DDHH
El indulto a condenados por delitos de lesa humanidad es ilegal
El presidente Javier Milei podría, en vísperas del 24 de marzo, emitir un perdón presidencial para quienes resultaron sentenciados por delitos contra la humanidad perpetrados en tiempos del terrorismo de Estado.
Abogados constitucionalistas, juristas, funcionarios judiciales y letrados querellantes en causas por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado consideraron que la eventual sanción de un indulto presidencial para los genocidas condenados sería algo “ilegal”, al asegurar que tanto las normas vigentes como los compromisos internacionales asumidos por Argentina, impiden a un jefe de Estado tomar ese tipo de decisiones.
En las últimas horas, versiones periodísticas indicaron que el presidente Javier Milei podría, en vísperas del 24 de marzo, emitir un perdón presidencial para quienes resultaron sentenciados por delitos contra la humanidad perpetrados en tiempos del terrorismo de Estado.
Una alta fuente de gobierno consultada por Somos Télam descartó que se evalúe la posibilidad de conceder un indulto a los genocidas, pero confirmó que en el oficialismo existe “preocupación” por la situación de los detenidos de avanzada edad que podrían morir en prisión.
Las objeciones de los juristas
Consultados por Somos Télam, camaristas y abogados recordaron que se encuentra vigente la ley 27156, sancionada en 2015, y que prohíbe indultar o promulgar amnistías a los delitos de genocidio o crímenes de guerra, tipificados en el Estatuto de Roma, por el cual se creó la Corte Penal Internacional.
“Las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6°, 7º y 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga”, se establece en el artículo 1 de esa normativa.
El camarista Alejandro Slokar recordó que además de este impedimento legal, existen “compromisos internacionales asumidos por Argentina que poseen rango constitucional”, y entre ellos figura la adhesión del país al Estatuto de Roma.
El magistrado se refirió así a la reforma de la Carta Magna de 1994, que estableció que los pactos internacionales firmados por el país poseen validez constitucional.
«Hay compromisos asumidos por el país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ese tipo de delitos contra la humanidad no pueden ser objeto de indultos”.- expresó Alejandro Slokar.
“Existe además toda una jurisprudencia de la Corte Suprema, que rechazó en 2007 (en el fallo Mazzeo) la constitucionalidad de los indultos a ex militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar”, señaló.
Y agregó: “Hay además compromisos asumidos por el país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ese tipo de delitos contra la humanidad no pueden ser objeto de indultos”.
Los antecedentes
La Constitución Nacional establece en el inciso 5 del artículo 99, que el jefe de Estado está facultado para ejercer la facultad de “indultar o conmutar la penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados”.
En 1989 y 1990, el entonces presidente Carlos Menem indultó a militares que cometieron violaciones a los derechos humanos, carapintadas, mandos castrenses condenados por negligencias en la Guerra de Malvinas y a integrantes de las cúpulas de las organizaciones guerrilleras que actuaron en los años ’70.
Esa decisión fue declarada inconstitucional por la Corte, en un fallo que fue suscrito por Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que aún integran el máximo tribunal.
Un fallo reciente
Ayer, la Cámara de Casación penal recordó en un fallo que ratificó las condenas a 19 represores que los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultados.
“Los Estados (…) tienen la obligación de sancionar a las personas consideradas responsables de la comisión de actos de tortura, y que la imposición de penas menos severas y la concesión del indulto son incompatibles con la obligación de imponer penas adecuada”, señala en unos de los párrafos de la sentencia que lleva la firma de Slokar.
“Toda actividad negacionista y reivindicadora del Estado terrorista debe ser repudiada en las instancias institucionales y en las calles mediante la movilización popular”, sostuvo a Somos Télam el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
Por su parte, Guadalupe Godoy, letrada querellante en varias causas de lesa humanidad que sus sustancias en los tribunales federales de La Plata, afirmó que “más allá de las provocaciones o hechos simbólicos” que se llevan a cabo con el propósito de invalidar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, “las jurisprudencias y convenciones internacionales establecen que estos delitos no se pueden indultar”.
Más allá de las provocaciones o hechos simbólicos, las jurisprudencias y convenciones internacionales establecen que estos delitos no se pueden indultar”. afirmó Guadalupe Godoy.
En ese sentido, la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la fiscal Ángeles Ramos, afirmó ante la consulta de Somos Télam que “no se trata de una cuestión opinable”, y subrayó que los delitos de lesa humanidad “no pueden ser indultados”.
CABA
Devoto: vacían la cárcel a contrarreloj, pero dejan algunos presos para la visita del Papa
La ministra Alejandra Monteoliva confirmó que entre 60 y 80 internos seguirán en Devoto cuando León XIV recorra el penal, con historias ya seleccionadas para un eventual encuentro. En dos días trasladaron 609 presos a Marcos Paz y el Gobierno promete cerrar la cárcel antes de fin de año.
El penal de Villa Devoto se vacía a una velocidad inédita, pero no del todo: entre 60 y 80 presos quedarán alojados en la cárcel porteña para recibir al papa León XIV, mientras el resto de la población penal es trasladada al nuevo complejo de Marcos Paz. El cierre definitivo, según el Gobierno, deberá esperar a que el Pontífice se vaya.
Así lo confirmó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en diálogo con el programa «Esta mañana», de Radio Rivadavia. La funcionaria explicó que los traslados serán suspendidos antes de la llegada del Papa y se reanudarán después de su partida, y precisó que ya fueron seleccionados dos o tres internos cuyas historias personales fueron remitidas para un eventual encuentro con León XIV.
Una agenda atada a la salud del Papa
La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira apostólica que incluye a Uruguay y Perú. La recorrida por el complejo penitenciario de Villa Devoto figura en la última jornada del Papa en el país, antes de viajar a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica.
El calendario, sin embargo, quedó en suspenso. El propio Pontífice anunció que será sometido a una cirugía para extraer un nódulo hallado en uno de sus pulmones, y la Conferencia Episcopal Argentina convocó a los fieles a rezar por su salud. Monteoliva admitió que la fecha podría modificarse si el Vaticano decide reprogramar el viaje: «Si hay que reprogramar, si toca redefinir, lo importante es que sea su santidad y el Vaticano quienes nos den la información final. Ajustamos, modificamos lo que haya que modificar, por supuesto, sin ningún inconveniente».
«Nosotros seguimos trabajando con el horizonte de tiempo inicial. Yo prefiero avanzar y luego posponer a dejar una tarea», agregó la ministra. La paradoja es evidente: el Gobierno acelera el desalojo de una cárcel centenaria, pero reserva una porción de sus internos para que la escena de la visita papal pueda concretarse en un penal a punto de cerrar.
609 traslados en dos días
El operativo comenzó el domingo 11 de octubre. Entre ese día y el lunes, el Ministerio de Seguridad Nacional trasladó 609 internos de Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, lo que representa el 40% de la población del establecimiento. Monteoliva habló de más de 600 movimientos con participación de las cinco fuerzas federales.
El traslado se enmarca en la Resolución 1042/2026, que dispuso la habilitación del nuevo complejo y la desafectación del uso penitenciario del penal porteño. El procedimiento quedó bajo la órbita del Comando Unificado Federal, creado por la Resolución 1018/2026, y movilizó a unos 1.000 funcionarios penitenciarios con el apoyo de 600 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con seguimiento satelital de los vehículos.
Según la versión oficial, el operativo se desarrolló de manera «progresiva, pacífica y ordenada», con evaluaciones médicas, espacios de estabilización y registro de los internos y sus pertenencias. El Servicio Penitenciario Federal aseguró que informó a los presos y a sus familias sobre los nuevos destinos y cronogramas de visitas, y que en Marcos Paz tendrán continuidad los talleres laborales y las actividades educativas.
Lo que el relato oficial no dice
Monteoliva destacó que el nuevo establecimiento ofrece mejores condiciones de alojamiento, atención sanitaria y educación. Pero el antecedente inmediato en la zona invita a la cautela. Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre los complejos federales de Ezeiza y Marcos Paz, que relevó el primer semestre de 2026, registró que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz está procesado sin condena firme, documentó 18 fallecimientos entre ambas unidades y 41 medidas de fuerza, en su mayoría huelgas de hambre.
Mudar presos a un edificio nuevo no resuelve por sí solo la sobrepoblación, la prisión preventiva convertida en regla ni las muertes bajo custodia del Estado. Tampoco el traslado masivo a una localidad del conurbano oeste facilita el contacto con las familias, uno de los pilares de cualquier política de reinserción.
Cien años y un predio codiciado
La cárcel de Devoto cumplirá 100 años en 2027. «Nuestra meta es finalizar este año con el penal de Devoto trasladado y cerrado. Ese es el objetivo», ratificó Monteoliva. El acuerdo entre Nación y la Ciudad incluyó que el gobierno porteño entregara la nueva cárcel de Marcos Paz para avanzar con el cierre.
El destino del predio ya está sobre la mesa. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anticipó que habrá un proyecto en la Legislatura que combinará espacio público, comunitario y desarrollo inmobiliario «para recuperar lo que nos costó la cárcel que se hizo en Marcos Paz». Detrás del cierre de Devoto asoma también un negocio inmobiliario sobre uno de los terrenos más valiosos del oeste porteño, cuya letra chica todavía nadie explicó.
Lo que tenés que saber:
- Entre 60 y 80 presos permanecerán en Devoto durante la visita del papa León XIV, prevista para noviembre.
- Ya fueron seleccionados dos o tres internos para un eventual encuentro con el Pontífice.
- El Gobierno trasladó 609 internos a Marcos Paz en dos días, el 40% de la población del penal.
- La fecha de la visita podría cambiar por la cirugía pulmonar anunciada por el Papa.
- La ministra Monteoliva fijó como meta cerrar Devoto antes de fin de año.
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