La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a poner bajo la lupa al ex presidente Mauricio Macri al rechazar un recurso de queja presentado por directivos del Grupo Macri en la causa «Correo Argentino». La decisión, que llega apenas una semana después de que el mismo tribunal confirmara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, reactiva una investigación que compromete directamente al entorno empresarial del líder del PRO.

Un fallo que no admite recursos

Los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti firmaron digitalmente la resolución que desestima la presentación de Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y Jaime Kleidermacher, su representante legal. Ambos habían intentado apartar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña alegando «temor de parcialidad» y argumentando que la causa tenía «un claro contenido político» para «poner de rodillas» al ex mandatario.

La estrategia defensiva fracasó en todas las instancias. La Corte fue categórica al sostener que el recurso extraordinario «no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal», según establece el artículo 14 de la ley 48. Además, impuso a cada recurrente la obligación de efectuar un depósito económico en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de ejecución.

El trasfondo de una maniobra millonaria

La causa investiga el controvertido acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Macri y Correo Argentino S.A., controlada por SOCMA, la empresa insignia de la familia presidencial. El pacto preveía la cancelación de una deuda que incluía la aceptación por parte del Estado de licuar el 98,87 por ciento de la misma, una operación que la fiscal Gabriela Boquin calificó como «ruinosa» y «abusiva».

El actual líder del PRO cuando era presidente de la Argentina intentó usar plata del Estado para pagar la deuda que le debía el Grupo Macri al Correo Argentino, pero la Justicia lo frenó, según revelan fuentes judiciales. La maniobra fue detectada a tiempo por la fiscalía, que logró frenar un acuerdo que habría significado una pérdida multimillonaria para el erario público.

Los imputados y sus defensas fracasadas

Además de Cibils Robirosa y Kleidermacher, la causa que tramita desde 2017 en el juzgado del juez federal Ariel Lijo también involucra al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. Los cuatro enfrentan acusaciones por administración fraudulenta, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

La defensa había argumentado que Farah tenía una «enemistad manifiesta» con Macri por haber denunciado supuestas presiones del gobierno macrista, mientras que señalaron que Boico, antes de ser juez, había defendido a funcionarios kirchneristas, incluyendo a la propia Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el juez Javier Carbajo de la Cámara de Casación Penal fue contundente al asegurar que la defensa «no ha conseguido demostrar que, en las particulares circunstancias que rodean la incidencia, se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado».

Un panorama judicial complejo para el macrismo

La reactivación de esta causa se produce en un momento particularmente delicado para el ex presidente, quien enfrenta múltiples frentes judiciales. Macri, representantes de Correo y dos exfuncionarios de Cambiemos tienen abierta una causa penal en el juzgado del juez federal Ariel Lijo por presunto fraude al Estado por el pre-acuerdo entre el gobierno macrista y la empresa de la familia Macri.

Paradójicamente, mientras la Corte Suprema confirmaba la condena contra Cristina en la causa Vialidad, el final de 2024 trajo consigo una resolución crucial para Mauricio Macri en el marco de la causa por la quiebra del Correo Argentino. La Corte Suprema de Justicia decidió que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires se haga cargo de una parte del expediente, un tribunal con reconocida cercanía política al macrismo.

Las consecuencias del rechazo judicial

La decisión de la Corte de desestimar el recurso de queja y exigir el depósito económico confirma la continuidad de la investigación, manteniendo a los directivos de Correo Argentino y, por extensión, al Grupo Macri, bajo el escrutinio judicial. El caso se mantiene en etapa de instrucción, pero cada intento de la defensa por dilatar o apartar magistrados ha resultado infructuoso.

La causa Correo Argentino representa uno de los casos más emblemáticos de posible uso del poder estatal para beneficiar intereses empresariales familiares. Con la confirmación de que el expediente seguirá su curso normal, el entorno de Macri deberá enfrentar el desarrollo de una investigación que podría derivar en procesamientos y eventual juicio oral.

Puntos clave:

• La Corte Suprema rechazó recursos de queja de directivos del Grupo Macri en la causa Correo Argentino
• La decisión obliga a los recurrentes a depositar una suma económica bajo apercibimiento de ejecución
• El caso investiga un acuerdo de 2016 que habría licuado el 98,87% de la deuda de la empresa con el Estado
• Cuatro personas están imputadas, incluyendo al ex ministro Oscar Aguad y directivos de la empresa familiar
• La fiscal Gabriela Boquin calificó la maniobra como «ruinosa» y «abusiva» para el Estado
• La causa se mantiene en etapa de instrucción en el juzgado del juez federal Ariel Lijo