El Gobierno nacional avanzó en la digitalización total del sistema de prescripción médica, al establecer por resolución la obligatoriedad de la receta electrónica para medicamentos, estudios, prácticas y dispositivos médicos. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Resolución 2214/2025, firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones.

La normativa extiende el uso de la receta electrónica a todas las órdenes médicas, que deberán emitirse a través de plataformas registradas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS). La medida cumple con la Ley 27.553, sancionada en 2020, pero suma exigencias que impactarán directamente sobre profesionales y pacientes, especialmente en zonas con escasa o nula conectividad.

🔎 ¿Qué cambia a partir de ahora?

Toda orden médica (estudios, prácticas, medicamentos, dispositivos) deberá ser electrónica. El CUIL será el dato principal para identificar al paciente. Cada receta tendrá una Clave Única de Identificación de Receta (CUIR). Las plataformas deberán almacenar las recetas durante al menos 3 años. El papel seguirá usándose solo donde no haya conectividad suficiente.

⏳ Plazos para implementar la digitalización

45 días para identificar de forma única cada receta. 90 días para digitalizar recetas archivadas. 120 días para prescripciones restringidas (psicotrópicos, estupefacientes).

⚠️ Críticas a la medida excluyente

Aunque la medida busca mejorar la trazabilidad, reducir errores y evitar fraudes, el anuncio también genera preocupación en:

Localidades alejadas o rurales, donde la conectividad es deficiente. Pequeños prestadores y profesionales de la salud que no cuentan con sistemas informáticos adaptados. Pacientes mayores o con dificultades para manejar plataformas digitales.

Desde distintos sectores sanitarios advirtieron que una transformación de este tipo requiere inversión, capacitación y acompañamiento técnico, algo que no todos los actores del sistema están en condiciones de asumir en el plazo previsto.

💬 Opiniones divididas

Mientras sectores empresariales y grandes prestadoras de salud celebran la digitalización como un avance, desde entidades profesionales del interior del país alertan sobre la brecha digital y el riesgo de exclusión sanitaria. También se critica que la implementación se haya decidido por resolución y sin debate parlamentario, como parte de una política que prioriza la eficiencia sobre la equidad.