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Judiciales

Testigo clave del caso Lucas González

El testigo clave del crimen de Lucas González aseguró hoy al declarar en el juicio que escuchó “entre siete y nueve disparos” y luego un grito “desesperante” de los chicos.

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Un hombre que se convirtió en testigo clave del crimen de Lucas González (17) cuando paseaba a su perro por el lugar donde el adolescente y sus tres amigos fueron atacados a tiros por policías de la Ciudad en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, aseguró hoy al declarar en el juicio que se le sigue a 14 integrantes de la fuerza porteña que escuchó “entre siete y nueve disparos” y luego un grito “desesperante” de los chicos, al tiempo que vio a los efectivos “nerviosos y alterados”.

Se trata de Nicolás Connell Farrel (33), de nacionalidad venezolana, quien la mañana del 17 de noviembre paseaba a su perro por el parque Iriarte, cuando presenció el momento en el que el Volkswagen Suran en el que iban los adolescentes que acababan de salir de entrenar del club Barracas Central fue interceptado y baleado por tres efectivos de una Brigada de la Policía de la Ciudad vestidos de civil.

“Lo primero que pensé es que era un robo o un asalto, no se escuchó ningún tipo de voz de alto ni nada, sino que sólo se escuchó cuando un auto interceptó al otro y los tiros, de siete a nueve disparos aproximadamente”, describió el testigo ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño que juzgan a tres policías por el asesinato de Lucas y a otros 11 por el posterior encubrimiento del hecho.

El hombre señaló que si bien no vio quienes realizaron los disparos advirtió que “por el sonido, venían desde el Nissan” Tiida, perteneciente a la Brigada 6 de la Comuna 4 de la policía porteña.

En el inicio de su declaración, el testigo dijo que ese día se encontraba paseando a su perro por el parque Iriarte cuando escuchó “un frenazo y disparos”, y observó a “las personas del auto Nissan obstruyendo a la (Volkswagen) Suran”.

“No escuché ni voz de alto ni sirenas, y tampoco ninguna baliza”, aseguró el testigo, quien negó que el vehículo Nissan Tiida tuviera alguna identificación policial.

En su exposición, el testigo relató que la Suran continuó su trayecto y pasó por arriba del boulevard ubicado sobre la avenida Iriarte en sentido a Luzuriaga.

En tanto, sostuvo que del otro auto, del Nissan, quedó detenido sobre la avenida Iriarte, tres personas “se bajaron nerviosas”, y que rápidamente llegaron patrulleros al lugar.

Connell Farrel agregó que, en los minutos posteriores, vio a los tres policías “alterados” y que se estaban “ayudando entre ellos”.

“Tenían una especie de chaleco, pero no recuerdo si estaban identificados como policías. Si tenían algo en la mano, no lo vi”, añadió.

Luego, recordó que el Volkswagen Suran -en el iban Lucas, Julián Salas (19), Joaquín Zuñiga (19), y Niven Huanca (19)- continuó andando por la calle Luzuriaga.

“Los chicos estaban gritando por ayuda. Era un grito desesperante. Vi a uno que bajó del auto y que empezó a correr detrás de él también gritando. El que estaba manejando también estaba gritando”, recordó.

“Esperé unos 15 minutos, caminé en dirección a mi casa y veo sobre la calle Alvarado la situación de unos patrulleros que habían interceptado a la Suran. No me permitieron pasar, ahí tomé un video corto que no sé si aporta mucho”, indicó el testigo, quien describió ese momento como “desconcertante”.

Luego, a pedido del abogado Fernando Soto, defensor de los tres policías acusados de homicidio, Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), se exhibió una entrevista del testigo al canal Crónica TV.

Soto intentó confrontar la declaración judicial de Connell Farrell con los dichos en esa entrevista periodística, en la que dijo que la Suran se llevó por delante a uno de los policías y al Nissan Tiida.

“No cambié las versiones. Para mi declaración recordé lo que sucedió”, se defendió el testigo antes de finalizar su exposición.

Por su parte, el fiscal Guillermo de la Fuente sostuvo que en caso de querer contradecir el testimonio de Connell Farrel debía hacerlo con lo que anteriormente había expuesto en la etapa de instrucción y no en una entrevista televisiva, que no tiene validez probatoria en el debate oral.

Connell Farrel fue uno de los principales testigos del hecho y clave para la reconstrucción realizada por el fiscal de instrucción de la causa, Leonel Gómez Barbella, llevada a cabo el 7 de diciembre de 2021, en la cual intervinieron los amigos de Lucas, su familia, además de los acusados y sus defensores y peritos de la Policía Federal Argentina.

El crimen del jugador de las divisiones inferiores del club Barracas Central fue cometido el 17 de noviembre de 2021 cuando iba junto a sus amigos a bordo de un Volkswagen Suran que fue interceptado por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.

El Argentino

Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que “plantaron” un arma en el auto de las víctimas.

A los tres miembros de la Brigada la Justicia les adjudica la coautoría del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.

Además, enfrentan cargos por las “tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”, en el caso de los amigos de Lucas.

En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, están siendo juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos los otros chicos.

Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.

También llegan a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).

Argentina

PreDictadura | Causa Villazo: piden prisión preventiva para 20 acusados

El “Villazo” se inició el 20 de marzo de 1975, cuando un conjunto de tropas militares, policiales y parapoliciales “ocupó” la ciudad ubicada en el sur de Santa Fe y cometió homicidios, secuestros y tormentos sobre militantes sindicales y políticos.

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El equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario solicitó al Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) que dicte prisión preventiva a los 20 procesados por delitos de lesa humanidad en la causa conocida como “Villazo”, que aguardan el juicio en libertad, informaron fuentes del organismo.

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A través de una presentación escrita ante el TOF1 de Rosario, la APDH requirió esa medida frente al “peligro de fuga y entorpecimiento procesal” de los imputados que permanecen en libertad, indicaron a Télam fuentes de la querella.

El organismo defensor de los derechos humanos recordó que en la causa hay un solo procesado que cumple prisión preventiva, mientras que otros cuatro fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.

En un comunicado señalaron que “los demás, que gozan impunemente de libertad, representan un serio y real riesgo de fuga y con ello, la frustración del inicio del juicio que ya lleva 48 años de espera”.

Si bien el Tribunal aún no fijó la fecha de inicio del proceso oral por los hechos conocidos históricamente como “Villazo”, por la ocupación militar, policial y paramilitar de la ciudad santafesina de Villa Constitución a partir del 20 de marzo de 1975, está previsto que se sustancie en el segundo semestre de este año, indicaron desde la delegación local de la APDH.

“La petición exige que los procesados por la causa del ‘Villazo’ esperen el inicio de juicio con la imposición de prisión preventiva en cárcel común”, indicó el organismo.

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La causa por el “Villazo” juzgará homicidios, torturas, privación ilegal de la libertad y asociación ilícita, cometidos en perjuicio de 67 víctimas, en su mayoría integrantes de la Lista Marrón de la delegación Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Alberto Piccinini, que entonces estaba enfrentada a su conducción nacional, en manos del histórico dirigente Lorenzo Miguel.

El único imputado que se encuentra con prisión preventiva es el expolicía federal Roberto Raúl Squiro, mientras que los acusados Roberto Pellegrini, Ricardo Torralvo, Antonio Federico Bossié y Bernardo Luis cumplen prisión domiciliaria.

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Los restantes 20 procesados están en libertad a la espera de la realización del juicio.

“Desde la APDH exigimos proteger este proceso de lesa humanidad, que tanto camino ha recorrido en estos 10 años de lucha judicial y en las calles de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos”, agregó la querella de la APDH.

El “Villazo” se inició el 20 de marzo de 1975, cuando un conjunto de tropas militares, policiales y parapoliciales “ocupó” la ciudad ubicada en el sur de Santa Fe y cometió homicidios, secuestros y tormentos sobre militantes sindicales y políticos.

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Según la investigación, ese proceso represivo ofició como “laboratorio” de lo que un año después se extendería a todo el país tras el golpe de Estado a la presidenta María Estela Martínez de Perón.

Entre los acusados hay dos empleados jerárquicos de la empresa Acindar, que de acuerdo a la investigación prestó sus instalaciones para la represión ilegal de sus obreros, brindó información sobre ellos y pagó sobresueldos a policías para la persecución de los militantes de la Lista Marrón de la UOM.

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