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La comunidad LGBTIQ+ protagoniza la construcción del antifascismo como consigna popular
Las declaraciones del presidente argentino Javier Milei en el Foro de Davos y sus anuncios de nuevos proyectos de ley antiderechos no hacen más que ratificar la caracterización de su gobierno como un régimen autoritario y fascista, en pleno siglo XXI. El repudio popular no tardó en llegar, protagonizado por la comunidad LGTBIQ+, que convocó a masivas asambleas antifascistas en varios puntos del país el sábado 25 de enero y definió el llamado a una Marcha Federal Antifascista y Antirracista para el 1 de febrero.
Por Emilia Trabucco*
La convocatoria tuvo la capacidad de congregar a diversos sectores que hoy resisten las consecuencias del programa antipopular: centros de estudiantes, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, de discapacidad, migrantes, trabajadores de la salud, la educación, de la cultura y el arte, de los centros de Memoria, feministas y familiares de las víctimas de femicidios y travesticidios. La asamblea de la capital del país eligió el Parque Lezama como espacio a ocupar, emblemático por haber sido el lugar de convocatoria de La Libertad Avanza para el lanzamiento como partido nacional en septiembre de 2024.
Milei viene posicionándose frente a la comunidad internacional como abanderado del combate contra la llamada “agenda woke del globalismo”, oponiéndole los “valores de Occidente”, el fundamento ideológico de las derechas neoconservadoras. En su discurso en el Foro de Davos, y ante el establishment que conformaba la audiencia, dijo que «el wokismo es la epidemia que hay que curar y el cáncer que hay que extirpar”, y enumeró a sus enemigos: «Feminismo, diversidades, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género». Identifican así las banderas que han movilizado al campo popular en la Argentina del siglo XXI: justicia social y derechos laborales, derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ y Derechos Humanos.
La antesala fue el repudio y las denuncias de diversas organizaciones y referentes políticos ante un posteo del presidente en la red X: “Los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de putas tiemblen”. Lo hizo en defensa de quien Milei llama su “amigo”, Elon Musk, tras el gesto nazi que realizó el magnate durante la asunción de Donald Trump en Estados Unidos. Se sumaron a la “cruzada ideológica” las milicias digitales mileistas, viralizando los ataques gracias al control algorítmico de los poderes que manejan las redes sociales.
La provocación y la violencia no quedaron supeditados solo al escenario digital. Un influencer mileísta defensor del nazismo y negador de la soberanía de Malvinas, Marco Palazzo, se hizo presente en la asamblea de Parque Lezama con el objetivo de provocar, por lo que fue “escoltado” por la policía ante el repudio de les asistentes. Es el modus operandi de estas milicias: en un space de X, “El Faro”, se lo puede escuchar a Palazzo ofrecerse para ir a provocar a la Marcha del Orgullo, frente a casi 3000 oyentes. Dicho espacio es conducido por Sarubbi Benítez, abogado de Fernando Cerimedo -dueño de La Derecha Diario- y parte del staff de Carajo, el streaming que conduce Daniel Parisini (El Gordo Dan); Cerimedo y Parisini son parte de las milicias digitales y granjas de troll que conduce Santiago Caputo, el asesor plenipotenciario de Milei. El Faro también es el nombre de la fundación “libertaria” que preside Agustín Laje, principal figura intelectual del armado que encabeza la “batalla cultural”, una verdadera industria de la violencia y el odio con la que sostienen la polarización de las bases populares empobrecidas por la crisis económica.
Acompañando sus declaraciones, el gobierno ha anunciado la presentación de un paquete de proyectos para derogar la Ley Micaela (capacitaciones sobre violencia de género), eliminar la figura de “femicidio” como agravante penal y reformar las leyes de lo que llaman “discriminación positiva”: cupo laboral travesti trans y de género para cargos públicos. Además, anunciaron el objetivo de implementar mayores restricciones en el acceso a la residencia, así como aranceles sanitarios y universitarios para les migrantes. Dichas iniciativas se suman a la agenda de las sesiones extraordinarias, de reformas electorales para proscribir y eliminar del juego partidos de oposición y de legalización del aparato represivo, con la Ley Antimafias y de reiterancia.
En materia económica, eliminan las llamadas retenciones -impuestos- para los sectores concentrados del campo -lo que supone un costo fiscal de 800 millones de dólares- mientras aceleran el desfinanciamiento y reducción de estructuras del Estado en un 30%. En definitiva, la contradicción entre el ajuste contra las mayorías trabajadoras, y los privilegios para los sectores concentrados de la economía es la que determina el escenario político argentino
En el marco de escalada de la violencia política y económica, discursos como el de Milei no pueden ser vistos como simples excesos retóricos. Son parte de un plan sistemático para instalar la violencia como herramienta de disciplinamiento, especialmente hacia quienes se oponen al rumbo que su gobierno, que son identificados bajo la figura del “enemigo interno” a exterminar. Es evidente que el objetivo de su gobierno es la desintegración social, la ruptura de los lazos comunitarios y la dispersión de las organizaciones populares. La pobreza avanza, el Estado se retira, y el camino queda allanado para la expansión de fenómenos como el narcotráfico en territorios liberados para el “sálvese quien pueda”.
Se presenta el desafío de pensar un programa popular en un estado de excepción, pero con la perversidad de presentarse con apariencia democrática. ¿Cómo superar la distorsión de la realidad que habilita el show mediático y el bombardeo des-informativo, que oculta intencionalmente las múltiples iniciativas populares que se despliegan y se tejen a lo ancho y a lo largo del país, aumentando el sentimiento de desamparo y vacío político al interior del proyecto de las mayorías, que hoy atraviesa profundos debates sobre su direccionalidad?
El pueblo argentino ensaya respuestas ante una profunda crisis democrática y de representación política, con verdaderos ejercicios de democracia participativa, tendientes a unificar consignas bajo los intereses de la clase trabajadora, fortalecer los espacios de organización comunitaria y tomar la calle como principal escenario de batalla. Circula además el pedido a les dirigentes de atender a las demandas de las bases que representan, principalmente ante el error estratégico de quienes, ante los ataques del gobierno, salieron a desmarcarse de ser “zurdos” o “woke”, encarnando la reacción conservadora que promueve el gobierno y desconociendo la diversidad que caracteriza a las clases trabajadoras.
Las movilizaciones populares son una respuesta clara a un gobierno que está profundizando la brecha entre ricos y pobres, la verdadera grieta detrás de las antinomias. El futuro del pueblo argentino dependerá, como ha demostrado la historia, de su capacidad de organización frente a un modelo que busca la anulación de cualquier oposición y el exterminio del otrx. Como expresó la convocatoria a la Asamblea Antifascista, la vida está en riesgo.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y de CLAE Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU.
CABA
Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.
El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.
Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.
Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.
El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.
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