Jujuy
Aníbal Fernández descartó enviar fuerzas federales a Jujuy: las razones
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, expresa la preocupación del Gobierno nacional por la situación en Jujuy y cuestiona la represión a manifestantes. Destaca que lo ocurrido es consecuencia de una política desacertada y hace hincapié en la falta de autorización para el despliegue de fuerzas federales en la provincia.
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, manifestó hoy la preocupación del Gobierno nacional ante la situación en Jujuy y criticó la política desacertada implementada por la administración de Gerardo Morales. El ministro sostuvo que lo que ocurre en la provincia es una consecuencia directa de decisiones políticas erróneas y ordenó la represión de manifestantes que protestaban contra la reforma parcial de la Carta Magna provincial.
«Estamos mirando con mucho detenimiento y mucha preocupación la situación en la provincia de Jujuy. Es desagradable, no es algo positivo y es una consecuencia de una decisión política desacertada«, expresó Fernández a los medios de comunicación al llegar a la sede del ministerio.
El ministro destacó que el pueblo jujeño se opone a la reforma de la Carta Magna provincial y recordó el derecho de petición consagrado en la Constitución Nacional. Hizo hincapié en el artículo 67 del texto modificado en la reforma provincial, que impone restricciones a la protesta social.
En cuanto al envío de fuerzas nacionales a la provincia, Fernández aclaró que no tiene la orden de un magistrado o fiscal para hacerlo y afirmó que no envía fuerzas especiales «porque no corresponde». Explicó que Jujuy y Salta tienen un sistema acusatorio diferente al del resto de las jurisdicciones, y que, en caso de ser necesario, se debería enviar un oficio autorizando la presencia de fuerzas federales.
En respuesta a las acusaciones del gobernador Morales de que el Gobierno nacional incentiva las protestas, Fernández calificó las afirmaciones como mentiras y desafió al mandatario provincial a presentar pruebas y realizar las denuncias correspondientes. El ministro recalcó que las fuerzas federales no pueden intervenir en una provincia sin autorización previa y el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ley.
Asimismo, Fernández denunció la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad jujeñas durante la represión, mencionando numerosos heridos y un joven luchando por su vida debido al impacto de un cartucho de gas lacrimógeno. El ministro enfatizó que el Gobierno nacional no tiene intenciones de incitar a la violencia y subrayó la importancia de no aprobar una constitución sin la participación y aprobación del pueblo.
El saldo de la violenta represión policial ocurrida ayer en Jujuy se elevó a 170 heridos, uno de ellos en estado grave debido a un traumatismo craneal, y al menos 68 detenidos. Los manifestantes protestaban contra la reforma de la Constitución provincial, la cual fue aprobada y jurada en la Legislatura local.
Judiciales ⚖️
Acusado de envenenar a sus mellizas recién nacidas: es juzgado tras más de 8 años prófugo
El acusado, identificado como P.G.Q., fue detenido en diciembre de 2025 cuando intentaba reingresar al país por un paso fronterizo. Está acusado de homicidio calificado por la muerte de una de las niñas y de tentativa respecto de la otra, recién nacidas en 2017.
Según la acusación, dos recién nacidas fueron envenenadas y abandonadas dentro de una bolsa en un paraje rural de Jujuy: una murió y la otra sobrevivió. Nueve años después, el hombre señalado como autor, que estuvo más de ocho años prófugo, comenzó a ser juzgado.
El juicio contra P.G.Q. se inició el martes ante un Tribunal en lo Criminal integrado por los jueces Felicia Ester Barrios, Mario Ramón Puig y Pablo Pullen Llermanos. El Ministerio Público de la Acusación está representado por el fiscal Aldo Lozano. El acusado es juzgado por homicidio calificado por vínculo parental, alevosía y envenenamiento en coautoría, por la muerte de una de las niñas, y por ese mismo delito en grado de tentativa respecto de la otra.
La hipótesis fiscal
De acuerdo con el parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), durante la madrugada del 7 de julio de 2017, en una vivienda rural de Angosto del Perchel, ambas recién nacidas habrían recibido una sustancia tóxica compatible con un plaguicida. Después, las habrían metido en una bolsa y dejado en las inmediaciones del inmueble.
Las niñas fueron encontradas horas más tarde y trasladadas de urgencia para recibir atención médica. Una de ellas murió; la otra sobrevivió luego de un prolongado período de internación y de tratamiento especializado.
En noviembre de 2017, el propio fiscal Lozano sostuvo que las pericias toxicológicas evidenciaban que las pequeñas habían ingerido un plaguicida y planteó que existió un acuerdo previo para matarlas. Entonces amplió la imputación contra la madre de las niñas y dispuso la detención de dos hombres de su entorno íntimo, a quienes imputó como presuntos coautores.
Ocho años prófugo y una identificación por ADN
El acusado permaneció prófugo desde 2017 hasta diciembre de 2025, cuando fue detenido al intentar ingresar nuevamente al territorio argentino por un paso fronterizo. La detención reactivó la causa. Luego se realizaron estudios genéticos que, según la investigación, establecieron que P.G.Q. es el padre biológico de ambas niñas.
Hasta el momento no se informó dónde estuvo durante esos más de ocho años ni por qué paso fronterizo intentó reingresar. La pregunta que deja el caso es cómo un hombre requerido por la Justicia pudo permanecer tanto tiempo fuera de su alcance.
La prueba y lo que sigue
Durante la investigación se incorporaron informes médicos, pericias toxicológicas, testimonios de profesionales de la salud y declaraciones de efectivos policiales que participaron del hallazgo. Con el inicio del debate oral, las partes analizaron la prueba admitida en la etapa de control de acusación.
El tribunal deberá determinar la eventual responsabilidad penal del acusado, quien goza de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
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