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Economía 💲

La derogación del Compre Argentino afectará la producción y el empleo

Algunas de las consecuencias serían caída en las ventas, capacidad ociosa y menos innovación.

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La derogación de la mayoría de los artículos de la ley 27.437 de Compre Argentino afectará en forma negativa a la producción y el empleo de muchas empresas, advirtieron este viernes especialistas del sector.

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que publicó el jueves el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial, dejará sin efecto práctico a la ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, lo que se anticipa impactará negativamente en empresas locales de distintas cadenas de valor.

EL economista Leandro Mora Alfonsín, señaló que “es un enorme paso atrás para una agenda que asomaba como posible política de Estado más allá de los gobiernos, tras su buena ejecución los últimos tres años”.

La ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores se sancionó en 2018 y tuvo modificaciones en el Congreso en 2021. La normativa le otorga preferencias a las empresas nacionales en las compras que realiza el Estado.

La ley «no es una extravagancia de Argentina», sino que regímenes similares se aplican en distintos países del mundo, en especial en los países desarrollados, coinciden los referentes consultados.

Son conocidos los casos de Estados Unidos, China e Israel de propiciar el crecimiento de empresas nacionales en sectores estratégicos de sus economías a partir de esta iniciativa.

Al respecto, un reconocido especialista del sector industrial comentó que “una gran política que tiene la Ley es que establece la obligación de hacer acuerdos de cooperación productiva.

Esto es, que cuando el Estado y las empresas públicas compran por grandes montos al exterior, por ejemplo, un tren a China o a Francia, lo que se exige es que una parte de esos trenes se hagan en el país o que haya una inversión o una transferencia tecnológica por un 20% del de la compra de valor de la compra”.

Y agregó que “es una forma de aportar a la fabricación nacional las capacidades de una empresa líder a nivel internacional que es capaz de ganar una licitación. Es política industrial y la usan muchísimos países”.

Mora Alfonsín añadió otros factores: “Una Ley de Compre dota de mejores condiciones a empresas nacionales para proveer en proyectos que implican altas escalas, exponiéndose a competir y trabajar a niveles internacionales”.

“Ser considerados con márgenes de preferencias para proyectos hidrocarburíferos, mineros, navales o de otros sectores estratégicos apuntala oportunidades de crecimiento, desarrolla capacidades y habilita instancias de transferencia tecnológica”, sostuvo el economista.

Caída en las ventas, capacidad ociosa y menos innovación

Para los consultados, dejar sin efecto la ley implicará en el corto plazo que haya muchas empresas que vendan menos y tengan capacidad ociosa, caída de la producción y dificultades para sostener sus niveles de empleo.

En el largo plazo, la derogación generará una pérdida de capacidades tecnológicas e innovativas en las empresas, según la mirada de los especialistas.

Esto será así porque el Compre Argentino genera consecuencias positivas en términos de competitividad de las empresas, al permitirles desarrollar más escala y al prepararlas para competir a nivel internacional.

Asimismo, el Estado, al tener altos requerimientos, eleva los estándares de las firmas, algo también indispensable para acceder a los mercados externos.

En definitiva, la ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores es una herramienta de política industrial muy utilizada en distintos países del mundo para que empresas locales de sectores estratégicos tengan la curva necesaria de aprendizaje para poder competir en igualdad de condiciones.

“No hay que mirar tanto el impacto en trabajadores y consumidores, sino en la posibilidad de cierres de empresas en sectores dinámicos, con oportunidades de pegar saltos discretos de desarrollo”, afirmó Mora Alfonsín.Por su parte, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, afirmó que “para la industria la medida es un error porque a la ley hay que potenciarla, no derogarla.

¿Para qué? Para que haya más industria argentina, más pymes y, por ende, mayor cantidad de puestos de empleo”.“Hay sectores como petróleo, gas, minería en los que las grandes empresas tienen muchas necesidades de comprar bienes de capital e insumos que se producen en la Argentina. Por eso era muy importante esta ley, porque iba a permitir el desarrollo de nuevos proveedores en la industria”, agregó el empresario pyme.

Medio Ambiente 🌱

La Hidrovía quedó en manos de Jan De Nul: el negocio de los amigos de Caputo se concretó

El Gobierno nacional completó la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y adjudicó la concesión al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. La decisión se oficializó mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), publicada en el Boletín Oficial, a pesar de las advertencias de irregularidades formuladas por organismos del propio Estado.

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Jan De Nul opera el canal desde 1995. La concesión se extiende por 25 años, con posibilidad de prórroga de hasta cinco años adicionales. El contrato definitivo deberá firmarse en los próximos 30 días. Este diario alertó en febrero de 2025 que el proceso licitatorio registraba poca competencia y falta de transparencia: en la apertura de ofertas de aquel momento, solo una empresa había presentado propuesta.

Un proceso cuestionado desde el inicio

La licitación nunca estuvo exenta de polémicas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal alertando sobre irregularidades graves: ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas y cláusulas que exigen una garantía de diez millones de dólares para poder impugnar decisiones administrativas. Fue el tercer informe crítico sobre el proceso.

El diputado nacional Jorge Taiana tomó ese dictamen para exigir la suspensión inmediata de la licitación. El juez federal Daniel Rafecas rechazó el pedido cautelar, coincidiendo con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, y concluyó que no existían elementos suficientes para detener el proceso. El Gobierno siguió adelante.

La trama Neuss-Caputo-Servimagnus

El reparto del negocio no sorprende a quienes siguen la trama de poder del gobierno de Javier Milei. Este diario publicó en marzo de 2025 que los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, ligados al asesor presidencial Santiago Caputo, figuraban entre los principales beneficiarios de las privatizaciones del ciclo Milei. Los Neuss financian la Fundación Faro, que conduce Francisco Caputo, hermano de Santiago. Son dueños del Yacht Club donde se organizan cenas de recaudación para La Libertad Avanza y, en febrero de 2025, aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria de cara a las elecciones de medio término.

El Grupo Neuss figura como probable subcontratista del dragado que ejecutará Jan De Nul. Servimagnus, el socio local del consorcio adjudicatario, pertenece a Ricardo Román, cuya familia integra el mapa de empresarios vinculados al entorno del Gobierno junto a los nombres de Gustavo Elías y Juan Ondarcuhu. El periodista Alejandro Bercovich describió el esquema: una vez firmado el contrato, Jan De Nul deberá subcontratar servicios a otras empresas para cumplir con las demandas del Estado, y ahí es donde ingresa el círculo de Caputo.

Como señaló el análisis de Jesús Rivero en El Argentino, la dimensión del negocio es también geopolítica. El congresista republicano Brian Mast, aliado de Donald Trump, envió una carta al Secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una presunta «influencia maligna china» en la puja. Esa misma semana, Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, con el director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y con el embajador Alec Oxenford. El consorcio competidor DEME intentó instalar que Servimagnus tenía vínculos con capitales chinos a través de Agrofina; Jan De Nul y Servimagnus rechazaron esas acusaciones como «falsas y malintencionadas».

Las cifras de la entrega

Por la Hidrovía transita cerca del 80% de las exportaciones argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y derivados por año. Las proyecciones oficiales de la Anpyn estiman una facturación anual promedio cercana a los 628 millones de dólares para la concesionaria, con ingresos acumulados que podrían superar los 15.700 millones de dólares en 25 años. El esquema no contempla garantías ni aportes del Estado: es concesión por peaje y a riesgo empresario.

Las proyecciones prevén un crecimiento del tráfico internacional del 38,1% durante la concesión, del cabotaje un 28,2%, y del tramo Santa Fe-norte del país un 52,4%. La mayor parte de las inversiones se concentrará en los primeros siete años; la rentabilidad máxima llegaría recién a partir del año dieciséis.

El contrato está firmado en los papeles. Lo que queda por verse es cuánto de ese negocio estratégico termina en manos del círculo que rodea al poder, y cuánto le queda al país.

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