El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) de Ecuador reunirá a su Convención Nacional el sábado 3 de junio y amenaza con las primeras protestas contra el Gobierno desde que el presidente Guillermo Lasso dispusiera la llamada «muerte cruzada», que disuelve el Parlamento y le permite gobernar por decreto, si el Ejecutivo busca avanzar con una reforma laboral, como anunciaron algunos funcionarios.

El presidente del FUT, José Villavicencio, hizo el anuncio de la Convención “para definir acciones”, pero dejó en claro que hasta esa fecha la dirigencia se mantendrá “en reunión permanente para observar los decretos-ley que emita el Gobierno”.

Tras la disolución de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Lasso puede gobernar por decreto y el Gobierno ya anunció que dispondrá varias normativas en materia económica, de previsión social, laboral y energética.

“Si esos decretos-ley atentan contra los intereses de los trabajadores y del pueblo, inmediatamente, nosotros convocaremos a acciones», adelantó Villavicencio.

Ayer, el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, advirtió que Lasso estaba “decidido a aprobar, a través de lo que le confiere la Constitución, leyes que no fueron tratadas por la Asamblea”, una de ellas la reforma laboral.

Si el Ejecutivo se decide a enviar una reforma al Código del Trabajo a la Corte Constituyente (CC), que debe dar el visto bueno a cada decreto de este periodo excepcional, debe enmarcarlo en un proyecto económico urgente.

Pero, además, la próxima AN que surja de las elecciones de agosto debe derogar o ratificar estos decretos-ley.

Lasso ya intentó cambios laborales en septiembre de 2021, a través de la Ley de Creación de Oportunidades y Sostenibilidad Fiscal que envió al legislativo.

Proponía crear un sistema paralelo de contratación de trabajadores bajo normas más flexibles que las que tiene el Código de Trabajo, pero la AN devolvió la iniciativa al Ejecutivo.

Según adelantaron algunos ministros y reseñaron medios quiteños, otros proyectos que el Gobierno intentaría sacar por decreto apuntan a la creación de zonas francas, a modificar la legislación en materia de petróleo para favorecer el ingreso de capitales privados y a dar sostenibilidad financiera del sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Lasso le confirmó al diario The Washington Post que «planea usar sus últimos meses como uno de los pocos presidentes de centroderecha que quedan en América Latina para promover órdenes ejecutivas enfocadas en seguridad, salud, educación e infraestructura».

Entre ellos, adelantó que elaborará un decreto, que se anunciará la próxima semana, que aumentaría las protecciones para las fuerzas de seguridad que usan sus armas para defenderse a sí mismos y a otros.

Detalles de estas iniciativas seguramente serán anunciadas por el mandatario en su Informe a la Nación que le correspondía dar la próxima semana ante la AN, pero que igualmente dará, probablemente desde el Parque Bicentenario de Quito.

Lasso, en el poder desde mayo de 2021, disolvió el jueves la unicameral Asamblea Nacional invocando un mecanismo constitucional especial conocido como «muerte cruzada», que le da potestad para hacerlo y que lo habilita a gobernar por decreto hasta la celebración obligatoria de elecciones, que serán el 20 de agosto.

El mandatario, de 67 años, dijo que había tomado la medida porque el juicio político que el Parlamento le había iniciado apenas unas horas antes por presunta corrupción, cuyo resultado más probable parecía ser el de su destitución, estaba motivado políticamente y había derivado en una «grave crisis política y conmoción interna».