Por Marcelo Bátiz

Las provincias completarán en 2023 el sexto año consecutivo de superávit primario y el tercero de superávit financiero, en un contexto en el que, si bien la Nación mejorará el desempeño de sus cuentas públicas, continuará en situación de déficit.

Las proyecciones del equipo del ministerio de Economía, Sergio Massa, dan cuenta de un superávit primario consolidado para las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires de $ 636.825 millones y uno financiero de $ 196.928 millones, equivalentes al 0,43% y el 0,13% del PBI, respectivamente.

Ese desempeño contrasta con el de la Nación, que proyecta para 2023 un resultado financiero negativo de $5,5 billones (-3,8% del PBI) y primario de $ 2,9 billones (-2%), de acuerdo con las previsiones incluidas en el mensaje que acompaña al proyecto de ley de Presupuesto presentado al Congreso el 15 de septiembre

Para los analistas, la explicación de la diferencia excede cuestiones de eficiencia en la gestión y radican en el esquema de relaciones fiscales entre la Nación y las provincias, en el que la primera transfiere a las segundas cerca del 70% de su recaudación en concepto de coparticipación federal y otros regímenes de asignación automática, además de recursos distribuidos de manera discrecional.

Asimismo, los subsidios a sectores económicos y sociales, además del grueso del sistema previsional, están en cabeza del Estado nacional, que a su vez compensa a las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones por los eventuales déficits en los que incurran.

Télam consultó a los economistas Ariel Melamud y Sergio Chouza para que dieran su opinión sobre la continuidad de la diferente situación fiscal en la Nación y las provincias, que se extenderá en 2023, de acuerdo con las proyecciones presupuestarias.

Melamud consideró que en materia fiscal «las provincias son un mundo aparte», en un marco signado por «cómo está organizado el federalismo fiscal» en la Argentina.

Las provincias «reciben los impuestos que recauda la Nación y tienen programas de compensaciones en Salud y Educación; además, las que tienen cajas previsionales reciben compensaciones, la Nación siempre está ahí».

Para Chouza «no es algo novedoso, es una constante histórica» derivada de «nuestro arreglo tributario federal», y puntualizó que esa diferencia en los resultados fiscales de la Nación y las provincias «no necesariamente es algo que pueda ser marcado como disvalioso o negativo».

«El equilibrio fiscal no se tiene que generar a expensas de la postergación de las provincias más pobres», agregó.

Melamud planteó que «a diferencia del Estado Nacional, las provincias parten de un nivel de déficit mucho más bajo», que sirve de plataforma para los actuales niveles de superávit.

Al respecto, destacó como «fundamental» el reintegro gradual del 15% de la masa de recursos coparticipables detraídos entre 1992 y 2015: de no haberse concretado esa devolución -equivalente a un punto del PBI- el superávit consolidado provincial se transformaría en déficit y el rojo primario nacional proyectado para 2023 se reduciría a la mitad.

Pero las transferencias por coparticipación son una parte de la historia, ya que a la hora de comparar las situaciones Melamud también advirtió que las provincias no tienen los gastos que la Nación tiene con el sistema previsional, mucho más si se tiene en cuenta que «las moratorias fueron todas nacionales».

Asimismo, las jurisdicciones subnacionales «no implementan las políticas de subsidios y reciben compensaciones de la Nación para inversión pública», en tanto «los programas sociales ejecutados por las provincias también reciben transferencias corrientes de la Nación».

Chouza evaluó esa situación como «un rasgo propio de cómo está planteado el federalismo y en particular el régimen de coparticipación, con lo que se tiende a equiparar el amplísimo grado de asimetrías» existente históricamente en la Argentina.

Aseguró que «si se dejan a los distritos a la buena de Dios, lo más probable es que a algunas jurisdicciones se las esté condenando a una perpetuación de las asimetrías».

Por otra parte, recomendó observar la experiencia internacional, ya que sostuvo que «los países con regímenes federales por lo general aplican políticas para atenuar esas diferencias», y puso como ejemplo «las transferencias, muy significativas, que realiza el Reino Unido a los territorios de ultramar».

El economista de la consultora Sarandí dividió las interpretaciones del federalismo fiscal en dos posturas: «la de sectores liberales, que dicen que tiene que haber correspondencia plena entre gasto y recaudación y en algunos casos directamente postulan suprimir la coparticipación»; y la de «carácter nacional, que busca terminar con la perpetuación de algunas asimetrías históricas desde los tiempos de la concentración de recursos en el puerto».

Sobre esta última visión, advirtió que «si no se concentran los recursos en las provincias más postergadas, se las está condenando».

Sin entrar en esa evaluación, Melamud agregó a las diferencias entre la Nación y las provincias que estas últimas, a diferencia de la primera, «tienen menos acceso al financiamiento y, además, no tienen la capacidad de emitir moneda», con lo que en situaciones críticas el ajuste les cae de manera forzosa y se instrumenta a través de dos caminos; el atraso de pagos a proveedores y las remuneraciones al personal, «que representan el 50% del gasto».

En ese sentido, indicó que «con que se controle el ritmo de expansión, con una pauta salarial por debajo de la inflación la situación fiscal les va a mejorar» debido al alto componente indexatorio de la recaudación, tanto la nacional (por coparticipación) como por el principal componente de todas las administraciones provinciales: Ingresos Brutos.

El problema, advirtió, es que ese atraso en las remuneraciones «no se puede sostener en el tiempo, porque, lógicamente, los trabajadores estatales querrán recuperar lo que perdieron».

«Además, en el mediano plazo una dotación de personal que no esté bien remunerada va a jugar en contra de la calidad de los servicios que se ofrecen», subrayó.