales a las exigencias del organismo multilateral.
En ese contexto, la privatización de Intercargo se suma a un proceso de desguace del Estado que, según datos del propio Foro, acumuló recortes reales del 86% en gasto de capital y del 61% en programas sociales desde el inicio de la gestión libertaria, mientras la deuda total con el FMI alcanzó los USD 57.100 millones al cierre de 2025.
Un nuevo frente judicial para la gestión libertaria
La causa en manos del fuero federal abre un nuevo flanco de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en un escenario donde la administración de Milei ya enfrenta investigaciones por la causa $Libra, el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni (con un patrimonio investigado que supera los USD 840.000, según la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita) y los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso de privatización de Intercargo se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sector aerocomercial, los gremios advierten que la subvaluación de activos públicos constituye un mecanismo de transferencia de riqueza a manos privadas, financiado en definitiva por el conjunto de la sociedad.
Puntos clave:
- La APA denunció penalmente a Milei, Caputo y el ex titular del BICE por la tasación de Intercargo en USD 45 millones.
- Los delitos imputados son administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica.
- La causa fue asignada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3.
- La Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía fijó el precio base de privatización el 26 de marzo pasado.
- Cerca de 1.500 trabajadores aeronáuticos están vinculados a la empresa cuya venta se investiga.
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