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Judiciales ⚖️

Testigo clave del caso Lucas González

El testigo clave del crimen de Lucas González aseguró hoy al declarar en el juicio que escuchó «entre siete y nueve disparos» y luego un grito «desesperante» de los chicos.

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Un hombre que se convirtió en testigo clave del crimen de Lucas González (17) cuando paseaba a su perro por el lugar donde el adolescente y sus tres amigos fueron atacados a tiros por policías de la Ciudad en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, aseguró hoy al declarar en el juicio que se le sigue a 14 integrantes de la fuerza porteña que escuchó «entre siete y nueve disparos» y luego un grito «desesperante» de los chicos, al tiempo que vio a los efectivos «nerviosos y alterados».

Se trata de Nicolás Connell Farrel (33), de nacionalidad venezolana, quien la mañana del 17 de noviembre paseaba a su perro por el parque Iriarte, cuando presenció el momento en el que el Volkswagen Suran en el que iban los adolescentes que acababan de salir de entrenar del club Barracas Central fue interceptado y baleado por tres efectivos de una Brigada de la Policía de la Ciudad vestidos de civil.

«Lo primero que pensé es que era un robo o un asalto, no se escuchó ningún tipo de voz de alto ni nada, sino que sólo se escuchó cuando un auto interceptó al otro y los tiros, de siete a nueve disparos aproximadamente», describió el testigo ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño que juzgan a tres policías por el asesinato de Lucas y a otros 11 por el posterior encubrimiento del hecho.

El hombre señaló que si bien no vio quienes realizaron los disparos advirtió que «por el sonido, venían desde el Nissan» Tiida, perteneciente a la Brigada 6 de la Comuna 4 de la policía porteña.

En el inicio de su declaración, el testigo dijo que ese día se encontraba paseando a su perro por el parque Iriarte cuando escuchó «un frenazo y disparos», y observó a «las personas del auto Nissan obstruyendo a la (Volkswagen) Suran».

«No escuché ni voz de alto ni sirenas, y tampoco ninguna baliza», aseguró el testigo, quien negó que el vehículo Nissan Tiida tuviera alguna identificación policial.

En su exposición, el testigo relató que la Suran continuó su trayecto y pasó por arriba del boulevard ubicado sobre la avenida Iriarte en sentido a Luzuriaga.

En tanto, sostuvo que del otro auto, del Nissan, quedó detenido sobre la avenida Iriarte, tres personas «se bajaron nerviosas», y que rápidamente llegaron patrulleros al lugar.

Connell Farrel agregó que, en los minutos posteriores, vio a los tres policías «alterados» y que se estaban «ayudando entre ellos».

«Tenían una especie de chaleco, pero no recuerdo si estaban identificados como policías. Si tenían algo en la mano, no lo vi», añadió.

Luego, recordó que el Volkswagen Suran -en el iban Lucas, Julián Salas (19), Joaquín Zuñiga (19), y Niven Huanca (19)- continuó andando por la calle Luzuriaga.

«Los chicos estaban gritando por ayuda. Era un grito desesperante. Vi a uno que bajó del auto y que empezó a correr detrás de él también gritando. El que estaba manejando también estaba gritando», recordó.

«Esperé unos 15 minutos, caminé en dirección a mi casa y veo sobre la calle Alvarado la situación de unos patrulleros que habían interceptado a la Suran. No me permitieron pasar, ahí tomé un video corto que no sé si aporta mucho», indicó el testigo, quien describió ese momento como «desconcertante».

Luego, a pedido del abogado Fernando Soto, defensor de los tres policías acusados de homicidio, Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), se exhibió una entrevista del testigo al canal Crónica TV.

Soto intentó confrontar la declaración judicial de Connell Farrell con los dichos en esa entrevista periodística, en la que dijo que la Suran se llevó por delante a uno de los policías y al Nissan Tiida.

«No cambié las versiones. Para mi declaración recordé lo que sucedió», se defendió el testigo antes de finalizar su exposición.

Por su parte, el fiscal Guillermo de la Fuente sostuvo que en caso de querer contradecir el testimonio de Connell Farrel debía hacerlo con lo que anteriormente había expuesto en la etapa de instrucción y no en una entrevista televisiva, que no tiene validez probatoria en el debate oral.

Connell Farrel fue uno de los principales testigos del hecho y clave para la reconstrucción realizada por el fiscal de instrucción de la causa, Leonel Gómez Barbella, llevada a cabo el 7 de diciembre de 2021, en la cual intervinieron los amigos de Lucas, su familia, además de los acusados y sus defensores y peritos de la Policía Federal Argentina.

El crimen del jugador de las divisiones inferiores del club Barracas Central fue cometido el 17 de noviembre de 2021 cuando iba junto a sus amigos a bordo de un Volkswagen Suran que fue interceptado por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.

Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que «plantaron» un arma en el auto de las víctimas.

A los tres miembros de la Brigada la Justicia les adjudica la coautoría del delito de «homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial».

Además, enfrentan cargos por las «tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley», en el caso de los amigos de Lucas.

En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, están siendo juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos los otros chicos.

Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.

También llegan a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).

Educación

Milei lleva la Ley de Financiamiento Universitario a la Corte para intentar frenarla

Luego de acumular dos derrotas judiciales consecutivas, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal para intentar que el máximo tribunal suspenda la norma. Si el tribunal rechaza el pedido, el Gobierno tiene previsto recurrir en queja directamente ante la Corte Suprema.

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El Argentino Diario-UBA-Aumento Salarial-Docentes universitarios.

El Gobierno busca llegar a la Corte para suspender la Ley de Financiamiento Universitario

El gobierno de Javier Milei presentó un recurso extraordinario federal ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que el expediente sea elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795), según confirmaron fuentes oficiales.

La maniobra llega luego de dos fallos adversos consecutivos: en primera instancia, el juez federal Enrique Cormick declaró que el Decreto 759/2025, con el cual el Ejecutivo había suspendido la ejecución de la norma, tenía rasgos de «arbitrariedad e ilegalidad manifiesta»; y el 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, integrada por los magistrados Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó la medida cautelar y rechazó la apelación del Gobierno al calificar sus argumentos de «poco serios».

Si la Cámara Federal acepta el recurso extraordinario, el expediente pasará a la Corte Suprema, que tendrá la última palabra. En caso contrario, el oficialismo no descarta presentar un recurso en queja directamente ante el máximo tribunal para forzar su intervención.

https://elargentinodiario.com.ar/zona-destacada/17/04/2026/reforma-laboral-el-gobierno-acudio-a-la-corte-con-un-per-saltum-para-destrabar-la-ley/

La historia de una ley vetada, insistida y aun incumplida

La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto de 2025 y vetada de manera total por el presidente Milei el 11 de septiembre. Sin embargo, el Senado y la Cámara de Diputados insistieron en su sanción, dejando sin efecto el veto con los dos tercios requeridos constitucionalmente. En el último día del plazo legal, en octubre de 2025, el Ejecutivo se vio obligado a promulgarla; pero en lugar de aplicarla, dictó el Decreto 759/2025, que subordinó su implementación a la previa definición de fuentes presupuestarias específicas, apoyándose en la Ley de Administración Financiera 24.629.

La norma obliga al Gobierno a actualizar retroactivamente los sueldos de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023, según la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor), y a recomponer los programas de becas estudiantiles. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios docentes crecieron un 158% mientras la inflación acumulada alcanzó el 280%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo del 32%, equivalente a la pérdida de más de siete salarios mensuales.

El argumento fiscal versus el mandato constitucional

La estrategia del oficialismo se asienta en un único argumento: la aplicación de la ley pondría en riesgo el equilibrio fiscal, que el Gobierno presenta como su principal logro de gestión. Estiman que el costo de cumplir la norma asciende a 2,5 billones de pesos, en línea con lo que el sindicato docente de la UBA calculó en 2,734 billones.

Sin embargo, la Justicia ya rechazó ese razonamiento en dos instancias. La Cámara subrayó que el impacto fiscal de la medida ronda apenas el 0,23% del PBI, que la ley fue ratificada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y que la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional obliga al Ejecutivo a ejecutar la norma sin margen para suspenderla mediante un decreto. El tribunal también estableció un principio clave: una ley posterior aprobada por el Congreso puede desplazar válidamente a una anterior, lo que derrumba el escudo jurídico del Decreto 759/2025.

En este contexto, la estrategia de recurrir a la Corte por vía del recurso extraordinario es la última carta disponible. Según fuentes del ámbito constitucional citadas por La Nación, es poco probable que el tribunal acceda a conceder el recurso, ya que uno de los requisitos es que exista una sentencia definitiva o equiparable, condición que una medida cautelar no cumple. Los propios especialistas advirtieron que la Corte tiene antecedentes de no expedirse sobre cautelares por no constituir sentencias definitivas.

Una táctica judicial que se vuelve patrón

El recurso por el financiamiento universitario no es un hecho aislado en la estrategia judicial del Ejecutivo libertario. Como informó este medio el 17 de abril de 2026, el mismo día en que se conoció esta presentación, el Gobierno acudió a la Corte Suprema a través de un per saltum para intentar destrabar la Ley de Reforma Laboral (Nº 27.802), cuya aplicación también fue frenada judicialmente luego de una demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT). En ambos casos, el patrón es idéntico: el Ejecutivo aprueba o aplica normas que generan rechazo judicial o social, y cuando la Justicia ordena su suspensión o su cumplimiento, escala el conflicto hacia la Corte en lugar de acatar los fallos de las instancias inferiores.

La diferencia es que en el caso universitario el Gobierno no quiere que se aplique una ley que le ordenan cumplir; en el laboral, quiere que se aplique una ley que le ordenaron suspender. En los dos escenarios, el Ejecutivo convierte a la Corte Suprema en la arena donde dilata el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

Puntos clave

  • El Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal para intentar que la Corte Suprema suspenda la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795).
  • Dos fallos judiciales consecutivos ya ordenaron al Ejecutivo cumplir la norma; la Cámara calificó los argumentos del Estado de «poco serios».
  • La ley fue aprobada por el Congreso, vetada por Milei, insistida con dos tercios y promulgada en octubre de 2025; pero nunca fue aplicada.
  • El Gobierno estima el costo de cumplimiento en 2,5 billones de pesos; la Justicia lo redujo a un impacto del 0,23% del PBI.
  • Si la Cámara rechaza el recurso extraordinario, el oficialismo prevé ir en queja ante la Corte Suprema para forzar su intervención.

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