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Eliminación de retenciones: otro guiño del Gobierno al sector petrolero
La decisión quedó oficializada este lunes mediante el Decreto 811/2025, firmado por Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, y comenzará a regir desde el martes 18 de noviembre.
El Ejecutivo dispuso levantar las retenciones a la exportación de aceites y lubricantes derivados de hidrocarburos, un beneficio directo para las empresas del sector en pleno ajuste sobre la industria local.
La decisión quedó oficializada este lunes mediante el Decreto 811/2025, firmado por Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, y comenzará a regir desde el martes 18 de noviembre. Hasta ahora, esos productos tributaban un 8% desde 2020.
Según el Gobierno, la quita de derechos apunta a “mejorar la competitividad” de las exportaciones. Pero puertas adentro de la industria energética la lectura es más clara: se trata de una transferencia de recursos hacia las compañías petroleras en un contexto donde el mercado interno sigue golpeado por la recesión y la caída del consumo.
¿Quiénes se benefician?
Productoras de hidrocarburos con líneas de refinación y procesamiento químico. Exportadoras de aceites y lubricantes que ahora colocarán su producción sin descuento fiscal alguno. Compañías integradas que ya venían presionando por una desregulación total del sector.
Mientras tanto, las pymes proveedoras del mercado interno —como fabricantes de insumos, talleres mecánicos y distribuidores— advierten que la medida consolida el sesgo exportador del Gobierno sin contemplar el impacto sobre la actividad local.
Un nuevo paso en la desregulación
No es la primera vez que la administración Milei avanza en desarmar el esquema de retenciones. En los últimos meses, Economía habilitó sucesivas reducciones para sectores agroindustriales y mineros, bajo el argumento de “liberar las fuerzas del mercado”. Sin embargo, diversos especialistas en energía remarcan que este desmonte fiscal convive con tarifas domésticas más altas, combustibles dolarizados y un incremento sostenido de los márgenes empresariales.
En paralelo, sindicatos del sector vienen alertando por la caída del empleo en la cadena de refinación y por la falta de controles ambientales en proyectos de exportación. La eliminación de retenciones no hace más que profundizar ese escenario.
El decreto deja abierta la puerta para futuras desgravaciones dentro del rubro hidrocarburífero, una demanda sostenida por las corporaciones del sector desde hace años. Con esta medida, el Gobierno vuelve a apostar por un esquema que privilegia la salida al exterior por encima del mercado interno y que, una vez más, ofrece alivio fiscal para pocos mientras la mayoría enfrenta un ajuste cada vez más fuerte.
Economía 💲
Millones de familias al límite: la morosidad se cuadruplica y marca el peor nivel en 20 años
La imposibilidad de afrontar créditos y tarjetas marcó en febrero un 11,2%, cifra no registrada desde 2004 y superior a los registros de la pandemia, en un escenario de ajuste sin precedentes sobre los ingresos populares.
Endeudamiento récord: la morosidad familiar llega al nivel más alto en dos décadas
★ El sistema financiero argentino expone con datos duros la fractura entre el relato oficial de estabilización macroeconómica y la realidad que atraviesan millones de familias. Según estadísticas del sistema financiero, la morosidad en el cumplimiento de préstamos y compromisos crediticios de los hogares trepó al 11,2% en febrero, encadenando 16 meses consecutivos de suba y superando incluso los registros de la pandemia de Covid-19. El indicador no alcanzaba ese nivel desde 2004, en plena salida de la crisis del colapso de la convertibilidad.
Un deterioro sostenido que no cede
Lejos de ser un fenómeno aislado, la tendencia se consolida con una profundidad que alerta a analistas y legisladores. El Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) acumula 10 meses consecutivos en alza, con un nivel de 5,1 puntos que ubica a los hogares argentinos dentro del rango técnico de «Fragilidad Familiar». Respecto de los valores mínimos registrados a fines de 2024, la morosidad se multiplicó por cuatro, lo que evidencia una aceleración sin precedentes en el proceso de endeudamiento de los sectores medios y populares.
El diputado nacional Nicolás Trotta, del bloque Primero La Patria, describió el fenómeno con precisión: «La morosidad récord muestra que cada vez más familias tienen dificultades para sostener sus gastos y cumplir con sus compromisos. Detrás de este dato hay hogares que hacen cuentas todos los días, que recortan gastos y que viven con más incertidumbre sobre cómo llegar a fin de mes.»
Los analistas sectoriales señalaron que las carteras irregulares avanzan principalmente en el segmento de financiamiento al consumo corriente y de montos menores, lo que revela que una porción creciente de la ciudadanía recurre al crédito para cubrir necesidades básicas e indispensables de subsistencia.
El ajuste como causa estructural
El contexto en el que se inscribe este dato no es aleatorio ni inexplicable. La gestión de Javier Milei recortó el gasto primario total un 31% en términos reales desde diciembre de 2023, mientras los programas sociales se desplomaron un 61% y las transferencias a provincias cayeron un 66%. En paralelo, los servicios públicos y el transporte acumularon subas de más del 525% desde el inicio de la gestión libertaria, y la Canasta Básica Alimentaria registró una variación interanual del 32,8% según datos del INDEC correspondientes a marzo de 2026.
En ese escenario de contracción sostenida del ingreso disponible, la deuda de las familias creció no por decisión propia sino por necesidad estructural: con salarios que perdieron contra la inflación acumulada y servicios que se multiplicaron por más de cinco veces, el crédito dejó de ser una herramienta de consumo para convertirse en un mecanismo de supervivencia.
La deuda pública como espejo de la deuda privada
El proceso de endeudamiento familiar no opera en un vacío político ni económico. El Foro Economía y Trabajo, integrado por economistas como Roberto Feletti, Noemí Brenta, Ricardo Aronskind y Felisa Miceli, entre una veintena de especialistas, publicó el 4 de mayo de 2026 un diagnóstico que denuncia que el sistema tributario argentino traslada la carga fiscal hacia los sectores de menores ingresos: aproximadamente el 70% de la recaudación proviene de impuestos indirectos, como el IVA, que golpea proporcionalmente con mayor fuerza a quienes menos ganan.
Mientras tanto, la deuda pública con el FMI acumula USD 57.100 millones al cierre de 2025, con vencimientos de capital e intereses que superarán los USD 13.400 millones entre 2026 y 2030, condicionando la política fiscal de los próximos dos gobiernos. El Foro advierte que el ajuste fiscal no es un fenómeno aislado sino la consecuencia directa del compromiso de cumplimiento de las metas acordadas con el organismo, cuyo nuevo programa de Servicio Ampliado, firmado en abril de 2025, comprometió USD 20.000 millones equivalentes al 479% de la cuota argentina.
La fotografía del 11,2% de morosidad es, en definitiva, el reverso doméstico de un modelo que prioriza los compromisos financieros internacionales sobre el bienestar cotidiano de la ciudadanía: el Estado ajusta el gasto social para cumplir las metas del Fondo, mientras las familias ajustan sus propios presupuestos endeudándose para llegar a fin de mes.
Puntos clave
- La morosidad de las familias argentinas alcanzó el 11,2% en febrero, el nivel más alto desde 2004 y superior a los registros de la pandemia.
- El indicador encadena 16 meses consecutivos de suba y se multiplicó por cuatro respecto de los mínimos de fines de 2024.
- El Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) llegó a 5,1 puntos tras 10 meses consecutivos en alza, dentro del rango de «Fragilidad Familiar».
- Las carteras irregulares crecen principalmente en créditos de consumo básico y montos menores, lo que revela uso del crédito para cubrir necesidades esenciales.
- El ajuste del gasto social del 61% y el tarifazo acumulado de más del 525% configuran el escenario estructural que explica el endeudamiento masivo de los hogares.
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