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Excombatientes presentan observaciones finales en la OEA para que se declare la responsabilidad del Estado argentino en la causa por torturas en Malvinas

La OEA admitió la petición de ex soldados para que se declare la responsabilidad del Estado argentino por la no investigación de las torturas en Malvinas.

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Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA admitiera en diciembre pasado la petición de ex soldados para que se declare la responsabilidad del Estado argentino por la no investigación de las torturas en Malvinas, los querellantes presentarán en los próximos días las observaciones finales que integrarán el informe que podría, además, acelerar una definición de la Corte Suprema en el ámbito nacional.

El coordinador del equipo jurídico del Centro de ex combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), Jerónimo Iraola, sostuvo que “en los próximos días presentaremos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA las observaciones finales para pedir que se declare la responsabilidad del Estado argentino por la omisión de haber investigado estos hechos a más de cuatro décadas de finalizada la guerra”.

El abogado precisó que esta petición fue admitida en el ámbito internacional “en diciembre pasado” y que resta que “el organismo presente un informe final para lo cual haremos estas últimas observaciones. El objetivo es que se declare la responsabilidad del Estado argentino por no investigar estos hechos”, añadió.

Iraola explicó que el proceso “no conlleva una sentencia sino que consiste en un pronunciamiento” y que desde el año “2015 en que fueron desclasificados los archivos, se ha presentado mucha prueba al respecto”.

En tanto, el abogado contó que en el ámbito nacional “el informe podría servir para que la Corte Suprema de Justicia tome nota de todo esto” aunque resaltó que el expediente no fue presentado con esta motivación sino con la de “poner en evidencia el ocultamiento de las violaciones a los derechos humanos y la ausencia de investigación y eventual condena” en la Argentina.

En este punto, detalló que existen “nueve recursos extraordinarios en la Corte” y que los querellantes solicitan que los jueces “entiendan que las torturas son graves violaciones a los derechos humanos, que no están prescritas y que existe el deber estatal de avanzar en la investigación y en el eventual juzgamiento”.

La primera denuncia sobre violaciones a los derechos humanos en Malvinas se consolidó en 2007, y hoy constituye una “megacausa donde se investiga a más de 100 miembros de las fuerzas armadas y donde hubo más de 200 testigos, muchos de ellos en condición de víctimas”, enumeró el letrado.

Sin embargo, los casos comenzaron a conocerse apenas terminada la guerra y “fueron constatadas en actas que luego se clasificaron hasta que en el año 2015, se desclasificó la documentación”.

Iraola añadió que en aquel contexto, “las Fuerzas Armadas estaban entrenadas no para la defensa sino para la represión de lo caracterizado como el enemigo interno, que la guerra se dio en el marco de una dictadura y que desde el 76 regía un régimen criminal que propició el terrorismo de estado”.

“En ese marco, los excombatientes fueron estaquedados, es decir, sujetarlos al piso a través de una estaca, obligados a sumergirse en agua helada, sufrieron golpes y enterramienteos y el hambre como logica de tortura”, enumeró.

En este sentido, sumó que “hay pruebas contundentes, por ejemplo, que muestran que mientras los miembros de las fuerzas comían bien y tenían todo lo que necesitaban, los soldados conscriptos sufrían y padecían y diversos tipos de torturas”.

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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