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Pastoral Social pide «redistribución para cerrar brecha social»

«Estamos frente al enorme desafío de crear fuentes de trabajo con un salario digno que sostenga su poder adquisitivo», sostuvieron. Reiteraron que «los planes sociales son necesarios en la coyuntura, hasta la consolidación de modelos de economía popular sustentables».

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El presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Jorge Lugones, advirtió hoy sobre la necesidad de «reconstruir la confianza en nuestro país y generar un acuerdo político, social y empresarial para profundizar las políticas de redistribución del ingreso para cerrar la brecha social».

En el marco del cierre del encuentro de la Semana Social 2022, Lugones abogó por la puesta en marcha de «políticas públicas que salgan del cortoplacismo», al advertir que se necesita «más responsabilidad y espíritu crítico ante el poderío mediático que, respondiendo a intereses económicos sectoriales, niega la discusión inteligente de las ideas y el discernimiento de la realidad».

«Estamos frente al enorme desafío de crear fuentes de trabajo con un salario digno que sostenga su poder adquisitivo», dijo y reiteró que «los planes sociales son necesarios en la coyuntura, hasta la consolidación de modelos de economía popular sustentables».

De todos modos, aclaró que resulta «imprescindible» aplicar un «verdadero plan de desarrollo humano integral que incluya un proyecto de repoblación de nuestro país para encauzar la angustiante necesidad de tierra, techo y trabajo que tiene gran parte de nuestro pueblo».

Al leer las conclusiones del encuentro religioso, Lugones sostuvo que «el gran ordenador de la vida humana y la felicidad es el trabajo digno, entendiendo que la posibilidad de que acceder al mismo no es un problema individual, sino que es la consecuencia de un modelo que debe anteponer la producción a la especulación, la distribución a la concentración y el acaparamiento, el bien común a la rentabilidad sectorial».

El titular de la Comisión Episcopal de Pastoral Social recordó que «el empresario es una figura fundamental de toda buena economía», aunque al mismo tiempo «el verdadero empresario es el que conoce a sus trabajadores porque trabaja junto a ellos y con ellos».

A lo largo de los últimos tres días expusieron empresarios e industriales de diversas escalas y se llegó a la conclusión de que «no se puede generar empleo de buena calidad sin una presencia activa del Estado en apoyo a las empresas y sobre las pymes, generando una articulación público/privado que genere estabilidad en las reglas», subrayó el prelado.

«Tras este encuentro hemos escuchado con preocupación los datos sobre la desigualdad económica en nuestra patria, que la concentración excesiva de la riqueza desalienta el empleo nacional y estimula el ahorro fuera del país, el consumo externo y la fuga de divisas», dijo monseñor Lugones y advirtió que aunque «se verifica crecimiento en la actividad económica y del empleo, sigue habiendo hermanos en situación de pobreza».

«Entre las conclusiones que hemos llegado es que es necesario defender el sistema democrático, teniendo presente que la administración de la vida en sociedad no es sólo tarea del poder político, sino también del Judicial, del económico y que al mismo tiempo es tarea de todos cuidar la voluntad soberana del pueblo».

Lugones expresó: «Como pastores a los que se nos confió esta tarea de iluminar la labor de la pastoral social del episcopado entendemos que debemos aunar todos los esfuerzos para construir los acuerdos que permitan garantizar el trabajo digno y la integración para todos los habitantes de nuestro país».

Tras dos años de virtualidad, la Pastoral Social se reunió de forma presencial por tres días en el hotel 13 de Julio de Mar del Plata, bajo el lema «Integración y trabajo para una patria de hermanos», donde expusieron diferentes autoridades eclesiásticas, políticos y gremialistas con una fuerte convocatoria al diálogo, la integración humana y la creación de empleo digno.

Salud 🩺

El suicidio ya mata más jóvenes que los accidentes: récord histórico en 2025

El Sistema Nacional de Información Criminal confirmó 5.209 muertes por suicidio en 2025, un salto del 22,6% respecto al año anterior. La cifra convierte al suicidio en la principal causa de muerte entre los 15 y los 34 años, desplazando a los siniestros viales. El desfinanciamiento de la salud mental bajo la gestión Milei agrava un cuadro que ya no admite eufemismos.

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El Argentino Diario-Jóvenes-Adolescentes.
14 muertes por día: el costo humano del ajuste que Milei no menciona en ningún discurso.

El último reporte del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, registró 5.209 muertes por suicidio durante 2025, el mayor salto interanual desde que se mide la estadística: un 22,6% más que en 2024, cuando se habían contabilizado 4.249 casos. En términos de tasa poblacional, el índice trepó de 9,7 a 11,8 suicidios por cada 100.000 habitantes, el incremento más abrupto registrado en al menos nueve años de medición sistemática.

El informe, difundido por el Observatorio de Política Criminal, advierte que el suicidio en Argentina ya superó a los siniestros viales como la principal causa de muerte en el grupo de 15 a 34 años, una franja que concentra el mayor dinamismo de la curva ascendente. El período 2017-2025 acumula un incremento del 57,6% en casos absolutos, o del 43,9% si se pondera el crecimiento demográfico.

La trasmutación de la violencia

El Observatorio de Política Criminal pone el dato en perspectiva con una lectura que incomoda al discurso oficial: la tasa de suicidios cuadruplicó en 2025 a la de homicidios. Mientras los suicidios registraron 11,8 casos por cada 100.000 habitantes, los homicidios dolosos marcaron 3,6 en el mismo período. El director del Observatorio, el abogado Ariel Larroude, lo describió con precisión: «Lo que tratamos de mostrar es que, si bien se puede ‘celebrar’ que Argentina bajó mucho los homicidios, hay una trasmutación de la violencia, que pasó de ser interpersonal a personal».

La lectura de Larroude no establece una relación de causalidad directa entre los datos, sino una fotografía del arquetipo de cómo está configurada la violencia en América Latina y en la Argentina actual. Una violencia que, lejos de desaparecer, se vuelca hacia adentro y obliga al Estado a intervenir con políticas de prevención que hoy brillan por su ausencia.

Los jóvenes, la franja más castigada

Aunque el reporte de 2025 del SNIC no desagrega los datos por edad, el análisis acumulado hasta 2024 confirma que el 45% de las 4.249 personas que se quitaron la vida ese año eran adolescentes y jóvenes de entre 15 y 34 años. En términos absolutos: 561 jóvenes de 20 a 24 años, 567 del tramo de 25 a 29, y 486 de entre 30 y 34. En el segmento de 15 a 19 años, el número se sostiene alrededor de los 380 casos anuales desde 2018, con un pico de 432 ese año.

Para Larroude, la franja de 20 a 34 es «la más complicada». El especialista señaló que los factores de riesgo combinan el triángulo clásico de ansiedad, depresión y aislamiento con el consumo problemático de sustancias y, de manera cada vez más pronunciada, «la falta de puestos de trabajo formal y la crisis de endeudamiento, lo que afecta a los jóvenes y a los adultos mayores». Según datos de la SEDRONAR que cita el informe, el consumo de marihuana y cocaína se triplicó en los últimos años en la población económicamente activa.

El mapa provincial: Entre Ríos y La Rioja en el extremo

El análisis por jurisdicción revela una desigualdad territorial que exige respuestas diferenciadas. Entre Ríos encabeza el ranking con una tasa de 20,8 suicidios por cada 100.000 habitantes en 2025 y un incremento del 81,1% respecto a 2017. Le siguen San Luis (18,9; +152,6% en el período), Salta (17,4; +26,6%), Santa Cruz (16; +24,4%) y Catamarca (14,2; +55,3%). En el otro extremo, las tasas más bajas se registran en Río Negro (6,5), Neuquén (7,8) y Corrientes (8).

El caso más estremecedor lo protagoniza La Rioja: pasó de 13 suicidios en 2017 a una tasa equivalente a 50 por cada 100.000 habitantes en 2025, un incremento del 284,6% que no tiene parangón en ninguna otra provincia. Los especialistas alertan que esas variaciones geográficas extremas también reflejan problemas en la recolección y armonización de datos entre ministerios, lo que agrava aún más el subregistro.

Presupuesto en caída libre, demanda en alza

El crecimiento exponencial de la demanda colisiona de frente con el vaciamiento del Estado como garante de salud pública. Según el informe del Observatorio de Política Criminal, 2025 fue uno de los años con más bajo porcentaje de ejecución presupuestaria en salud mental: apenas el 31,2%, por debajo incluso del 36% de 2017. El dato resulta más grave si se considera que la demanda de atención en salud mental registró un aumento sostenido en todas las jurisdicciones durante el mismo período.

Este medio ya documentó en mayo de 2026 que el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación acumuló una caída del 31% en términos reales entre 2023 y 2024, con un recorte adicional del 18,2% en 2025. El Hospital Laura Bonaparte, único establecimiento público nacional especializado en salud mental, acumuló un desfinanciamiento del 46% entre 2023 y 2026. En octubre de 2024 se cerraron su guardia, su internación y la atención de demanda espontánea. El Consejo Federal de Salud Mental no fue convocado desde el inicio de la gestión libertaria, y once provincias enviaron una carta de alerta que nunca recibió respuesta.

Larroude fue directo sobre lo que se necesita: «Estamos pidiendo que se declare la emergencia en salud mental para que estas jurisdicciones tengan intervención del Estado nacional y se les asignen más recursos: más psicólogos, más expertos en salud mental». La demanda no encontró eco en una administración que redujo el gasto primario total en un 31% real desde diciembre de 2023 y el gasto de capital en un 86% en el mismo período.

Datos que interpelan a un gobierno que mira para otro lado

El subregistro es otro problema estructural que el Estado nacional no enfrenta. El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) del Ministerio de Salud registró apenas 748 muertes por suicidio en 2025, una cifra que contrasta con las más de 5.200 del SNIC porque el suicidio recién se incorporó como evento de notificación obligatoria en 2023 y los sistemas provinciales aún no están plenamente integrados. Larroude señaló que el fenómeno también interpela al sistema de justicia: «Esto te obliga a intervenir como Estado».

La cifra de 5.209 muertes en 2025 equivale a más de 14 personas por día que se quitan la vida en la Argentina. Es un número que no figura en ningún discurso presidencial, que no genera ningún decreto de emergencia y que no produce ningún llamado urgente desde la Casa Rosada, donde la agenda está dominada por la narrativa del «equilibrio fiscal» y el «superávit». El ajuste tiene un costo humano que la macroeconomía no registra.

Si necesitás hablar con alguien o conocés a alguien que lo necesite: Centro de Asistencia al Suicida, línea 135 (CABA y GBA, gratuita, las 24 horas).

Puntos clave

  • El SNIC confirmó 5.209 muertes por suicidio en 2025, el mayor salto interanual registrado: un 22,6% más que en 2024.
  • El suicidio desplazó a los siniestros viales y es hoy la principal causa de muerte entre los 15 y los 34 años.
  • La tasa de suicidios cuadruplicó en 2025 a la de homicidios: 11,8 versus 3,6 por cada 100.000 habitantes.
  • Entre Ríos lidera el mapa provincial con 20,8 casos por cada 100.000 habitantes; La Rioja acumuló un aumento del 284,6% entre 2017 y 2025.
  • La ejecución presupuestaria en salud mental fue del 31,2% en 2025, el nivel más bajo desde 2017.
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