La fiscal de Instrucción de Villa María, Juliana Companys, manifestó que “es imposible de dimensionar el dinero” que movía la organización Generación Zoe, debido a la “multiplicidad de negocios” que tenía, tanto en nuestro país, como en el exterior, mediante las estafas que realizaba con el esquema piramidal.

Y al referirse a la situación de su líder Leonardo Cositorto y el resto de los imputados por conformar el grupo de directivos acusados por el Zoegate, consideró que “es necesario endurecer las penas, debido a que existe “una legislación desactualizada que resulta leve para los delitos económicos”, ya las penas van desde dos meses a seis años de prisión. Esto redunda en que, a mitad de la condena, los responsables de estos fraudes “recuperen la libertad y terminan siendo millonarios”.

La fiscal Companys que está a cargo de “la causa madre”, que se inició en el último mes de febrero con las denuncias de los damnificados por el Grupo Zoe en la ciudad cordobesa de Villa María, señaló que las estafas “se extendieron a otras provincias y al exterior, donde se ubicaron “empresas y negocios satélites”.

En forma previa, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) habían iniciado sus propias investigaciones sobre Cositorto y sus colaboradores, por una denuncia promovida por la Organización No Gubernamental Bitcoin Argentina, por los supuestos delitos de estafas e intermediación financiera mediante el sistema conocido como ponzi.

La causa de Villa María, caratulada como “estafas reiteradas y asociación ilícita”, tiene 29 imputados por distintas responsabilidades, entre ellos a su máximo responsable, Leonardo Cositorto, Maximiliano Batista y Claudio Alvarez como algunos de los principales directivos de Zoe y que, según la fiscal, en esa ciudad cordobesa “son más de 1.050 las víctimas y hasta el momento son únicamente 176 los damnificados que denunciaron” las estafas.

En su investigación, Companys  pudo contabilizar dos millones de dólares y 15 millones de pesos, aunque tiene “conocimiento de que Zoe tenía un movimiento diario de un millón de dólares y un estimado aproximado de 120 millones dólares” al momento de la intervención judicial, ya que son alrededor de 880 damnificados que no acudieron a la justicia, “probablemente porque se trataba de dinero en negro”.

Cabe recordar que en el pasado mes de marzo, los ahorristas se encontraron con las puertas cerradas de las oficinas de Generación Zoe en Villa María y comenzaron los reclamos en las calles, porque los directivos habían tomado conocimiento de los inminentes allanamientos, y entonces “redireccionaron todo el dinero a familiares y amigos de confianza”.

«Es imposible, incalculable, dimensionar el dinero, las empresas y los negocios que manejaba Zoe, porque en algunos casos se nos hace imposible obtener información, particularmente de las inversiones que tiene en el exterior”, detalló la fiscal.

Era tanto el volumen de dinero que necesitaban de varias unidades de negocios y de otras modalidades de alianzas comerciales para colocar las inversiones, llevó a que en 2021 “crearan 15 empresas satélites, que no eran fantasmas” y todas ubicadas en Buenos Aires.

“Invertían bastante dinero en publicidad para darle el sesgo de seguridad y legitimidad al negocio, como que contaban con el respaldo del Instituto Universitario del club River Plate y de la Universidad de Salamanca, en Colombia. Sin embargo, se investigó para verificar esos datos y se constató que “todos eran falsos, no existían esos avales”, se indicó.

La maniobra para captar fondos consistía en promover inversiones en formación de coaching ontológico para el liderazgo, coaching espiritual y financiero, a cambio del pago de un interés mensual que promediaba el 7,5% que, según decían, estaban garantizados por criptomonedas Zoe Cash, explotaciones mineras en Jujuy y San Juan, entre otros supuestos avales que “tampoco existían”.

Además, la fiscal Companys consideró que “es necesario endurecer las penas”, porque sostuvo que hay “una legislación desactualizada que resulta leve para los delitos económicos”. En ese sentido, dijo que, por esa flexibilidad de la punibilidad, “para muchos es un negocio la estafa millonaria porque hay vacíos legales, como el caso de las que se cometen con las nuevas tecnologías y dinero virtual”.

Así, concluyó que “las estafas tienen penas de dos meses a seis años y con buen comportamiento se recupera la libertad condicional cumplida la mitad de la condena, con lo cual salen ricos”.