Judiciales ⚖️
Testigo clave del caso Lucas González
El testigo clave del crimen de Lucas González aseguró hoy al declarar en el juicio que escuchó «entre siete y nueve disparos» y luego un grito «desesperante» de los chicos.
Un hombre que se convirtió en testigo clave del crimen de Lucas González (17) cuando paseaba a su perro por el lugar donde el adolescente y sus tres amigos fueron atacados a tiros por policías de la Ciudad en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, aseguró hoy al declarar en el juicio que se le sigue a 14 integrantes de la fuerza porteña que escuchó «entre siete y nueve disparos» y luego un grito «desesperante» de los chicos, al tiempo que vio a los efectivos «nerviosos y alterados».
Se trata de Nicolás Connell Farrel (33), de nacionalidad venezolana, quien la mañana del 17 de noviembre paseaba a su perro por el parque Iriarte, cuando presenció el momento en el que el Volkswagen Suran en el que iban los adolescentes que acababan de salir de entrenar del club Barracas Central fue interceptado y baleado por tres efectivos de una Brigada de la Policía de la Ciudad vestidos de civil.
«Lo primero que pensé es que era un robo o un asalto, no se escuchó ningún tipo de voz de alto ni nada, sino que sólo se escuchó cuando un auto interceptó al otro y los tiros, de siete a nueve disparos aproximadamente», describió el testigo ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño que juzgan a tres policías por el asesinato de Lucas y a otros 11 por el posterior encubrimiento del hecho.
El hombre señaló que si bien no vio quienes realizaron los disparos advirtió que «por el sonido, venían desde el Nissan» Tiida, perteneciente a la Brigada 6 de la Comuna 4 de la policía porteña.
En el inicio de su declaración, el testigo dijo que ese día se encontraba paseando a su perro por el parque Iriarte cuando escuchó «un frenazo y disparos», y observó a «las personas del auto Nissan obstruyendo a la (Volkswagen) Suran».
«No escuché ni voz de alto ni sirenas, y tampoco ninguna baliza», aseguró el testigo, quien negó que el vehículo Nissan Tiida tuviera alguna identificación policial.
En su exposición, el testigo relató que la Suran continuó su trayecto y pasó por arriba del boulevard ubicado sobre la avenida Iriarte en sentido a Luzuriaga.
En tanto, sostuvo que del otro auto, del Nissan, quedó detenido sobre la avenida Iriarte, tres personas «se bajaron nerviosas», y que rápidamente llegaron patrulleros al lugar.
Connell Farrel agregó que, en los minutos posteriores, vio a los tres policías «alterados» y que se estaban «ayudando entre ellos».
«Tenían una especie de chaleco, pero no recuerdo si estaban identificados como policías. Si tenían algo en la mano, no lo vi», añadió.
Luego, recordó que el Volkswagen Suran -en el iban Lucas, Julián Salas (19), Joaquín Zuñiga (19), y Niven Huanca (19)- continuó andando por la calle Luzuriaga.
«Los chicos estaban gritando por ayuda. Era un grito desesperante. Vi a uno que bajó del auto y que empezó a correr detrás de él también gritando. El que estaba manejando también estaba gritando», recordó.
«Esperé unos 15 minutos, caminé en dirección a mi casa y veo sobre la calle Alvarado la situación de unos patrulleros que habían interceptado a la Suran. No me permitieron pasar, ahí tomé un video corto que no sé si aporta mucho», indicó el testigo, quien describió ese momento como «desconcertante».
Luego, a pedido del abogado Fernando Soto, defensor de los tres policías acusados de homicidio, Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), se exhibió una entrevista del testigo al canal Crónica TV.
Soto intentó confrontar la declaración judicial de Connell Farrell con los dichos en esa entrevista periodística, en la que dijo que la Suran se llevó por delante a uno de los policías y al Nissan Tiida.
«No cambié las versiones. Para mi declaración recordé lo que sucedió», se defendió el testigo antes de finalizar su exposición.
Por su parte, el fiscal Guillermo de la Fuente sostuvo que en caso de querer contradecir el testimonio de Connell Farrel debía hacerlo con lo que anteriormente había expuesto en la etapa de instrucción y no en una entrevista televisiva, que no tiene validez probatoria en el debate oral.
Connell Farrel fue uno de los principales testigos del hecho y clave para la reconstrucción realizada por el fiscal de instrucción de la causa, Leonel Gómez Barbella, llevada a cabo el 7 de diciembre de 2021, en la cual intervinieron los amigos de Lucas, su familia, además de los acusados y sus defensores y peritos de la Policía Federal Argentina.
El crimen del jugador de las divisiones inferiores del club Barracas Central fue cometido el 17 de noviembre de 2021 cuando iba junto a sus amigos a bordo de un Volkswagen Suran que fue interceptado por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.
Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que «plantaron» un arma en el auto de las víctimas.
A los tres miembros de la Brigada la Justicia les adjudica la coautoría del delito de «homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial».
Además, enfrentan cargos por las «tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley», en el caso de los amigos de Lucas.
En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, están siendo juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos los otros chicos.
Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.
También llegan a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).
Espionaje
Espionaje a periodistas: el CELS va por la AFI macrista que la Justicia blindó
La Cámara Federal escucha al CELS, que reclama revocar el sobreseimiento de Arribas y Majdalani por las fichas ideológicas sobre periodistas y dirigentes sociales. También pide apartar al juez Martínez de Giorgi, que cerró la causa sin una sola indagatoria.
Debajo de los nombres de decenas de periodistas y dirigentes sociales, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del macrismo anotaba etiquetas como «opositor», «es kirchnerista» o «sigue páginas afines al kirchnerismo». Esas fichas terminaron en un sobreseimiento dictado sin que ninguno de los responsables fuera llamado a indagatoria. Este martes, la Cámara Federal porteña escucha los argumentos para reabrir la causa.
La audiencia se realiza ante la Sala I, integrada por los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Allí la representación legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en el expediente, pide revocar la resolución que firmó el 1° de septiembre el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, que sobreseyó al ex director de la AFI Gustavo Arribas, a su segunda Silvia Majdalani y a los ex directivos Martín Coste y Carlos Tonelli Banfi.
Las fichas que encontró Caamaño
La investigación nació el 5 de junio de 2020, cuando la entonces interventora del organismo, Cristina Caamaño, denunció el hallazgo de informes de inteligencia confeccionados por sus antecesores en el edificio de la actual Secretaría de Inteligencia. Los documentos contenían datos sobre personas que pretendían participar de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2017 y del G20 en 2018: los medios en los que trabajaban, sus posturas políticas y sus militancias.
Para cerrar la causa, Martínez de Giorgi no negó que esas tareas se hubieran realizado. Sostuvo que la información provenía de fuentes abiertas, como las redes sociales, y justificó su recopilación en las supuestas necesidades de seguridad de ambas cumbres; además, consideró que no se había probado un espionaje por razones ideológicas. El juez convirtió así el perfilamiento ideológico de periodistas en una simple precaución de seguridad.
El expediente arrastraba además una demora llamativa: la fiscal federal Paloma Ochoa había reclamado en marzo de 2021 las indagatorias de Arribas, Majdalani y los otros dos funcionarios. Cinco años después, nunca se concretaron.
«Insostenibles»: la respuesta del CELS
El CELS, junto con periodistas afectados y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), apeló la decisión en un escrito al que accedió un medio local, donde calificó los sobreseimientos de «insostenibles». El organismo recordó que la ley de Inteligencia no admite excepciones de razonabilidad o proporcionalidad para recolectar datos sobre personas por su opinión política, sino que «dice, llanamente, que resulta prohibido realizar esas acciones».
«Una ficha que compila la postura de una persona sobre temas como el aborto, el feminismo o la causa del pueblo mapuche, constituye producción de inteligencia sobre la opinión política e ideológica de la persona, independientemente de si esa información se obtuvo de un perfil público», sostuvo la querella. Que un dato sea público no autoriza al Estado a clasificar a los ciudadanos según lo que piensan.
Tras conocerse el fallo, la organización advirtió que «la decisión consolida un criterio preocupante que amplía los márgenes para la vigilancia de la actividad política y social».
El pedido para apartar a Martínez de Giorgi
Además de la revocación, el CELS pide que la Cámara aparte al juez de la causa, porque dictó los sobreseimientos «sin siquiera haber convocado a los imputados a prestar declaración indagatoria, es decir, sin haber agotado una de las instancias más elementales de contradicción que el propio proceso prevé antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo».
Según la querella, devolverle el expediente al mismo magistrado después de que fijó su postura «importaría colocarlo en una posición institucionalmente insostenible», ya que debería ordenar medidas de prueba, evaluar hipótesis alternativas y eventualmente citar a indagatoria. Sería pedirle que haga exactamente lo que se negó a hacer.
El fiscal Picardi también apeló
El fiscal federal Franco Picardi apeló el mismo fallo y reclamó que la causa avance hacia las indagatorias. A diferencia del juez, que sostuvo que las personas fichadas tenían intención de participar del G20, el fiscal afirmó que el contenido de las fichas «se corresponde punto por punto con las categorías vedadas por ley». En su recurso calificó el caso como de «extrema gravedad institucional», porque compromete la libertad de prensa, el ejercicio de los derechos políticos y la protección de la vida privada.
Una Sala que ya blindó a la cúpula de la AFI
El antecedente inmediato no invita al optimismo. A comienzos de septiembre, la misma Sala I, con las firmas de Llorens y Bertuzzi, confirmó el sobreseimiento de Mauricio Macri, Arribas y Majdalani en otra causa por espionaje ilegal: la que investigaba la infiltración sin orden judicial de correos electrónicos de dirigentes políticos, periodistas y miembros de las fuerzas de seguridad. En ese caso, los camaristas descartaron la prueba central, los discos rígidos de la AFI, por fallas en su preservación, trazabilidad e integridad. La Comisión Provincial por la Memoria ya recurrió esa decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Mientras los tribunales cierran una tras otra las causas contra el aparato de inteligencia macrista, el Gobierno de Javier Milei amplía el presupuesto y las atribuciones de la SIDE. Ese es el telón de fondo de una audiencia que definirá si el Estado puede fichar a periodistas por sus ideas sin pagar ningún costo.
Lo que tenés que saber:
- La Sala I de la Cámara Federal escucha al CELS, que pide revocar el sobreseimiento de Arribas, Majdalani, Coste y Tonelli Banfi.
- Las fichas halladas por Cristina Caamaño en 2020 incluían datos sobre medios, posturas políticas y militancias de periodistas y dirigentes sociales.
- Martínez de Giorgi sobreseyó a los imputados el 1° de septiembre sin haberlos citado nunca a indagatoria.
- El CELS pide además apartar al juez, y el fiscal Franco Picardi también apeló el fallo.
- La misma Sala ya confirmó este mes el sobreseimiento de Macri, Arribas y Majdalani en otra causa por espionaje ilegal.
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