Investigación 🔎
Tras el hallazgo de 83 cajas con material nazi en el Palacio de Tribunales, la Corte Suprema analiza su contenido
La Justicia argentina se enfrenta a un capítulo sombrío de su historia: material de propaganda del Tercer Reich estuvo guardado durante ocho décadas en el corazón de Tribunales, revelando vínculos profundos entre organizaciones fascistas y el país en plena Segunda Guerra Mundial.
El descubrimiento fortuito que puede cambiar la historia
El hallazgo se produjo de manera fortuita durante los trabajos de reorganización del archivo judicial, cuando funcionarios de la Corte Suprema se preparaban para las obras del futuro Museo del máximo tribunal. Lo que comenzó como una rutinaria mudanza de documentos se convirtió en un descubrimiento de trascendencia histórica y mundial.
Las cajas llegaron en 1941 a bordo del vapor japonés «Nan-a-Maru», y permanecieron olvidadas por casi ocho décadas en el subsuelo del Palacio de Justicia de Talcahuano 550. El juez federal Miguel Luciano Jantus ordenó la incautación de las encomiendas el 13 de septiembre de 1941, y tres días después remitió la causa a la Corte.
La magnitud del arsenal ideológico
El material incautado abarca un universo documental que refleja la estructura organizativa del nazismo en Argentina. Los especialistas ya relevaron más de 4.600 carnets del «Deutsche Arbeitsfront» (Frente Alemán del Trabajo) y más de 400 documentos de la Unión Alemana de Gremios, cifras que dimensionan el alcance de la penetración nazi en territorio argentino.
El Deutsche Arbeitsfront fue la organización sindical nacionalsocialista que existió en Alemania durante el período nazi y la Segunda Guerra Mundial, creada después de que los sindicatos alemanes fueran suprimidos en mayo de 1933. Su presencia en Argentina evidencia la capacidad de exportación del modelo organizativo hitleriano a través del Atlántico.
Entre los documentos catalogados se encuentran libretas rojas de 32 páginas del Deutsche Arbeitsfront y otras negras de 18 páginas de la Unión Alemana de Gremios, que incluyen datos sensibles como nombres, fechas de nacimiento, profesiones y la delegación argentina de cada afiliado.
La operación de limpieza y digitalización
Al abrir una de las cajas, se confirmó que el contenido estaba destinado a consolidar y propagar la ideología de Adolf Hitler en Argentina. El trabajo de preservación está a cargo de un equipo técnico especializado liderado por Jessica Susco, directora de la Biblioteca y Museo de la Corte, con la colaboración de la restauradora María de la Paz Podestá.
Los especialistas, equipados con guantes, cofias y barbijos N95, realizan una limpieza meticulosa hoja por hoja con pinceles de pelo suave y aspiradoras de baja succión. El material, deteriorado por el paso del tiempo y la humedad, requiere un tratamiento cuidadoso antes de su digitalización.
El contexto histórico de la infiltración nazi
Cuando estalló la guerra en Europa en 1939, había una población alemana muy grande en Argentina, con unos 60.000 miembros pertenecientes al Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, una organización de alemanes que vivían en el extranjero.
Los documentos revelan la existencia de miles de seguidores de Hitler que giraron dinero a Suiza, según surge de la «Comisión Especial para la Investigación de Actividades Anti-Argentina», un organismo creado por el presidente Roberto Ortíz con el objetivo de desnazificar Argentina.
El hallazgo actualiza los debates sobre la complicidad de sectores del poder argentino con el régimen nazi, un tema que ha fascinado a historiadores durante décadas. Las rutas de escape conocidas como «ratlines» llevaron principalmente a refugios en Sudamérica, particularmente Argentina, así como Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia.
Las implicancias del descubrimiento
Los materiales de propaganda nazi que datan de 1941 fueron descubiertos en el sótano de la Corte Suprema de Argentina, lo que plantea interrogantes sobre la responsabilidad institucional en la preservación de este material durante ocho décadas.
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ordenó una revisión completa del material encontrado, acompañado por el Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, y el director del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Jonathan Karszenbaum, en un acto que reconoció la gravedad histórica del hallazgo.
La Corte Suprema mantiene abiertas todas las hipótesis sobre el origen del material y evalúa su relevancia para esclarecer aspectos desconocidos de los crímenes del Tercer Reich y su proyección en Sudamérica. En una segunda etapa se avanzará con la digitalización total para reducir su manipulación, paso previo al inicio de una investigación profunda que podría aportar nueva información sobre la actividad del nazismo en la región, las rutas del dinero y sus redes de influencia.
Puntos clave:
- 83 cajas con material nazi fueron descubiertas en el archivo de la Corte Suprema argentina, llegadas al país en 1941 a bordo del vapor japonés «Nan-a-Maru»
- El material incluye más de 4.600 carnets del Deutsche Arbeitsfront y 400 documentos de la Unión Alemana de Gremios, con datos personales de afiliados nazis en Argentina
- El descubrimiento fortuito se produjo durante trabajos de reorganización para crear el Museo de la Corte Suprema
- Un equipo especializado realiza la limpieza, digitalización e inventario del material deteriorado por el tiempo y la humedad
- El hallazgo evidencia la penetración organizativa del nazismo en Argentina, donde vivían unos 60.000 alemanes afiliados al partido nazi en 1939
- La investigación podría revelar nuevos aspectos sobre las rutas del dinero nazi y sus redes de influencia en Sudamérica
Investigación 🔎
“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA
La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.
Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones
★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.
«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.
«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.
«Pipo» y los nexos en el interior del sistema
Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.
En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.
El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.
La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
- Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
- El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
- Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
- Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.
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