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Judiciales ⚖️

Rechazan recusación de dos jueces en causa por intento de magnicidio de Cristina Fernández

La definición de los jueces del Tribunal Oral 6 llega luego de que esta semana la joven detenida en la causa, Brenda Uliarte, designó defensa particular ante el Tribunal que prepara el juicio oral en su contra, luego de haber renunciado al patrocinio del abogado Carlos Telleldín.

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Los jueces del Tribunal Oral Federal 6, a cargo el juicio por el intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, rechazaron la recusación planteada por el abogado de uno de los imputados, Gabriel Carrizo, supuesto jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como «los copitos».

Carrizo intentó recusar a los jueces Sabrina Namer y Adrián Grünberg, a quienes calificó en forma indirecta en el escrito como «kirchneristas», según el escrito.

El intento de recusación efectuado por el representante legal de Carrizo, Gastón Marano, invocó «temor de parcialidad» en virtud de la supuesta afinidad de ambos magistrados con la exvicepresidenta, querellante en la causa por el atentado contra su vida cometido el 1 de septiembre de 2022.

Uno de los motivos que esgrime el escrito se sustenta en la supuesta pertenencia de ambos a la agrupación Justicia Legítima a lo que el Grünberg respondió que dejó de formar parte «en enero de 2019» y recordó que esa entidad tiene «como propósitos principales promover un sistema de justicia más plural e independiente, tanto de los otros poderes del Estado como de los poderes fácticos, así como fomentar la transparencia en los procesos y las decisiones de los jueces».

En el mismo sentido, agregó: «Estoy plenamente convencido que en mi actuación como juez nunca me he desviado del camino que aquellos principios señalan».

Namer, por su parte, respondió que nunca integró Justicia Legítima pero sí otras organizaciones del Poder Judicial insospechadas de kirchneristas como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN), la Asociación de Jueces Federales (AJUFE), la Asociación de Jueces de Tribunales Orales Federales (JUTOF) y la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA).

«Soy una jueza legítima, pero nunca integré la agrupación Justicia Legítima. Empero, si lo hubiera hecho, como tantos colegas a los que respeto, no advierto la valoración de esa circunstancia como una carga negativa en sí misma», afirmó.

Namer además fue objetada por el apartamiento de la causa por el Memorando de Entendimiento con Irán -en la que Cristina Kirchner es imputada- por haber sido fiscal en la investigación por el atentado contra la AMIA, a lo que la jueza contestó que «quien dio el pie para el inicio de ese trámite de recusación fui yo misma, al pedirle a las partes -pudiendo no haberlo hecho si respondía a algún interés ajeno al de la administración de justicia-, que se expidan sobre la atípica situación de mi intervención como jueza del encubrimiento de los hechos que se investigaban en la causa en la que fui fiscal».

Sobre el trabajo de Namer en la Oficina Anticorrupción (OA) durante la presidencia de Néstor Kirchner -otro de los argumentos de la recusación- la misma jueza dijo que «si bien la OA tiene una dependencia orgánica del Poder Ejecutivo, está en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, entonces a cargo de Gustavo Béliz; asimismo en esa época estaba a cargo de la Secretaría de Justicia el ex Fiscal Pablo Lanusse (hoy abogado de Mauricio Macri) y como titular de la Oficina el actual Juez de Casación Daniel Morin».

Respecto de Grünberg, Marano lo cuestionó en virtud de una supuesta afinidad con el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, a lo que el aludido respondió que son «muchas» las «personas que valoran» al constitucionalista, lo que «no significa necesariamente identidades de pensamientos o de ideologías políticas por parte de todos sus ‘admiradores’. Y menos aún que, si las hubiera, ello pudiera torcer la rectitud en el desempeño imparcial de un juez en un caso determinado», replicó.

La definición de los jueces del Tribunal Oral 6 llega luego de que esta semana la joven detenida en la causa, Brenda Uliarte, designó defensa particular ante el Tribunal que prepara el juicio oral en su contra, luego de haber renunciado al patrocinio del abogado Carlos Telleldín.

Los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 6 se aprestaban a designar un defensor oficial para la joven procesada pero recibieron un nuevo escrito desde la cárcel de Ezeiza en el cual ella pidió nombrar a otro letrado particular, Alejandro Cipolla, informaron fuentes judiciales

En base a los manuscritos enviados por Uliarte, la jueza del Tribunal Sabrina Namer dispuso revocar la designación de Telleldín y nombrar en su reemplazo a Cipolla.

Investigación 🔎

Espert a indagatoria por lavado vinculado al narcoempresario Machado, condenado en EE.UU.

El juez federal Lino Mirabelli fijó para el próximo martes la declaración indagatoria del ex diputado libertario. También fue citado su contador, Mariano Cosentino. La causa gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares que la Justicia considera un intento de blanquear fondos de origen ilícito.

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El Argentino Diario-José Luis Espert.

El juez federal Lino Mirabelli fijó para el próximo martes la declaración indagatoria del ex diputado libertario José Luis Espert. La convocatoria se produjo a pedido del fiscal federal Fernando Domínguez y alcanzó también al contador del imputado, Mariano Cosentino. La causa investiga una transferencia de 200.000 dólares que la Justicia considera un intento de blanquear fondos vinculados al narcotráfico internacional.

El ex diputado José Luis Espert deberá declarar ante la Justicia federal el próximo martes. El juez Lino Mirabelli dispuso la citación a indagatoria luego de que el fiscal federal Fernando Domínguez lo solicitara formalmente en los días previos. La audiencia involucra también al contador de Espert, Mariano Cosentino, cuya vinculación con la operatoria financiera investigada es objeto de análisis por parte de los investigadores.

La transferencia de los 200.000 dólares y la conexión con Machado

En el centro de la investigación se encuentra una transferencia de 200.000 dólares que el empresario aeronáutico Federico «Fred» Machado realizó a favor de Espert. El ex legislador sostuvo desde el inicio de la causa que ese dinero correspondía a honorarios por un contrato de asesoría minera en Guatemala. Sin embargo, la Justicia determinó que ese documento era falso: Espert nunca viajó a ese país y las minas referenciadas en el contrato no se encontraban operativas.

La figura de Machado resulta central para comprender la dimensión de la causa. El empresario fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico internacional. En ese contexto, la fiscalía sostiene que los fondos recibidos por Espert tendrían origen ilícito y que el contrato de consultoría habría funcionado como mecanismo para dar apariencia de legalidad a esa transferencia.

Autos de alta gama y fideicomisos inmobiliarios

La investigación no se limita al origen de los fondos. El fiscal Domínguez sostiene que Espert habría utilizado parte de ese dinero de procedencia presuntamente ilícita para adquirir vehículos de alta gama e integrar cuotas en un fideicomiso inmobiliario. Esas operaciones son analizadas como posibles eslabones de una cadena destinada a disimular el origen del capital recibido de Machado.

Bienes congelados y prohibición de innovar

La situación procesal de Espert es de creciente presión. El ex candidato de La Libertad Avanza mantiene una prohibición de innovar sobre su patrimonio, y el total de sus bienes y cuentas financieras se encuentra congelado de manera preventiva por disposición judicial. La citación a indagatoria del próximo martes representa la escalada más significativa de la causa hasta el momento, ya que será la primera vez que Espert deba responder formalmente ante el magistrado.

En junio pasado, la Cámara Federal de San Martín confirmó la prohibición de innovar y el congelamiento de bienes, en un fallo que además instó al juzgado de primera instancia a acelerar el trámite del expediente. Esa resolución fue el segundo revés consecutivo para la defensa de Espert, que previamente también había fracasado en su intento de unificar los dos expedientes que enfrenta el ex legislador en distintas jurisdicciones.

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