Por Ian Werbin

Estudiaban la rutina de sus víctimas durante más de un año, alquilaban casas mediante la aplicación Airbnb para mantenerlas cautivas, se comunicaban a través de teléfonos de vieja tecnología para no ser rastreados y realizaban multimillonarios pedidos de rescate, así operaban los integrantes de la banda de secuestradores «más importante de la década» en la Argentina, cuyo último eslabón prófugo fue capturado esta semana.

Fuentes de la investigación informaron que el único integrante de la organización criminal que faltaba ser apresado, Sergio Alejandro Torres, fue localizado y detenido el martes por la Policía Federal en la ciudad de Rosario, a raíz de una serie de intervenciones telefónicas ordenadas por el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.

Con ese arresto son ocho los detenidos acusados de integrar una banda de secuestradores que fue desbaratada en diciembre de 2023 y que privó de la libertad a al menos tres personas desde 2021.

Esa investigación, que se encuentra a cargo del fiscal federal Matías Di llelo, contó con la colaboración la Fiscalía Federal 1 de Rosario, a cargo de Javier Arzubi Calvo, y de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), dirigida por Santiago Marquevich.

Una fuente con acceso al expediente señaló a esta agencia que «hace mucho no se veía una banda como esta» en cuanto a su profesionalismo a la hora de actuar, debido a que este tipo de delitos disminuyó drásticamente en los últimos años.

«La modalidad era impactante. Realizaban inteligencia de sus víctimas durante más de un año. Es llamativo porque los delitos que se veían habitualmente eran exprés y al voleo», aseguró el informante.

Al respecto, los voceros aseguraron que los secuestradores seleccionaban detalladamente a las potenciales víctimas, cuyas rutinas estudiaban minuciosamente.

«El perfil de las víctimas eran empresarios y petroleros. Pedían rescates de más de tres millones de dólares», especificó otra fuente consultada.

El lugar de alojamiento de los cautivos solían ser casas alquiladas que miembros de la organización alquilaban con meses de anticipación a través de la plataforma Airbnb, ubicadas en la ciudad de San Nicolás, de acuerdo a lo determinado en las investigaciones.

Una vez en cautiverio, las víctimas eran atadas de pies y manos en uno de los dormitorios, aunque sólo con el fin de mantenerlas inmovilizadas y evitar que escaparan, ya que no recibían golpes por parte de los secuestradores.

El contacto con las familias de los cautivos, tanto para pedir el rescate como para negociar el pago, se realizaba primero por escrito y luego por teléfono.

La familia de la víctima recibía inicialmente una carta con información detallada de su rutina personal y los secuestradores le brindaban al menos seis teléfonos celulares de vieja tecnología para comunicarse en distintos momentos con un negociador que interactuaba con la voz distorsionada.

Además, dichos dispositivos estaban numerados del 1 al 6 para diferenciarlos, mientras que tenían la tarjeta SIM intervenida con un esmalte y la pantalla rota para que del otro lado no pudieran obtener ningún tipo de información sobre los captores.

En uno de los casos, registrado en enero del 2023, la banda logró cobrar un rescate de 580.000 dólares a cambio de la liberación de un joven de la ciudad de Ramallo que permaneció secuestrado más de 48 horas.

Ese rescate fue cobrado en una estación de servicio de Avellaneda, a través de un sistema de postas establecido por los captores a lo largo de la ruta 9, donde dejaron un séptimo teléfono para comunicarse durante el final de la negociación.

En otro de los hechos investigados -sucedido en octubre del año pasado- el grupo criminal llevó adelante un secuestro múltiple, en el que retuvo durante unos días a una mujer de 50 años y su hijo de 12, quienes finalmente fueron liberados sin que se pagara el rescate, ya que los delincuentes detectaron que detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) habían intervenido en la investigación de los secuestros.

Según establecieron los pesquisas, la banda contaba para hacer sus tareas de investigación con una camioneta Renault Traffic ploteada como una ambulancia y con varios uniformes policiales falsos.

En cuanto a los miembros de la organización criminal, los pesquisas señalaron que era liderada por Claudio Daniel Coto, encargado de alquilar las viviendas y negociar con los familiares de los rehenes.

Un episodio clave que permitió a los detectives identificar a Coto fue cuando en una de las conversaciones que mantuvo con los familiares de uno de los secuestrados, el distorsionador de voz falló y se logró captar su verdadero tono del habla.

Otro de los cerebros de la organización, y quien para los pesquisas era el «jefe de operaciones», fue identificado como Néstor Adrián Santabaya, quien actualmente se encuentra detenido en la Alcaldía I bis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras ser detenido por un robo millonario a una financiera porteña en octubre último, agregaron las fuentes.

La banda se completaba con otro sospechoso detenido identificado como Sebastián Ezequiel Pugliese, a quien se le adjudica ser quien captaba a las víctimas, las cuidaba durante el tiempo de cautiverio e iba a cobrar el dinero de los rescates.

Pugliese -según los investigadores- actuaba junto a Emiliano Mario Andrés Acuña y el recientemente detenido Torres, mientras que Silvia Beatriz López y Nicolás Adrián Santabaya (hijo de Néstor), estaban a cargo de la logística de la organización, según la acusación del Ministerio Público Fiscal.

Los ocho señalados partícipes de la banda permanecen apresados e imputados por los delitos de «asociación ilícita», «secuestro extorsivo» y «robo».