Por Demetrio Iramain

Si un fiscal federal, que ejerce en forma vitalicia su cargo, califica de “asociación ilícita” a un proyecto político que arrasó en elecciones democráticas y obtuvo tres presidencias y media en menos de 20 años; si el mismo fiscal acusa de “estructura piramidal para hacer negocios” a una pareja política que con sus gobiernos alcanzó hitos en materia de inclusión social, extensión de derechos y acceso a bienes, entonces hablamos de un proceso judicial con objetivos políticos, al que no le importa agraviar la voluntad popular.

Sí, nos referimos a la temeraria acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, contra Cristina Fernández y Néstor Kirchner, con el agravante de que este último ya no puede defenderse.

El colmo es que los jueces que deben analizar la imputación y juzgar objetivamente a los procesados, forman parte del mismo entramado, se dejan ver juntos compartiendo un equipo de fútbol que también integran el cuñado de Rodríguez Larreta y el intendente PRO de San Miguel, y hasta disputan sus partidos en la exclusivísima cancha de Mauricio Macri.

Para que sea justo, un juicio no sólo debe serlo, sino también parecerlo. Más aún cuando se trata de un proceso público, a líderes populares, que es seguido por millones de personas y transmitido por televisión.

No sólo la legalidad; también la legitimidad del juicio por la obra pública en Santa Cruz está herida de muerte. Y eso es un problema demasiado grande, especialmente para quienes quisieron hacer de esta prótesis judicial un proceso ejemplificador.

La recusación que los abogados de Cristina plantearon para los fiscales y dos de los tres jueces del Tribunal, debiera haberse resuelto sola antes de ser presentada. Los mismos funcionarios deberían haberse inhibido de actuar ante las manifiestas vinculaciones entre ellos.

Pero no sólo no lo hicieron, sino que, además, rechazaron la solicitud de apartamiento hecho por la defensa, que ahora será apelada. Nada indica que la apelación a la Cámara Federal vaya a resultar favorable a Cristina.

Quienes deben resolverla son jueces de tribunales de alzada que visitaban a Macri en la Casa Rosada y en Olivos, ya confirmados por la Corte Suprema para intervenir en la misma causa contrariando presentaciones previas, cuando las fotos del equipo de fútbol Liverpool no habían salido a la luz.

Las elites que tienen alquilado el aparato judicial, creen que a través de él tienen garantizada la última palabra en la historia. Se equivocan. Falta que juegue el pueblo.