Zona Destacada
El Censo 2022 en el Delta: la travesía por el laberinto de ríos para censar a la población de las islas
El operativo del Censo Nacional en esa zona de San Fernando solo se puede completar en lancha y solo las personas que conocen la región se pueden aventurar a recorrer el complejo entramado de ríos, arroyos, islas y juncales del lugar.
Por Milagros Alonso
El operativo del Censo Nacional 2022, cuya etapa rural ya comenzó en las islas del Delta de San Fernando, al norte de la provincia de Buenos Aires, busca contar de forma anticipada a toda la población que habita el laberinto de ríos, arroyos y juncales al que solo se puede acceder en lancha, y donde los isleños aseguran que “la tranquilidad que hay es impagable”.
Desde el Parque Náutico de San Fernando, a unos 28 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, partió a media mañana una lancha del municipio con los censistas. El cielo encapotado apenas dejaba pasar unos pocos rayos de sol.
«El operativo tiene la complejidad de no contar con el transporte necesario para llegar a los distintos sectores del Delta, pero tuvimos la colaboración del municipio, de Prefectura Naval y de algunos censistas que utilizaron su lancha o bote particular», sostuvo el jefe de departamento del Censo de San Fernando, David Luzzi.
San Fernando está conformado por una sección continental de solo 23 km2, y un sector de Islas del Delta del Paraná de más de 900 km2 que incluye a la Reserva de Biósfera declarada por la Unesco en el 2000.
Para el relevamiento, el sector de islas compone la denominada «Fracción 15», la cual cuenta con una jefa, dos asistentes y 100 censistas, quienes realizan su tarea únicamente con lanchas, a excepción de una zona en el Río Carabelas, donde es posible llegar por vía terrestre cruzando los vehículos con una chata.
En ese municipio del norte del conurbano bonaerense, al igual que en todas las áreas rurales del país, el censo empezó el lunes 9 y se extiende hasta hoy, un día antes de la jornada censal nacional en todas las áreas urbanas del país. Su propósito a lo largo de estos días fue contabilizar en el Delta sanfernandino a unas 3.500 personas y 1.100 familias, según estimaciones del municipio.

«Estamos caracterizados como zona rural, pero no somos ni zona rural ni urbana. Son humedales», contó Juan José Miranda, uno de los asistentes, mientras la lancha avanzaba a toda velocidad sobre las aguas marrones que parecían planchadas.
«Hoy está tranquilo, pero cruzar el Paraná de las Palmas picado te la regalo», aseguró Miranda, quien se jubiló luego de trabajar como profesor de Historia.
Sobre la importancia del Censo, opinó: «El Delta es una región estratégica y aparte de saber los habitantes indagamos otras realidades para planificar los próximos 50 años en salud, educación y desarrollo económico sustentable».
«Solo las islas de San Fernando equivalen a 4,5 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires», agregó Germán Lufrano, el otro asistente de la fracción.
Después de más de una hora de navegación, la lancha llegó hasta la Escuela Primaria Nº 20, sobre la costa del río Paraná Miní, donde aguardaban la jefa de Radio, Lorena Calderoni, y la censista María Giorgini.
Vestida con la pechera del Censo y con los formularios en mano, María se mostró ansiosa por comenzar el relevamiento: «Es la primera vez que lo hago, el censo anterior estaba en el secundario».
La joven de 27 años, que es profesora de Inglés en la Escuela Primaria Nº 14 del arroyo Durazno, no dudó en ofrecerse como voluntaria: «Lo que más le gusta del Delta es la gente. El día que me toca venir es mi día de spa y los chicos no tienen maldad. Se nota que hay familia presente si bien hay carencias en lo material».
Para coordinar el operativo censal, el municipio se basó en la estructura del sistema educativo, ya que las escuelas cuentan con lanchas colectivas y tienen acceso a Internet.

A su vez, los formularios se completan «a la vieja usanza» porque en las viviendas no hay señal para que los censistas carguen en la aplicación del Indec todos los datos, explicó Germán Lufrano.
Con un trasbordo a la lancha colectiva de la escuela, el viaje continuó hasta la Estación Forestal del río Paraná Miní, donde tres perros se acercaron hasta la punta del muelle para recibir con ladridos y saltos de alegría al equipo censal, mientras soplaba un viento helado y húmedo.
El predio tuvo su apogeo en la década del ’50 cuando fue un próspero vivero forestal, pero hoy quedan nueve casas en pie y solo tres están habitadas.
Por un camino de tierra cubierto con un colchón de hojas anaranjadas de los cipreses de los pantanos, de las pocas coníferas que pueden vivir dentro del agua y protegen el borde del río contra la erosión, se llega hasta la casa de María.
«No sabía que venían hoy, sino me producía más», bromeó la mujer mientras se peinaba con las manos su cabello negro.
María vive hace 15 años en la isla con sus tres hijas y su esposo, quien trabaja cortando caña y aseguró que «la tranquilidad que hay acá es impagable».
Rodeada de cinco perros y un carpincho bautizado como «Martincho», la mujer le mostró a la censista el código del censo digital desde la pantalla de su celular.
Después, acompañó al equipo para adentrarse en el monte hasta la casa de María Esther Sagues, quien a sus 86 años todavía elige vivir sola en el Delta.
«Pasen, no tengo problema. Los recibo con cariño», exclamó Esther desde el final de la escalera de su típica casa isleña de madera levantada sobre pilotes y con techo de chapa.
En el interior, una cocina a leña calentaba todo el comedor y los cuadros con fotografías de antaño formaban un ambiente de encanto que Esther describió como su «lugarcito preferido».
No hizo el Censo Digital porque «no maneja los celulares» y aseguró que estaba «chocha» por recibir a la censista.
Ante la pregunta de si tenía alguna dificultad para recordar, Esther sonrió y respondió: «Yo recuerdo lo mejor de mi vida, esto era un establecimiento de 1.000 hectáreas y yo era viverista».
«La vida la hice acá con mi marido que lo conocí cuando él tenía 17 años y yo 14, por eso me cuesta irme. Y eso que tengo a mis hijos y nietos en una casita en Tigre», continuó.
Una vez terminado el cuestionario, Esther pidió que le pegaran el sticker en la entrada, justo al lado de la calcomanía del Censo Nacional del 2001 que se mantiene intacta.
La travesía continuó río arriba hasta la casa de los Seuster, que salieron en cuanto escucharon el motor de la lancha colectiva. «Pasen adentro que hace frío», dijo Susana Blanco invitando al equipo a ingresar a su casa alargada con una galería al frente y techo de chapa.
Alrededor de la gran mesa ovalada del comedor, Susana se dispuso a hacer la entrevista junto a su marido Héctor Seuster (63) y a su hija mayor Andrea (28), bajo la atenta mirada de Cachi, una lora de 42 años.
«Es largo esto», opinó Héctor ante las preguntas de la censista, al tiempo que explicó cuáles son las casas que permanecen habitadas por la zona y advirtió sobre los tramos cerrados del río.
Héctor nació en la isla y relató que su bisabuelo llegó de Prusia a mediados del Siglo 19 y se dedicó a plantar zapallos en el Delta. «De 1856 viene toda la herencia. Siempre acá», afirmó el hombre que jamás pensó en dejar la isla y trabaja como arboricultor plantando salicáceas.
«Acá se vive con otro ritmo, es otra tranquilidad», señaló y destacó que en los últimos años fue mejorando la calidad de vida: «en este domicilio tenemos luz desde el 2008, antes vivíamos con un sol de noche».
También, el matrimonio destacó que en el Delta es diferente la crianza de sus hijos: «Tenés menos cosas que puedan atacarlos».
Concluido el formulario, Susana le regaló a la censista una bolsa de nueces y la acompañó hasta el muelle, donde se despidió: «Gracias por visitarnos».
De regreso al continente, los asistentes de la fracción revisaban las planillas y coordinaban horarios para el operativo de mañana, cuando esperan terminar de censar a todos los habitantes del Delta de San Fernando si la marea y el clima los acompañan.
Libertad de prensa
La denuncia del Gobierno contra periodistas no cierra: el fiscal pide ver los videos antes de actuar
El representante del Ministerio Público solicitó al juez Ariel Lijo medidas preliminares para definir si impulsa o archiva la acusación de la Casa Militar contra dos cronistas de TN. Fuentes judiciales advirtieron que la causa difícilmente prospere. Mientras tanto, dos presentaciones independientes apuntan contra el Ejecutivo por el veto total a la prensa acreditada.
El fiscal Pollicita frenó la denuncia del Gobierno contra periodistas y pide ver los videos antes de actuar
★ El frente judicial del veto a la prensa impuesto por el gobierno del presidente Javier Milei comenzó a mostrar sus primeras fisuras. El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la denuncia presentada por la Casa Militar contra dos periodistas de Todo Noticias (TN), le solicitó al juez federal Ariel Lijo una serie de medidas preliminares antes de decidir si impulsa o descarta la acusación. La investigación judicial se encuentra en una fase previa a cualquier definición de fondo.
El fiscal pidió que las autoridades de TN remitan el material crudo de las grabaciones realizadas en el interior de Balcarce 50, así como que la Secretaría de Comunicación y Prensa, a cargo de Javier Lanari, aporte información sobre el régimen de acreditaciones. Con esas diligencias, Pollicita no le dio impulso formal a la denuncia del Gobierno: lo que busca es contar con elementos suficientes para evaluar si corresponde investigar o archivar la presentación.
Lo que dice la Justicia en reserva
La perspectiva que se dibuja en Comodoro Py no es favorable para las pretensiones oficiales. Fuentes judiciales indicaron que a priori la denuncia difícilmente prospere. El razonamiento es directo: salvo que de las grabaciones en crudo surja que el periodista acreditado Ignacio Salerno ingresó a un área vedada o realizó algo expresamente prohibido, no habría sustento para sostener una acusación penal. Las mismas fuentes subrayaron que los profesionales acreditados en la sede del Ejecutivo conocen las reglas de trabajo y que no sería la primera vez que un periodista graba un video en esos pasillos.
En el mismo edificio de Retiro, el asombro por la reacción oficial trascendió en voz baja. Este medio tomó nota de un comentario que circuló entre operadores judiciales: no existen antecedentes históricos de un cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada. Ni siquiera durante la última dictadura militar se tomó esa medida.
Dos denuncias contra el Ejecutivo por el veto a la prensa
Por un carril separado, la decisión del Gobierno de revocar las huellas dactilares de la totalidad de los periodistas acreditados, que abarca a cronistas de casi 50 medios de comunicación, generó dos presentaciones judiciales contra la propia administración libertaria.
La primera lleva la firma de la diputada nacional Marcela Pagano (bloque Coherencia), exaliada del oficialismo, y fue radicada ante la Justicia Federal. En su texto, Pagano apuntó contra el presidente Milei, el jefe de la Casa Militar Sebastián Ibáñez, el secretario de Comunicación Javier Lanari y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y los acusó de posible abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. «Los hechos denunciados no son aislados. Integran un patrón sistemático de hostigamiento institucional contra la prensa independiente», precisó Pagano en su escrito, donde enumeró el cierre de la Agencia Télam, los discursos estigmatizantes del Presidente y la restricción previa a cronistas de medios como Tiempo Argentino, El Destape, La Patriada, A24 y Ámbito Financiero, que sufrieron el veto desde principios de abril.
La causa fue sorteada a la Cámara Federal y quedó en el Juzgado del juez Sebastián Ramos, con el fiscal Ramiro González. Fuentes de Comodoro Py señalaron a este medio que es probable que el expediente sea derivado al Fuero Contencioso Administrativo Federal, por tratarse de una queja contra una decisión gubernamental.
La segunda presentación la realizaron las dos firmas a cargo de la edición de Ámbito Financiero ante ese mismo fuero, con el objetivo de obtener una medida cautelar innovativa de carácter urgente que ordene la restitución del acceso de sus dos periodistas acreditadas a la Sala de Prensa.
Un repudio que cruzó todos los sectores
El veto total, sin precedentes en democracia, concentró un rechazo que desbordó las fronteras del periodismo. El gremio de prensa Sipreba, el foro FOPEA, la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y la CGT emitieron manifestaciones de repudio. La central obrera fue particularmente contundente: en su comunicado, advirtió que el Gobierno «silencia a la prensa en este circo sin pan».
Como informó este medio el 23 de abril, la prohibición general se tomó en lo más alto del poder la noche del miércoles, sin notificar formalmente a los afectados, y se concretó cuando los primeros cronistas intentaron ingresar a sus puestos de trabajo el jueves por la mañana. El Gobierno la justificó como una respuesta a la denuncia de la Casa Militar contra Salerno y la conductora Luciana Geuna, del programa «¿Y mañana qué?», y condicionó la continuidad de los permisos al avance de la causa judicial.
La medida se suma a una escalada sostenida: el 6 de abril, el Ejecutivo ya había revocado las acreditaciones de periodistas de siete medios, amparándose en la supuesta «trama rusa» del grupo «La Compañía». Aquella restricción selectiva se extendió además a la Cámara de Diputados presidida por Martín Menem, mientras que el Senado de la vicepresidenta Victoria Villarruel se negó a replicarla.
Puntos clave
- El fiscal Gerardo Pollicita pidió medidas preliminares al juez Ariel Lijo antes de decidir si impulsa o archiva la denuncia de la Casa Militar contra periodistas de TN: solicitó el material crudo de las grabaciones y datos sobre acreditaciones.
- Fuentes judiciales advirtieron que, a priori, la denuncia difícilmente prospere sin evidencia de que los periodistas accedieron a zonas vedadas.
- La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Milei, Adorni, Lanari e Ibáñez por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
- Ámbito Financiero pidió una medida cautelar urgente ante el Fuero Contencioso Administrativo para recuperar el acceso de sus cronistas.
- La CGT, Sipreba, FOPEA y la comisión de Libertad de Expresión de Diputados repudiaron el veto, inédito en la historia democrática argentina.
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