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Comercios con código QR deberán aceptar pagos con cualquier billetera digital interoperable
La autoridad monetaria indicó que «los adquirentes y agregadores que ofrecen el servicio no podrán discriminar en las comisiones y plazos de acreditación de los fondos al comercio según la marca de billetera que ordenó el pago».
Los comercios que exhiban un código QR para cobrar con tarjetas de crédito deberán aceptar, a partir del 1° de septiembre próximo, que los clientes puedan realizar pagos con cualquier billetera digital interoperable, independientemente de la marca del QR con la que opera el establecimiento, informó hoy el Banco Central.
La autoridad monetaria indicó que «los adquirentes y agregadores que ofrecen el servicio no podrán discriminar en las comisiones y plazos de acreditación de los fondos al comercio según la marca de billetera que ordenó el pago».
La norma apunta a «nivelar» el sistema de medios de pago con QR y a ampliar los usos del sistema de reconocimiento, para que no solo ganen terreno los pagos con dinero en cuenta, sino también lo hagan los que se hacen con tarjetas de crédito.
Semanas atrás, la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba) -que reúne a los principales bancos de capital nacional como Macro, Galicia, Comafi, Hipotecario, Supervielle y Bancor, entre una veintena de entidades- reclamó mediante una nota al BCRA que modifique la normativa, para que todos los códigos QR sean «full interoperables con las tarjetas de crédito y débito».
Los bancos apuntaron así contra Mercado Pago, a la que señalaron como «el mayor proveedor de QR», que «concentra el 70% del total» y «con ese poder de mercado, y aprovechando una carencia de la regulación, impone las condiciones sobre los tenedores de tarjetas de crédito y débito».
«Para operar con el código QR de un comercio, primero deben hacerse clientes de su billetera», denunciaron los bancos, que repudiaron el hecho de que haya proveedores que usan «su posición dominante» en el mercado y que «cierran” sus sistemas para los consumidores que no sean sus clientes.
Según dijo el BCRA, la norma fue dispuesta «con el objetivo de mejorar la experiencia, tanto para las personas usuarias como para los comercios» y entrará en vigor a partir del 1º de septiembre.
En ese sentido, cuando las empresas adquirentes -las que proveen a los comercios mecanismos para cobrar con tarjetas de débito, crédito y/o prepagas- también sean aceptadores de pagos con transferencia, deberán ofrecer a los comercios un único código QR que contemple todos los instrumentos de pago.
Además, se incluirán en el registro de PSP (Proveedores de servicios de pago) a las empresas de cobranza extrabancaria que brindan esos servicios, cobranzas de impuestos, servicios mediante el uso de efectivo y otros instrumentos de pago.
Por último, la normativa extiende a los PSP que inician transferencias inmediatas desde cuentas provistas por otros (iniciadores de pagos, PSI) la obligación de cumplir con las normas para este instrumento de pago.
«Una de las consecuencias más importantes será que los PSI deberán posibilitar a sus clientes realizar transferencias tanto hacia CBU como CVU, como lo hacen actualmente las entidades financieras u otros PSP que ofrecen cuentas de pago a sus clientes», indicó el Banco Central.
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Los servicios públicos en el AMBA subieron 17,5% en mayo y treparon 800% desde que asumió Milei
Un hogar sin subsidios en el Área Metropolitana necesita $249.834 mensuales solo para pagar electricidad, gas, agua y transporte. El gas subió 53% en un mes. El ajuste tarifario supera en más de tres veces la inflación general del período.
La canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó 17,5% en mayo y acumula 800% desde diciembre de 2023
★ Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibe subsidios estatales debió destinar $249.834 en mayo de 2026 para cubrir sus necesidades básicas de electricidad, gas natural, agua potable y transporte público. Esa cifra representa un incremento del 17,5% respecto a abril, según el último Reporte de Tarifas y Subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET).
El informe, elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, constituye la referencia técnica más precisa disponible sobre el impacto de las políticas tarifarias en el presupuesto de los hogares metropolitanos. Sus datos confirman que la presión sobre los ingresos de las familias trabajadoras no solo no cede, sino que se agudiza con cada actualización de cuadros tarifarios.
El gas lidera la suba: 53% en un solo mes
El rubro que concentró el mayor golpe en mayo fue el gas natural. La factura promedio para un usuario del segmento N1 sin subsidios alcanzó los $49.972, luego de una suba del 53,3% respecto al mes anterior. El propio reporte del IIEP explicita que ese salto resulta de la combinación de dos factores simultáneos: el aumento de los cargos fijos y variables dispuesto por las distribuidoras, y el incremento estacional del consumo ante la proximidad del invierno, que en esta época del año puede llegar a duplicar la demanda.
Le siguió la energía eléctrica, cuya factura promedio para un hogar representativo sin subsidios se ubicó en $52.811, con una suba mensual del 37,8%. Según el documento, «el mayor consumo de cara al invierno se combina con aumentos tarifarios del 4,1% en el cargo fijo y 8,7% en el variable para usuarios sin subsidio».
El transporte: el ítem más pesado, aunque con menor suba mensual
El transporte público se mantiene como el componente de mayor peso absoluto dentro de la canasta, con un costo mensual de $110.438, aunque en mayo registró el incremento más moderado del período: apenas el 3%. Esta aparente calma no debe interpretarse como alivio estructural, sino como la consecuencia de ajustes escalonados que el gobierno fue implementando en distintos tramos del año.
El servicio de agua potable completó el cuadro con un gasto promedio de $36.612 y una suba del 5,9% mensual, atribuida a ajustes tarifarios y a la existencia de un día adicional de consumo en el calendario de mayo.
Salario vs. tarifas: la brecha que no cierra
El informe del IIEP proyecta estas cifras sobre el ingreso de los trabajadores registrados. La canasta de servicios básicos representa actualmente el 14,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.869.799. Se trata de una proporción históricamente alta, que erosiona el poder adquisitivo y reduce el margen disponible para alimentación, salud y educación.
La perspectiva interanual es aún más elocuente: comparada con mayo de 2025, la canasta de servicios acumula una suba del 50%, por encima de la evolución general de los precios en el mismo período.
800% desde diciembre de 2023: el dato que el Gobierno no muestra
El dato estructural más contundente del informe es también el que más incomoda al oficialismo: desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó un 800%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en un 231%. La diferencia, de casi 570 puntos porcentuales, traduce con precisión matemática el alcance del denominado «sinceramiento tarifario» impulsado por la gestión de Javier Milei bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que condicionó los sucesivos desembolsos del acuerdo por USD 20.000 millones suscripto en abril de 2025 a la reducción progresiva del gasto en subsidios.
Esta política fue documentada y cuestionada por el Foro Economía y Trabajo, un colectivo de economistas y profesionales vinculados al movimiento sindical, que en su documento del 4 de mayo de 2026 advirtió que el gasto en subsidios a la energía retrocedió un 58% en términos reales desde el inicio de la gestión, mientras que el gasto primario total cayó un 31% y el de capital se desplomó un 86%.
Subsidios: el Estado paga el 41% del costo real
Un elemento que el reporte del IIEP aporta como dato de contexto: en la actualidad, las tarifas que abonan los hogares del AMBA cubren en promedio el 58% de los costos reales de los servicios. El Estado nacional financia el 41% restante a través de subsidios. Este porcentaje se mantuvo sin cambios significativos respecto a abril, lo que indica que el traslado de costos al usuario se produjo de manera gradual pero sostenida a lo largo de los últimos meses.
La distancia entre el discurso de la «quita de subsidios a los que más tienen» y la realidad de una canasta que consume el 14% del salario promedio registrado, en un país con alta informalidad laboral y salarios reales deprimidos, configura una de las contradicciones más evidentes del modelo económico libertario.
Puntos clave
- La canasta de servicios públicos para un hogar sin subsidios en el AMBA alcanzó $249.834 en mayo de 2026, un 17,5% más que en abril.
- El gas natural registró la mayor suba mensual, con un incremento del 53,3% y una factura promedio de $49.972.
- La canasta acumula una suba del 800% desde diciembre de 2023, frente a una inflación general del 231% en el mismo período.
- Los servicios básicos representan el 14,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.869.799.
- El Estado financia el 41% del costo real de los servicios vía subsidios, con cobertura estable respecto a abril.
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