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Récord histórico: la morosidad familiar trepa al 5,7%, el nivel más alto en 15 años

Las familias argentinas enfrentan su peor crisis de pagos desde 2010, con préstamos personales y tarjetas de crédito como los sectores más golpeados por la imposibilidad de cumplir con las obligaciones financieras.

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⬛ La morosidad en los créditos destinados a las familias argentinas alcanzó en julio un récord histórico del 5,7%, según datos oficiales del Banco Central (BCRA) publicados este viernes. Se trata de la cifra más alta desde que el organismo monetario comenzó a registrar esta serie estadística en enero de 2010, marcando el noveno mes consecutivo de deterioro en la capacidad de pago de los hogares.

El salto respecto a junio fue significativo: la irregularidad pasó del 5,1% al 5,7% en apenas un mes, en un contexto caracterizado por la volatilidad de las tasas de interés y una contracción del crédito al sector privado. Este escenario refleja las dificultades crecientes que atraviesan las familias para hacer frente a sus compromisos financieros.

Préstamos personales y tarjetas: los más castigados por la crisis de pagos

El análisis detallado de las diferentes líneas crediticias revela un panorama preocupante, con aumentos que en algunos casos más que duplicaron los niveles de diciembre pasado:

Los préstamos personales registraron el deterioro más pronunciado, con una morosidad que se disparó del 3,28% en diciembre de 2024 al 7,19% en julio de 2025. Esta línea crediticia, tradicionalmente utilizada para gastos de consumo y emergencias familiares, evidencia las dificultades económicas que enfrentan los hogares.

Las tarjetas de crédito, herramienta financiera masiva entre las familias argentinas, también mostraron un salto alarmante: la irregularidad trepó del 1,74% al 4,85% en el mismo período. Este incremento de casi tres puntos porcentuales refleja la presión sobre el consumo cotidiano de los hogares.

Los adelantos experimentaron un aumento del 1,58% al 2,69%, mientras que los créditos prendarios pasaron del 1,92% al 2,75% entre diciembre y julio.

Una excepción en esta tendencia generalizada fueron los créditos hipotecarios, que mantuvieron una tasa de irregularidad baja del 0,9%, incluso menor a la registrada en junio (1%).

«Niveles no vistos desde la pandemia», advierte diputada del Frente de Todos

Julia Strada, diputada nacional por Fuerza Patria y referente del Centro CEPA, analizó en redes sociales que «la irregularidad en los créditos al sector privado muestra una tendencia ascendente ininterrumpida desde hace siete meses, alcanzando niveles no vistos desde la pandemia de COVID-19».

Según el análisis de Strada, el deterioro abarca todo el sector privado:

  • Total del sector privado: La morosidad pasó del 1,54% en diciembre de 2024 al 3,19% en julio de 2025.
  • Familias: El salto fue del 2,55% al 5,66%, «marcando un récord que no se registraba desde el año 2008», según indicó la legisladora.
  • Empresas: También evidenciaron un empeoramiento, con la irregularidad aumentando del 0,74% al 1,18% en el mismo lapso.

Un panorama que compromete el acceso futuro al crédito

Este récord histórico de morosidad plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema crediticio y sus consecuencias en el mediano plazo. El deterioro generalizado en la capacidad de pago no solo refleja las dificultades actuales de familias y empresas, sino que también puede impactar en las condiciones futuras de acceso al financiamiento.

El contexto económico actual, marcado por la volatilidad de las tasas de interés y la contracción del crédito, sugiere que las entidades financieras podrían endurecer aún más los criterios de otorgamiento, limitando el acceso al financiamiento para sectores que ya enfrentan dificultades.

Puntos clave:

• La morosidad familiar alcanzó el 5,7% en julio, récord desde 2010
• Préstamos personales lideran el deterioro con 7,19% de irregularidad
• Tarjetas de crédito registraron un salto del 1,74% al 4,85% en siete meses
• El sector privado total muestra morosidad del 3,19%, nivel pandémico
• Solo los créditos hipotecarios mantienen baja irregularidad (0,9%)

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Fallo por universidades: Caputo debe pagar $2,5 billones y el «superávit» entra en crisis

Un fallo judicial obliga al Gobierno a transferir 2,5 billones de pesos a universidades. El vencimiento impacta en el equilibrio fiscal, supera desembolsos recientes y reabre el conflicto por fondos, salarios y funcionamiento del sistema educativo.

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Lo que tenés que saber:

  • La Justicia ordenó transferir fondos a universidades por ley vigente
  • El plazo de pago vence y tensiona el esquema fiscal del Gobierno
  • El Ejecutivo evalúa apelar mientras busca alternativas para evitar el impacto
  • Universidades y gremios anticipan medidas y posibles protestas
  • El conflicto reabre el debate sobre financiamiento educativo

Un fallo judicial que obliga a pagar

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, enfrenta el vencimiento de un fallo que ordena transferir fondos a las universidades nacionales en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión judicial ratifica la vigencia de la norma y obliga al Ejecutivo a ejecutar el gasto, limitando la posibilidad de postergar pagos como venía ocurriendo.

Impacto directo en el relato del equilibrio fiscal

El monto exigido representa un desafío para el esquema económico del gobierno de Javier Milei.

El pago forzado convierte esos compromisos en una erogación inmediata, con impacto en las cuentas públicas.

Estrategia oficial: apelar y ganar tiempo

Dentro del Gobierno analizan recurrir a la Corte Suprema para dilatar el cumplimiento del fallo. Sin embargo, esa vía judicial no suspende automáticamente la obligación de pago.

En paralelo, se evalúa enviar un nuevo proyecto de ley que modifique el esquema de financiamiento universitario.

Universidades en alerta y posible conflicto

Las casas de estudio y los gremios docentes mantienen la presión para que se cumpla la ley. El sistema universitario enfrenta dificultades para sostener salarios y gastos operativos.

Además, se anticipan medidas de fuerza y posibles movilizaciones similares a las registradas en años recientes.

El reclamo involucra a todo el sistema público, con decenas de instituciones afectadas por la falta de actualización presupuestaria.

Un conflicto que escala en el plano político

El fallo judicial se suma a otros frentes abiertos vinculados a transferencias y obligaciones del Estado.

La tensión se amplifica en un contexto de caída de la recaudación y creciente presión sobre el gasto público, lo que complica la estrategia económica del Gobierno.

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