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La Presidencia del Senado fue admitida como querellante en la causa por el ataque al Congreso

La presidencia de la Cámara alta, a cargo de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, fue aceptada como querellante por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 5, que encabeza la magistrada María Eugenia Capuchetti.

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La Presidencia del Senado fue admitida hoy como querellante en la causa que tramita ante la Justicia Federal por el ataque contra el Congreso de la Nación, perpetrado el 10 de marzo pasado cuando se debatía en la Cámara de Diputados el aval para el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), informaron fuentes judiciales.

La presidencia de la Cámara alta, a cargo de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, fue aceptada como querellante por el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 5, que encabeza la magistrada María Eugenia Capuchetti.

En la presentación se remarcó que el despacho que ocupa la presidencia del Senado fue uno de los blancos de piedrazos que impactaron contra el edificio parlamentario e, incluso, que las manchas de pintura detectadas alrededor de sus ventanas podrían ser un indicio de que los atacantes buscaron marcar esas oficinas.

En la causa que tramita ante el fuero federal se investiga el ataque al Congreso bajo el supuesto de que el objetivo de la pedrada pudo haber sido el de interrumpir el funcionamiento de un poder del Estado (el Legislativo), por lo que los hechos podrían encuadrarse bajo las figuras de «daños agravados» e «intimidación pública».

En tanto, en el juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 23 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Norberto Circo, tramita otro expediente en el que se investiga lo que ocurrió fuera del Congreso pero bajo el prisma de los daños provocados al patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires y los enfrentamientos con la policía porteña.

«Por resultar particular y directamente damnificada la Presidencia del Honorable Senado de la Nación de los hechos ya denunciados en el marco de la presente investigación, los que aquí se reeditarán a fin de cumplimentar la manda legal, solicitaremos se tenga a nuestro mandante por parte querellante», reza el escrito presentado ante la Justicia Federal por la abogada Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado.

«El pasado 10 de marzo de 2022, en el marco de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación que tuviera por objeto tratar el acuerdo de refinanciación de la deuda externa contraída con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018 por el entonces Gobierno argentino, se concentró en la Plaza de los dos Congresos una amplia movilización de diversos sectores sociales en rechazo a dicho proyecto», reseñó Peñafort en la presentación.

«Pese a la mayoría pacífica que se manifestó libremente, pudo verificarse un grupo de personas que, apostados sobre la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, de forma coordinada, comenzaron un violento ataque sobre el Congreso de la Nación, específicamente sobre las ventanas que dieran al despacho de la Presidencia del H. Senado de la Nación», continuó la abogada.

En el momento en el que se desataron los piedrazos contra ese sector del Congreso, en las oficinas asignadas a la presidencia del Senado se encontraban la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos-Mendoza), su par Oscar Parrilli (FdT-Neuquén) y el diputado nacional Máximo Kirchner, además de otros colaboradores de la ex mandataria.

«Cabe destacar que entre los ataques con piedras, y que tuvieran como claro objetivo las oficinas mencionadas, se realizaron marcas con pintura roja sobre la zona, circunstancia que podría haber oficiado de señalización», indicó la directora de Asuntos Jurídicos del Senado en la presentación.

Los daños producidos en el frente del edificio, el despacho de la presidenta del Senado de la Nación, y el peligro al que fueran sometidas las personas que se encontraban en su interior, «recién pudieron ser evitados a partir de las 15:21 aproximadamente, cuando un cordón policial avanzó sobre la zona y dispersó al grupo de manifestantes que, incesantemente, tuvo por objetivo atentar directamente contra dicho sector del Congreso Nacional», detalló Peñafort.

Fuentes judiciales señalaron que en este expediente ya fueron identificadas al menos ocho personas que participaron de los piedrazos contra el Congreso de la Nación.

En los últimos días, los investigadores identificaron a una persona que se movía por detrás de los agresores, en una segunda línea de acción, para proveerlos de elementos contundentes.

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Milagro Sala fue internada y Rachid responsabilizó al Poder Judicial

Rachid responsabilizó a la Justicia.

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El-Argentino-Milagro Sala.

La dirigente social Milagro Sala fue internada en el Hospital Italiano tras sufrir una descompensación. La noticia fue confirmada por el médico y dirigente peronista Jorge Rachid a través de sus redes sociales: «Informo que Milagro Sala se encuentra internada en el Hospital Italiano por descompensación en su salud. Su estado es reservado en estudio».

Rachid responsabilizó a la Justicia

En el mismo mensaje, el referente del Instituto Patria apuntó directamente contra el Poder Judicial: «Hago responsable al Poder Judicial por el acoso al que la someten después de 10,5 años de detención». Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial ni mayores precisiones sobre el cuadro que motivó la hospitalización.

Una detención cuestionada desde el minuto cero

La internación volvió a poner en el centro de la escena la situación judicial de Sala. A comienzos de este año, al cumplirse 10 años de su arresto, la CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky, emitió un comunicado en el que calificó su situación como una «detención arbitraria e ilegal» y denunció persecución política y judicial. La central sindical recordó que Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 tras encabezar un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy y que desde entonces enfrentó distintos procesos que derivaron en varias condenas. La CTA también destacó que organismos internacionales de derechos humanos cuestionaron su situación procesal.

La situación generó preocupación entre dirigentes políticos, sindicales y referentes peronistas que volvieron a reclamar por las condiciones en que Sala cumple su condena. La líder de la Tupac Amaru permanece bajo arresto domiciliario en la provincia de Jujuy y es una de las figuras más emblemáticas de la provincia.

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