Familiares de bebés nacidos sanos, y que fallecieron horas después en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, de la ciudad de Córdoba, entre marzo y junio de este año, se movilizaron este jueves con antorchas, para insistir por “celeridad en la investigación, justicia por las víctimas y castigo a los responsables”.

Hasta el momento, son cinco los casos de bebés fallecidos que investiga la justicia, aunque diariamente se siguen sumando testimonios sobre hechos similares o casos en que los bebés lograron sobrevivir luego de padecer descompensaciones por cuadros críticos semejantes, y sin respuestas de los profesionales de la salud.

Las madres, padres y familiares de los bebés fallecidos realizaron esta noche una «marcha de las antorchas» frente al hospital público, ubicado en el barrio Poeta Lugones de la zona norte de la capital cordobesa, portando velas encendidas para pedir “verdad y justicia”.

En ese lugar, se escucharon testimonios de quienes dijeron que, ellos mismos o en algunos casos miembros del entorno familiar, sufrieron actos de “negligencia, malos tratos y violencia obstétrica” en ese centro de atención provincial.

María, mamá de una de las bebas que logró sobrevivir a un cuadro grave, a pesar de haber nacido sana, habló con los medios y dijo que vino a acompañar a los familiares de los bebés muertos para que “se investigue y se llegue a la verdad de lo que pasó”.

“Es necesario que se sepa la verdad y para eso es importante que la justicia trabaje en la investigación. Esto no puede quedar impune”, manifestó a su vez un familiar de una beba que el año pasado nació en ese hospital materno neonatal y “murió el mismo día”.

Con importante participación, la manifestación pacífica, que portaba velas encendidas, carteles de imágenes con los bebés y hacía reclamos de “justicia”, se concentró en la zona de acceso al centro asistencial dependiente del Gobierno provincial, con un fuerte operativo de seguridad en los alrededores.

Por la mañana, con el respaldo de integrantes de la Asociación Civil Madres del Dolor, un grupo de familiares de las víctimas se movilizaron frente al Centro Cívico, donde funciona la Casa de Gobierno provincial.

En ese lugar fueron recibidos por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, quien les informó que la justicia está trabajando intensamente para reunir todos los elementos de prueba posibles para avanzar en la investigación, según uno de los asistentes al encuentro.

Entre los nuevos testimonios, se sumó hoy el de mamá de Dulce, que relató a los medios que su beba había nacido el año pasado en ese nosocomio y que desde entonces se encuentra en terapia intensiva por una “mala praxis”, debido a que “calcularon mal la fecha del parto».

“Nació tarde y asfixiada, lo que le ocasionó un serio problema en su cerebro. Está muy grave. La mantienen con morfina, respirador, la alimentan por medio de botón gástrico y orina por sonda”, dijo la mujer y agregó que se sumó a los reclamos cuando se enteró de la muerte de los bebés.

Otra joven madre, cuyo bebé murió al nacer en 2021, pidió a la justicia que “se investigue también los casos del año pasado”, al igual que Lorena, cuyo hijo sufrió poco después del nacimiento, el 28 de febrero del año pasado, tres paros cardiorrespiratorios, y luego del deceso le informaron que se “descompensó por un fallo multiorgánico”.

La investigación judicial cumple hoy una semana desde que se conoció el caso y, hasta el momento, el fiscal Raúl Garzón no ha dictado medidas procesales sobre imputaciones ni detenciones.

Fuentes vinculadas a la investigación sostienen que el fiscal Garzón continúa trabajando en la recepción de elementos de pruebas, y a la vez está a la espera de los resultados vinculados a las historias clínicas, los informes de autopsias y los suministros farmacológicos, particularmente sobre la dosificación de potasio.

El fiscal trabaja sobre varias líneas hipotéticas, como la presunta “mala praxis” u “homicidio intencional”, y en ese sentido trascendió que, entre mañana o el los primeros días de la próxima semana, podría dictar las primeras medidas sobre las personas sospechadas de tener responsabilidad en los hechos que se investigan.