Las nueve acusadas por abusos sexuales contra niños hipoacúsicos o por omitir denunciar esos hechos, ocurridos en el Instituto Próvolo de Mendoza, fueron absueltas hoy al término del juicio oral que se les siguió en el ámbito del Tribunal Penal Colegiado 2 de esa provincia durante dos años.

Se trata de las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, así como ex directoras y empleadas del Instituto: Graciela Pascual, Gladys Pinacca, la cocinera Noemí Paz, Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo.

Las juezas Gabriela Urciuolo, Belén Salido y Belén Renna dieron a conocer su veredicto luego de más de dos años de debate, más de 100 testigos y unas 300 audiencias.

Durante la etapa de alegatos de cierre, los defensores habían solicitado la absolución de las religiosas y de las otras imputadas, en tanto la fiscalía y la querella habían solicitado penas de 3 a 18 años de prisión.

La audiencia, que comenzó a las 9, se desarrolló en las instalaciones del juzgado ubicado en el Polo Judicial Penal, de la ciudad de Mendoza, donde se llevó a cabo este tercer juicio del llamado «Caso Próvolo», que comenzó el 3 de mayo de 2021.

El Tribunal Penal Colegiado 2 dio a conocer su decisión luego de que las imputadas hicieran uso de su derecho a pronunciar sus últimas palabras antes de darse a conocer el fallo en el que fueron absueltas.

La sentencia fue un duro golpe para la comunidad, las víctimas y sus familiares que siguieron el debate en otra sala del Polo Judicial, y que ni bien escucharon y dieron cuenta de la absolución de la monja Kosaka Kumiko, se escucharon llantos y sollozos.

El fiscal Alejandro Iturbide, cerca de las 15, habló con los medios luego de conocerse la sentencia del Tribunal: «La verdad es que estoy muy decepcionado con la decisión del Tribunal, hay algunas cuestiones que pueden ser un poco más discutibles, pero no esperaba una sentencia de estas características donde han absuelto por todo a todas».

Y agregó: «La impresión que me llevo es que no le han creído a los denunciantes, y eso me parece inaceptable. En términos generales necesitamos conocer todos los fundamentos que son extensos, y una vez de conocerlo vamos a recurrir, porque no esperábamos una sentencia así».

El fiscal agregó que «esto es muy difícil porque vemos que distintos Tribunales dicen que estas personas son creíbles», en referencia al que condenó a los curas Nicolás Bruno Corradi y Horacio Corbacho Blanc.

«Queremos ver los fundamentos», reiteró el fiscal.

Por su parte, uno de los abogados de la querella, Sergio Salinas, dijo sentir «una sensación de angustia, de tristeza que compartimos con los chicos y chicas, que no significa que no haremos nada más ya que esta es una primera sentencia».

Y agregó tiene una falta de perspectiva hacia «personas en situación de vulnerabilidad que se demuestra en la sentencia».

«Hay una cosa que compartimos todos, y es que a las víctimas se le ha creído siempre, por eso tardamos en salir, porque le explicábamos a los chicos que nadie duda de su verdad. Lo que se está analizando acá es otra cuestión, y es cuanto sabían estas autoridades con respecto a aquello», refiriéndose al caso.

Junto al fiscal y los abogados de la querella también salieron las víctimas, sus familiares e integrantes de la comunidad a la explanada del Polo, donde expresaron ante los medios toda su bronca y dolor con banderas, insultos.

«Este juicio no presenta un reconocimiento para nosotros, no reconoce nuestro dolor, no hubo empatía, así es imposible. Necesitamos el apoyo de todas las personas, del todo el país, no puedo más», expreso Daniel Sgardelis, una víctima de La Plata.

Este tercer debate que concluyó hoy con la absolución de las nueve imputadas comenzó el 3 de mayo de 2021, y constó de 304 audiencias, declararon más de 100 testigos, las instancias testimoniales de las personas hipoacúsicas y sordas se realizaron -en su totalidad- en Cámara Gesell con la participación de intérpretes y psicólogas del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario.

Kumiko llegó a este juicio acusada por los delitos de «partícipe necesaria en términos de comisión por omisión; abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda contra un menor; corrupción de menores y abuso sexual simple agravado, entre otros.

Graciela Pascual (representante legal del Instituto), la monja Asunción Martínez y Noemí Del Carmen, por «participación necesaria en términos de comisión por omisión al deber de garante.

Gladys Edith Andrade, Cristina Leguiza Funes, Laura Gaetán, Valeska Quintana y Cecilia Raffo estuvieron en el banquillo por el delito de «participes secundarias en términos de comisión por omisión emergente de la violación al deber de garante».

Este tercer debate fue a puertas cerradas, y el Tribunal aclaró -en su momento- que «cuando se constituyó el mismo, se hizo a tenor de lo dispuesto por el artículo 375 del Código Procesal Penal».

El primer juicio fue abreviado, el 25 de septiembre de 2018, en el que el monaguillo Jorge Bordón, también exempleado administrativo en el Instituto Próvolo, confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de prisión.

El segundo, el 25 de noviembre de 2019, fue el que condenó a los curas Nicolás Bruno Corradi a 42 años de prisión y a Horacio Corbacho Blanc a 45 años.

El jardinero Armando Ramón Gómez, por su parte, recibió 18 años de cárcel.

La denuncia por abusos en el Instituto Antonio Provolo comenzó el 18 de noviembre de 2016, durante una actividad en la Legislatura mendocina, en que se explicaba la Ley Procesal para la Justicia de Familia y Violencia Familiar.

En esa actividad, en un anexo de la Legislatura, se organizó una jornada de reflexión bajo el lema «No al trabajo infantil», en el marco de la conmemoración por la convención internacional de los Derechos del Niño.

En este contexto, fue que la exsenadora Daniela García, interprete por medio, contó los hechos de abusos en el Próvolo. Ante la gravedad del relato, la legisladora se dirigió al despacho de la ex vicegobernadora, Laura Montero, ésta al Procurador de la Suprema Corte, Alejandro Gullé, y luego se realizó la denuncia en la Oficina Fiscal 15, de Luján de Cuyo.

Con la investigación en curso no pasó mucho tiempo, y niños y niñas contaron al fiscal -con la ayuda de los interpretes de la Legislatura, señas y dibujos- los castigos, tormentos y abusos que sufrieron en ese Instituto.

Con las pruebas obtenidas durante la instrucción se realizó el primer juicio en esta megacausa, que fue abreviado en la que el exmonaguillo y exempleado administrativo en el Próvolo, Jorge Bordón, confesó la autoría de los hechos y fue condenado, en septiembre de 2018, a la pena de 10 años de prisión.

Durante todo el proceso judicial intervinieron tres fiscales, Fabricio Sidoti, luego Fernando Giunta y por último el fiscal Gustavo Stroppianna.