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BNA trabaja en el salvataje de Vicentín

Batakis resaltó la necesidad de la compra de acciones y aclaró que más allá del BNA, “hay otras empresas a nivel mundial que quieren quedarse con la firma y harán propuestas”.

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El Argentino-Vicentín-Vicentin.

La presidenta del Banco Nación (BNA), Silvina Batakis, afirmó hoy que la entidad se encuentra “trabajando” en una propuesta para adquirir acciones de la cerealera agroexportadora Vicentin, acreedora de una deuda de casi US$ 1.500 millones.

Batakis aclaró que la oferta que hará el banco podría ser “asociada” con alguna otra entidad del Estado, y que “no sería por el 100%” de las acciones.

“Nosotros venimos trabajando. Esta semana vamos a estar a full con eso. No me gustaría anticipar nada porque tenemos que ver técnicamente todas las posibilidades que tenemos, pero lo que no queremos definitivamente es que la empresa se desguace”, indicó Batakis esta mañana en diálogo con Radio 10.

El viernes pasado, el juez civil y comercial de la segunda nominación de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, firmó la resolución que rechaza la homologación del acuerdo presentado por Vicentin para salir del concurso preventivo.

Como parte del fallo, Lorenzini ordenó la apertura del período de concurrencia, también conocido como ‘cramdown’ o salvataje, que comenzó a regir desde ayer hasta fines de este mes y que abre la posibilidad de la presentación de ofertas de interesados en administrar la compañía, incluida la propia concursada.

Vicentin, la principal empresa agroexportadora de capitales argentinos, entró en cesación de pagos en diciembre de 2019 y en marzo siguiente pidió su concurso preventivo, con créditos verificados por casi U$S1.500 millones.

“Fue una deuda que fue una estafa enorme para el Banco Nación. La gestión anterior, sabiendo que Vicentin se iba a la quiebra, le presta US$ 300 millones”, recordó Batakis.

La propuesta de la firma al BNA, el principal acreedor, no fue satisfactoria pues contemplaba un pago “a 56 años con quita de capital y si intereses”, señaló la funcionaria.

“El juez dijo que esa oferta no es buena y ahora finaliza el período de exclusividad, es decir, en la primera parte solamente la empresa podía hacer una oferta (para administrarla) y ahora ya no es exclusiva. El Estado y otras empresas privadas pueden hacer ofertas para quedarse con la empresa y hacerse cargo de sus deudas”, explicó.

Batakis resaltó la necesidad de un salvataje a Vicentin por la gran cantidad “de trabajadores directos e indirectos” que posee, así como el hecho de que es “insignia de Argentina y de nuestro sector agropecuario”.

Además, no descartó que cumpla, en manos del Estado, una función como empresa testigo, pero aclaró que ello dependerá de cómo resulte el paquete accionario.

De todos modos, más allá del BNA, “hay otras empresas a nivel mundial que quieren quedarse con la firma y harán propuestas”.

Recordó también que hubo “ofertas informales” previamente que “querían quedarse con una partecita de la empresa, mandando al resto al desguace”.

“De no ser aceptadas ninguna de las propuestas, ahí se continua con la quiebra, que sería una pena para todos”, advirtió.

Batakis, quien también oficia como coordinadora de equipos económicos de la campaña electoral de Unión por la Patria (UxP), destacó también el anuncio por el cual se elevó el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a un equivalente de 15 salarios mínimos, vitales y móviles, y el proyecto de ley que busca establecer este criterio de forma permanente.

“Deja muy de manifiesto la coherencia de nuestro candidato a presidente, el ministro de Economía, Serio Massa, que desde hace que viene diciendo que el salario en relación de dependencia formal no es una ganancia, y también pone de manifiesto la incoherencia por parte de la oposición que venía diciendo en campaña que había que eliminarlo y que después terminó aumentando la cantidad de trabajadores que lo pagaba”, sostuvo la economista.

Del mismo modo, valoró la propuesta de elevar los tributos de Ganancias para grandes empresas: “Esperemos que en eso se sienten todos los legisladores y voten a favor de una medida progresiva”, concluyó Batakis.

Medio Ambiente 🌱

La Hidrovía quedó en manos de Jan De Nul: el negocio de los amigos de Caputo se concretó

El Gobierno nacional completó la privatización de la Hidrovía Paraná-Paraguay y adjudicó la concesión al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus. La decisión se oficializó mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), publicada en el Boletín Oficial, a pesar de las advertencias de irregularidades formuladas por organismos del propio Estado.

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Jan De Nul opera el canal desde 1995. La concesión se extiende por 25 años, con posibilidad de prórroga de hasta cinco años adicionales. El contrato definitivo deberá firmarse en los próximos 30 días. Este diario alertó en febrero de 2025 que el proceso licitatorio registraba poca competencia y falta de transparencia: en la apertura de ofertas de aquel momento, solo una empresa había presentado propuesta.

Un proceso cuestionado desde el inicio

La licitación nunca estuvo exenta de polémicas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen formal ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal alertando sobre irregularidades graves: ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú, falta de participación de las provincias ribereñas y cláusulas que exigen una garantía de diez millones de dólares para poder impugnar decisiones administrativas. Fue el tercer informe crítico sobre el proceso.

El diputado nacional Jorge Taiana tomó ese dictamen para exigir la suspensión inmediata de la licitación. El juez federal Daniel Rafecas rechazó el pedido cautelar, coincidiendo con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, y concluyó que no existían elementos suficientes para detener el proceso. El Gobierno siguió adelante.

La trama Neuss-Caputo-Servimagnus

El reparto del negocio no sorprende a quienes siguen la trama de poder del gobierno de Javier Milei. Este diario publicó en marzo de 2025 que los hermanos Juan, Patricio y Georgi Neuss, ligados al asesor presidencial Santiago Caputo, figuraban entre los principales beneficiarios de las privatizaciones del ciclo Milei. Los Neuss financian la Fundación Faro, que conduce Francisco Caputo, hermano de Santiago. Son dueños del Yacht Club donde se organizan cenas de recaudación para La Libertad Avanza y, en febrero de 2025, aportaron 35 millones de pesos a la estructura partidaria de cara a las elecciones de medio término.

El Grupo Neuss figura como probable subcontratista del dragado que ejecutará Jan De Nul. Servimagnus, el socio local del consorcio adjudicatario, pertenece a Ricardo Román, cuya familia integra el mapa de empresarios vinculados al entorno del Gobierno junto a los nombres de Gustavo Elías y Juan Ondarcuhu. El periodista Alejandro Bercovich describió el esquema: una vez firmado el contrato, Jan De Nul deberá subcontratar servicios a otras empresas para cumplir con las demandas del Estado, y ahí es donde ingresa el círculo de Caputo.

Como señaló el análisis de Jesús Rivero en El Argentino, la dimensión del negocio es también geopolítica. El congresista republicano Brian Mast, aliado de Donald Trump, envió una carta al Secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre una presunta «influencia maligna china» en la puja. Esa misma semana, Santiago Caputo viajó a Washington y se reunió con Mast, con el director senior del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y con el embajador Alec Oxenford. El consorcio competidor DEME intentó instalar que Servimagnus tenía vínculos con capitales chinos a través de Agrofina; Jan De Nul y Servimagnus rechazaron esas acusaciones como «falsas y malintencionadas».

Las cifras de la entrega

Por la Hidrovía transita cerca del 80% de las exportaciones argentinas, más de 80 millones de toneladas de granos y derivados por año. Las proyecciones oficiales de la Anpyn estiman una facturación anual promedio cercana a los 628 millones de dólares para la concesionaria, con ingresos acumulados que podrían superar los 15.700 millones de dólares en 25 años. El esquema no contempla garantías ni aportes del Estado: es concesión por peaje y a riesgo empresario.

Las proyecciones prevén un crecimiento del tráfico internacional del 38,1% durante la concesión, del cabotaje un 28,2%, y del tramo Santa Fe-norte del país un 52,4%. La mayor parte de las inversiones se concentrará en los primeros siete años; la rentabilidad máxima llegaría recién a partir del año dieciséis.

El contrato está firmado en los papeles. Lo que queda por verse es cuánto de ese negocio estratégico termina en manos del círculo que rodea al poder, y cuánto le queda al país.

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