Judiciales ⚖️
Rechazan recusación de dos jueces en causa por intento de magnicidio de Cristina Fernández
La definición de los jueces del Tribunal Oral 6 llega luego de que esta semana la joven detenida en la causa, Brenda Uliarte, designó defensa particular ante el Tribunal que prepara el juicio oral en su contra, luego de haber renunciado al patrocinio del abogado Carlos Telleldín.
Los jueces del Tribunal Oral Federal 6, a cargo el juicio por el intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, rechazaron la recusación planteada por el abogado de uno de los imputados, Gabriel Carrizo, supuesto jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como «los copitos».
Carrizo intentó recusar a los jueces Sabrina Namer y Adrián Grünberg, a quienes calificó en forma indirecta en el escrito como «kirchneristas», según el escrito.
El intento de recusación efectuado por el representante legal de Carrizo, Gastón Marano, invocó «temor de parcialidad» en virtud de la supuesta afinidad de ambos magistrados con la exvicepresidenta, querellante en la causa por el atentado contra su vida cometido el 1 de septiembre de 2022.
Uno de los motivos que esgrime el escrito se sustenta en la supuesta pertenencia de ambos a la agrupación Justicia Legítima a lo que el Grünberg respondió que dejó de formar parte «en enero de 2019» y recordó que esa entidad tiene «como propósitos principales promover un sistema de justicia más plural e independiente, tanto de los otros poderes del Estado como de los poderes fácticos, así como fomentar la transparencia en los procesos y las decisiones de los jueces».
En el mismo sentido, agregó: «Estoy plenamente convencido que en mi actuación como juez nunca me he desviado del camino que aquellos principios señalan».
Namer, por su parte, respondió que nunca integró Justicia Legítima pero sí otras organizaciones del Poder Judicial insospechadas de kirchneristas como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN), la Asociación de Jueces Federales (AJUFE), la Asociación de Jueces de Tribunales Orales Federales (JUTOF) y la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA).
«Soy una jueza legítima, pero nunca integré la agrupación Justicia Legítima. Empero, si lo hubiera hecho, como tantos colegas a los que respeto, no advierto la valoración de esa circunstancia como una carga negativa en sí misma», afirmó.
Namer además fue objetada por el apartamiento de la causa por el Memorando de Entendimiento con Irán -en la que Cristina Kirchner es imputada- por haber sido fiscal en la investigación por el atentado contra la AMIA, a lo que la jueza contestó que «quien dio el pie para el inicio de ese trámite de recusación fui yo misma, al pedirle a las partes -pudiendo no haberlo hecho si respondía a algún interés ajeno al de la administración de justicia-, que se expidan sobre la atípica situación de mi intervención como jueza del encubrimiento de los hechos que se investigaban en la causa en la que fui fiscal».
Sobre el trabajo de Namer en la Oficina Anticorrupción (OA) durante la presidencia de Néstor Kirchner -otro de los argumentos de la recusación- la misma jueza dijo que «si bien la OA tiene una dependencia orgánica del Poder Ejecutivo, está en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, entonces a cargo de Gustavo Béliz; asimismo en esa época estaba a cargo de la Secretaría de Justicia el ex Fiscal Pablo Lanusse (hoy abogado de Mauricio Macri) y como titular de la Oficina el actual Juez de Casación Daniel Morin».
Respecto de Grünberg, Marano lo cuestionó en virtud de una supuesta afinidad con el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, a lo que el aludido respondió que son «muchas» las «personas que valoran» al constitucionalista, lo que «no significa necesariamente identidades de pensamientos o de ideologías políticas por parte de todos sus ‘admiradores’. Y menos aún que, si las hubiera, ello pudiera torcer la rectitud en el desempeño imparcial de un juez en un caso determinado», replicó.
La definición de los jueces del Tribunal Oral 6 llega luego de que esta semana la joven detenida en la causa, Brenda Uliarte, designó defensa particular ante el Tribunal que prepara el juicio oral en su contra, luego de haber renunciado al patrocinio del abogado Carlos Telleldín.
Los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 6 se aprestaban a designar un defensor oficial para la joven procesada pero recibieron un nuevo escrito desde la cárcel de Ezeiza en el cual ella pidió nombrar a otro letrado particular, Alejandro Cipolla, informaron fuentes judiciales
En base a los manuscritos enviados por Uliarte, la jueza del Tribunal Sabrina Namer dispuso revocar la designación de Telleldín y nombrar en su reemplazo a Cipolla.
Investigación 🔎
Curro con alas: sobreprecios y falta de controles en la compra de aviones de la Fuerza Aérea
Una investigación expuso un patrón de contrataciones cuestionadas en la adquisición de aviones Embraer, Boeing y Saab que se habría repetido desde 2021, con plazos inusualmente cortos, precios inflados y mecanismos de pago que dificultan la trazabilidad de los fondos públicos.
Irregularidades en la Fuerza Aérea: sobreprecios y licitaciones sospechosas en la compra de aeronaves
★ Una investigación periodística reveló presuntas irregularidades en la compra de aeronaves realizada por la Fuerza Aérea Argentina (FAA) durante los últimos años, con epicentro en la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR concretada en 2025. Según DataClave, la operación habría sido direccionada desde el inicio, concretada con sobreprecios, plazos inusualmente cortos y condiciones que especialistas del sector aeronáutico calificaron de irregulares.
La licitación exprés
El proceso licitatorio se inició el 30 de mayo de 2025, identificado bajo el expediente EX-2025-47131427-APN-DAM#FAA, y quedó adjudicado en menos de dos meses, un plazo que los propios reglamentos de contrataciones públicas consideran insuficiente para operaciones de esta envergadura. La convocatoria, publicada a través del portal COMPREX de la FAA, establecía como fecha límite de presentación de ofertas el 13 de junio de 2025, lo que implica apenas dos semanas de ventana para que los potenciales oferentes presentaran propuestas en una licitación internacional.
Entre las principales irregularidades detectadas figura que el requerimiento técnico fue impulsado por un ingeniero sin funciones operativas vinculadas al transporte aéreo, mientras que las especificaciones del pliego habrían sido redactadas de manera tal que solo determinados modelos pudieran calificar para presentarse. El resultado fue previsible: la adjudicación recayó sobre la firma estadounidense Regional One Inc., que resultó la única oferente calificada según los criterios establecidos.
El precio y el avión pintado de antemano
La aeronave fue adquirida por USD 4.085.000, según surge de la resolución de adjudicación de la licitación pública Nº 40/03-002-LPU25, a pesar de que al menos otra empresa, identificada como Alpha, cuyos representantes impugnaron el proceso, había ofertado un avión de características similares a menor valor. El pedido de impugnación firmado por Guillermo Galván, responsable de Alpha, fue presentado ante el Comité de Evaluación de la FAA el 9 de julio de 2025 y, según fuentes consultadas por este medio, fue descartado sin respuesta sustancial.
Uno de los elementos más llamativos del caso es que el avión adjudicado ya se encontraba pintado con los colores y el esquema institucional de la Fuerza Aérea Argentina antes de concretarse formalmente la compra. Según la denuncia, la aeronave habría sido acondicionada desde 2023, lo que alimentó las sospechas de que la operación estaba definida mucho antes de que se publicara cualquier convocatoria. De hecho, la propia licitación exigía la entrega «llave en mano» con pintura institucional ya aplicada, una cláusula inusual que encajaba a la perfección con el estado en que se encontraba el avión de Regional One Inc.
Un informe técnico posterior a la adquisición detectó, además, múltiples deficiencias en la unidad comprada: signos de desgaste excesivo, posibles fugas y faltantes de equipamiento esencial. Las observaciones técnicas contradijeron el dictamen de conformidad operativa que habilitó la operación.
Los nombres de la cadena de mando
La investigación de DataClave, publicada en diciembre de 2025, identificó a los responsables institucionales de la operación: el brigadier general Xavier Isaac, entonces jefe de la Fuerza Aérea, y el brigadier mayor Fernando Mengo, quien se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento al momento de concretarse la compra. El medio señaló también que el ex ministro de Defensa Luis Petri podría verse alcanzado por las irregularidades, dado que las adquisiciones se realizaron durante su gestión al frente de la cartera.
Otro dato que encendió las alarmas: los registros de la licitación en el portal oficial comprex.faa.mil.ar, donde debería figurar toda la documentación del proceso, ya no están disponibles públicamente. La Fuerza Aérea parece haber dado de baja los antecedentes de la compra, lo que profundiza las sospechas sobre la transparencia del procedimiento.
Cuentas escrow y trazabilidad opaca
La investigación también apuntó al mecanismo de pago utilizado: la operación se habría canalizado a través de cuentas «escrow», un instrumento legal en el comercio internacional pero que dificulta la trazabilidad de los fondos y reduce la transparencia de las operaciones con dinero público. La utilización de este esquema en compras estatales plantea interrogantes sobre el circuito de autorización presupuestaria, ya que, no se conoce ninguna Decisión Administrativa del jefe de Gabinete que aprobara la partida correspondiente, pese a que el monto total para las dos aeronaves adquiridas en el período ascendió a USD 6.856.200, una cifra que excede la competencia de autorización del jefe de la institución.
Un patrón que se repite desde 2021
El caso del Embraer ERJ-140LR no sería un episodio aislado. Según las denuncias, irregularidades similares se habrían verificado en otras adquisiciones de material aéreo realizadas desde 2021, incluyendo aeronaves de las marcas Boeing, Saab y Embraer, todas con presuntas inconsistencias en precios y procedimientos. El patrón descripto, que combina pliegos a medida, plazos acotados, adjudicatarios predeterminados y mecanismos de pago opacos, configura lo que la denuncia interna de la propia Fuerza Aérea caracterizó como «defraudación contra la Administración Pública mediante el direccionamiento de licitaciones».
Esa investigación interna fue archivada. Según fuentes militares consultadas por este medio que pidieron reserva de identidad, el expediente «corrió por los pasillos del Edificio Cóndor» hasta llegar a las puertas del Ministerio de Defensa, donde fue igualmente descartado.
Puntos clave
- La Fuerza Aérea Argentina adquirió un avión Embraer ERJ-140LR por USD 4.085.000 a través de una licitación que se adjudicó en menos de dos meses, con un pliego que habría favorecido a la firma Regional One Inc. desde el inicio.
- El avión ya estaba pintado con colores institucionales de la FAA antes de concretarse formalmente la compra, lo que sugiere una definición previa al proceso licitatorio.
- Una empresa competidora (Alpha) impugnó el proceso en julio de 2025; la impugnación fue desestimada sin respuesta sustancial.
- Los registros del proceso licitatorio fueron eliminados del portal oficial comprex.faa.mil.ar.
- El patrón de irregularidades se habría repetido en compras de aeronaves Boeing, Saab y Embraer desde 2021; una investigación interna de la propia institución fue archivada.
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