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Santa Fe

Otra balacera al Banco de Santa Fe: “Dejá de hablar de los narcos de Rosario”

La sucursal fue baleada por delincuentes que dejaron un mensaje mafioso, y se trata del segundo ataque cometido contra una sede de esa institución en un lapso de 24 horas y el tercero en el último mes y medio, informaron este miércoles fuentes judiciales.

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La sucursal del Banco Santa Fe de la localidad de Granadero Biagorria, en el Gran Rosario, fue baleada por delincuentes que dejaron un mensaje mafioso, y se trata del segundo ataque cometido contra una sede de esa institución en un lapso de 24 horas y el tercero en el último mes y medio, informaron este miércoles fuentes judiciales.

Dejá de hablar de los narcos de Rosario si todos sabemos que vos y tu hermano son narcos“, dice el mensaje hallado en el lugar del ataque y que los pesquisas investigan a quén está dirigido.

El hecho sucedió durante la medianoche en la sucursal bancaria situada en Rivadavia y Chacabuco, en la zona céntrica de Granadero Baigorria, en el Gran Rosario.Las fuentes judiciales dijeron que un grupo de delincuentes llevó adelante un nuevo ataque con armas de fuego contra el Banco Santa Fe, que recibió 12 balazos.

La entidad financiera está ubicada a pocos metros de la comisaría 24ª de esa localidad.Voceros del Ministerio Público de la Acusación informaron que a partir de lo observado en las cámaras de seguridad, la balacera fue ejecutada por dos sospechosos que se desplazaban en moto y actualmente se encuentran prófugos.

Los balazos impactaron contra el vidrio blindado que cubre el frente de la sucursal bancaria, mientras que junto a la puerta fue hallado escrito el mensaje intimidatorio.

A raíz del hehco, tomó intervención en la causa el fiscal José Luís Caterina, quien dispuso la participación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por lo que luego de concretar los primeros rastrillajes los agentes dieron esta mañana con cinco vainas servidas en la puerta del lugar.

Se trata del segundo ataque cometido en menos de 24 horas contra una sucursal del Banco Santa Fe del Gran Rosario y el tercero en el útimo mes y medio, ya que ayer fue baleada una sucursal situada en Villa Gobernador Gálvez y el 9 de febrero amedrentaron un local en la zona sur de Rosario.

En el ataque de ayer en Villa Gobernador Gálvez, también los agresores dejaron un mensaje mafioso en el que nombran a varios cabecillas narcos.

“Pelo Duro Fernández, Teletubi Acosta y Julio Albornoz, manga de gatos de René, le están batiendo a la cana a los pibes para que los saquen del pabellón….Ahora se les viene la noche”, decía el cartel depositado junto al ingreso del banco.

Si bien la nota no está firmada, se sabe que ‘Pelo Duro Fernández’ hace referencia a Carlos Jesús Fernández, un reconocido delincuente vinculado al clan Funes; mientras que ‘Teletubi’ es Ariel Sebastián Acosta, señalado al igual que Julio Albornoz como integrante de la banda de René Ungaro, el asesino del ex jefe de la barra de Newell’s: Roberto ‘pimpi’ Caminos.

Argentina

PreDictadura | Causa Villazo: piden prisión preventiva para 20 acusados

El “Villazo” se inició el 20 de marzo de 1975, cuando un conjunto de tropas militares, policiales y parapoliciales “ocupó” la ciudad ubicada en el sur de Santa Fe y cometió homicidios, secuestros y tormentos sobre militantes sindicales y políticos.

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El equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario solicitó al Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) que dicte prisión preventiva a los 20 procesados por delitos de lesa humanidad en la causa conocida como “Villazo”, que aguardan el juicio en libertad, informaron fuentes del organismo.

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A través de una presentación escrita ante el TOF1 de Rosario, la APDH requirió esa medida frente al “peligro de fuga y entorpecimiento procesal” de los imputados que permanecen en libertad, indicaron a Télam fuentes de la querella.

El organismo defensor de los derechos humanos recordó que en la causa hay un solo procesado que cumple prisión preventiva, mientras que otros cuatro fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.

En un comunicado señalaron que “los demás, que gozan impunemente de libertad, representan un serio y real riesgo de fuga y con ello, la frustración del inicio del juicio que ya lleva 48 años de espera”.

Si bien el Tribunal aún no fijó la fecha de inicio del proceso oral por los hechos conocidos históricamente como “Villazo”, por la ocupación militar, policial y paramilitar de la ciudad santafesina de Villa Constitución a partir del 20 de marzo de 1975, está previsto que se sustancie en el segundo semestre de este año, indicaron desde la delegación local de la APDH.

“La petición exige que los procesados por la causa del ‘Villazo’ esperen el inicio de juicio con la imposición de prisión preventiva en cárcel común”, indicó el organismo.

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La causa por el “Villazo” juzgará homicidios, torturas, privación ilegal de la libertad y asociación ilícita, cometidos en perjuicio de 67 víctimas, en su mayoría integrantes de la Lista Marrón de la delegación Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Alberto Piccinini, que entonces estaba enfrentada a su conducción nacional, en manos del histórico dirigente Lorenzo Miguel.

El único imputado que se encuentra con prisión preventiva es el expolicía federal Roberto Raúl Squiro, mientras que los acusados Roberto Pellegrini, Ricardo Torralvo, Antonio Federico Bossié y Bernardo Luis cumplen prisión domiciliaria.

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Los restantes 20 procesados están en libertad a la espera de la realización del juicio.

“Desde la APDH exigimos proteger este proceso de lesa humanidad, que tanto camino ha recorrido en estos 10 años de lucha judicial y en las calles de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos”, agregó la querella de la APDH.

El “Villazo” se inició el 20 de marzo de 1975, cuando un conjunto de tropas militares, policiales y parapoliciales “ocupó” la ciudad ubicada en el sur de Santa Fe y cometió homicidios, secuestros y tormentos sobre militantes sindicales y políticos.

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Según la investigación, ese proceso represivo ofició como “laboratorio” de lo que un año después se extendería a todo el país tras el golpe de Estado a la presidenta María Estela Martínez de Perón.

Entre los acusados hay dos empleados jerárquicos de la empresa Acindar, que de acuerdo a la investigación prestó sus instalaciones para la represión ilegal de sus obreros, brindó información sobre ellos y pagó sobresueldos a policías para la persecución de los militantes de la Lista Marrón de la UOM.

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