Sociedad
Día de las Infancias: Argentina grita contra la criminalización de pibes y pibas
Desde la CTA Ciudad y cerca de 1000 organizaciones deuncian la crisis social que afecta a más de un millón de niños en el país.
Más de 1000 organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, religiosas y especializadas en niñez se han pronunciado en contra del proyecto de ley que busca bajar la edad de punibilidad en Argentina.
Comunicado completo de CTA Ciudad y organizaciones firmantes
El documento, firmado por diversos sectores, rechaza enérgicamente esta propuesta, argumentando que la misma es una respuesta simplista e ineficaz para combatir la inseguridad en el país.
La criminalización de la niñez
El Gobierno, junto con algunos medios oficialistas, ha impulsado la idea de que bajar la edad de punibilidad es una medida necesaria para abordar el aumento de la criminalidad.
Esta política sugiere que niños, niñas y adolescentes son responsables de un número considerable de delitos en el país. Sin embargo, desde las organizaciones han refutado estas afirmaciones, calificándolas como «falsas y demagógicas».

De acuerdo con la información estadística disponible, la participación de menores en delitos es mínima, por lo que el foco de la problemática debería orientarse hacia otros sectores.
Crisis social: hambre y desigualdad
El documento de la CTA Ciudad, no solo se enfoca en la crítica al proyecto de ley, sino que también denuncia las condiciones sociales y económicas que afectan a la niñez en Argentina.
«Hoy hay más de un millón de pibes que se van a acostar sin cenar, producto de la crisis autoinfligida por el oficialismo y sus ministros estrellas«, se lee en el texto.
Las organizaciones hacen un llamado urgente al gobierno para que priorice la inversión en políticas públicas que garanticen el acceso a la alimentación y la educación, en lugar de optar por medidas punitivas.
Reclamo Social: «Pan y educación, no cárcel y pobreza»
El lema «Pan y educación, no cárcel y pobreza» se ha convertido en el estandarte de esta movilización.
Los firmantes del documento exigen que se respeten los derechos de los niños y niñas, de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por Argentina.
Desde la CTA afirman que el camino hacia una sociedad más segura y justa no puede construirse criminalizando a los sectores más vulnerables, sino garantizando sus derechos fundamentales.
Política 📢
El rostro de la motosierra: 9.400 personas en situación de calle tras el ajuste libertario
El primer relevamiento federal del Ministerio de Capital Humano admitió la existencia de casi 10.000 personas sin techo en 19 provincias. La cifra desnuda el impacto del modelo de exclusión y la ‘motosierra’ sobre los sectores más vulnerables en medio de una crisis económica asfixiante.
Llevado a cabo en un contexto de asfixia social sin precedentes, el Ministerio de Capital Humano difundió este viernes los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle. El informe oficial, procesado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, contabilizó un total de 9.421 personas viviendo a la intemperie en 19 provincias del país. Sin embargo, la frialdad de la estadística no logra ocultar la causa estructural de esta tragedia: un modelo económico obsesionado con el ajuste fiscal que ha empujado a miles de argentinos a los márgenes de la subsistencia.
El relevamiento, que alcanzó a 7.894 entrevistas efectivas, revela que el 83% de la población afectada son varones y un alarmante 92% tiene más de 18 años. El dato más crudo, no obstante, reside en la cronicidad de la exclusión: el 32% de los censados lleva más de dos años viviendo en la calle, lo que evidencia que la profundización del plan de «motosierra» de Javier Milei no ha hecho más que cristalizar trayectorias de abandono estatal que se tornan irreversibles ante la falta de políticas de contención.
La falacia de la «estrategia integral»
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello intentaron presentar el operativo como un «cambio de paradigma» que pasa del asistencialismo a la planificación. Pero para las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos, la realidad es diametralmente opuesta. Mientras el Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de la atención primaria a las provincias y municipios en junio pasado, el retiro de la Nación en el financiamiento de comedores y paradores ha dejado a los gobiernos locales sin recursos frente a una demanda que crece al ritmo de una inflación acumulada que devoró el poder adquisitivo de los sectores informales.
De acuerdo a datos previos del IDECBA, solo en la Ciudad de Buenos Aires la población en situación de calle aumentó un 27% en el último año. Este incremento coincide quirúrgicamente con la implementación de las medidas de desregulación y devaluación que caracterizan al modelo libertario. El propio informe oficial admite que el 53% de los censados realiza alguna actividad laboral, lo que confirma un fenómeno inédito y doloroso de la era Milei: tener un empleo ya no es garantía de tener un techo, ante el costo prohibitivo de los alquileres y el desplome del salario real.
Puntos clave:
- * El Ministerio de Capital Humano contabilizó 9.421 personas en situación de calle en 19 provincias argentinas.
- * Un 32% de la población afectada lleva más de dos años viviendo en espacios públicos o refugios precarios.
- * El 53% de los censados realiza actividades laborales, evidenciando que el empleo informal no evita la indigencia.
- * El Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de la atención social a las provincias en junio pasado.
- * Organizaciones sociales denuncian un subregistro masivo frente a censos populares que triplican las cifras oficiales.
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