Pocas horas después de que se conociera el fallo que declaró la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil en un caso concreto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salió a la ofensiva con una retórica encendida que convirtió la decisión de una jueza de primera instancia en munición política. «Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político», afirmó Jorge Macri, quien instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para que avance en ese sentido.

La resolución cuestionada fue dictada el 21 de septiembre de 2026 por Laura De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, quien sobreseyó a un menor de 14 años acusado por robo en grado de tentativa y declaró inconstitucional el artículo de la Ley 27.801 que habilita el juzgamiento de adolescentes de esa edad. La magistrada aclaró que el fallo aplica exclusivamente para ese caso y no tiene alcance general.

«La gente de bien no puede seguir siendo rehén»

Macri usó sus redes sociales para citar la cobertura periodística del fallo y acompañó la publicación con una declaración directa: «Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia». Más tarde, en declaraciones televisivas, el mandatario amplió su posición con una retórica que opone, de manera sistemática, a víctimas y magistrados garantistas.

«La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito. No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien», sostuvo. Y agregó que «si eso requiere la discusión política con la Justicia, lo voy a hacer, porque la inmensa mayoría de la sociedad quiere vivir en paz».

Macri calificó el fallo de «una barbaridad, una aberración» y acusó a De Marinis de extralimitarse en sus funciones. «Desgraciadamente, estamos acostumbrados a estos jueces que en lugar de respetar y hacer cumplir la ley, la quieren reinterpretar. Si quieren escribir leyes, tienen que ir al Congreso, tienen que ser diputados, senadores. Una vez que el marco legal está establecido, tienen que aplicar la ley», sentenció.

El argumento jurídico que Macri desestimó

El jefe de Gobierno también cuestionó la lógica interna del fallo, que en su argumentación señala que el sistema adulto no puede castigar a adolescentes por el desamparo al que el propio Estado los sometió desde la infancia. Para Macri, ese razonamiento es, en sí mismo, una contradicción: «La jueza dice que este chico está en una situación de indefensión, de riesgo, y lo vuelve a dejar en esa situación. Cuando la ley que se aprobó justamente permite que haya medidas de cuidado para el chico, podría ser desde tareas comunitarias hasta medidas de cuidado y de tratamiento».

«Esta ley tiene herramientas que le dan a esta jueza, si realmente le importa el chico, la posibilidad de protegerlo. La jueza deja a la sociedad en indefensión, porque acaba de dejar a un delincuente en libertad y deja a ese chico en la indefensión en la que ella misma describe: no hay racionalidad alguna», afirmó. Y cerró con una acusación que apunta a los motivos de la magistrada: «Parece que buscan notoriedad en la defensa de un garantismo, quedar bien, tratar de jugar para su propia tribuna. Acá hay una clara intencionalidad y un sesgo político que pone siempre al delincuente como víctima».

Juicio político como herramienta de presión política

La amenaza de juicio político a un juez por el contenido de una sentencia es, en sí misma, una señal de alarma para la independencia del Poder Judicial. El instituto del juicio político está previsto para casos de mal desempeño, delitos en el ejercicio de las funciones o crímenes comunes, no para sancionar interpretaciones jurídicas con las que el Poder Ejecutivo discrepa. Macri lo sabe, y aun así lo anuncia con énfasis: «Veremos quién levanta la mano y quién no para el juicio político. Lo bueno de esto es poner en blanco sobre negro y saber quién se para del lado de los delincuentes y quién se para del lado de los porteños de bien».

La frase revela la operación política detrás del anuncio: no se trata de una acusación jurídicamente fundada contra la jueza, sino de un mecanismo para instalar una grieta en términos morales y disciplinar al Poder Judicial ante fallos que contraríen la agenda de seguridad del oficialismo. El propio Macri anticipó que también apelará la resolución, lo que es la vía procesal correcta. Pero eligió comunicar primero la amenaza de juicio político, no el recurso de apelación.

No es un caso aislado. En la provincia de Buenos Aires, cuando la jueza Marta Pascual suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en septiembre, legisladores de La Libertad Avanza bonaerense también anunciaron pedidos de juicio político. El patrón se repite: un fallo que contraria la ley impulsada por el oficialismo, una reacción política inmediata que convierte a la magistrada en blanco, y la amenaza de destitución como señal intimidatoria al resto del Poder Judicial.

Lo que tenés que saber

• Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, calificó el fallo de la jueza De Marinis como «una barbaridad, una aberración» y anunció el pedido de juicio político, instruyendo al ministro de Justicia Gabino Tapia.
• La jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional el artículo de la Ley 27.801 y sobreseyó a un menor de 14 años; el fallo tiene alcance exclusivamente para ese caso concreto.
• Macri sostuvo que apelará la decisión, que es la vía procesal correcta, pero eligió anunciar primero el juicio político como mensaje político al Poder Judicial.
• El juicio político está previsto para mal desempeño o delitos, no para sancionar interpretaciones jurídicas con las que el Ejecutivo discrepa.
• El patrón se repitió en la provincia de Buenos Aires con la jueza Marta Pascual, también amenazada de juicio político tras suspender la misma ley en septiembre.