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Eliminación de retenciones: otro guiño del Gobierno al sector petrolero

La decisión quedó oficializada este lunes mediante el Decreto 811/2025, firmado por Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, y comenzará a regir desde el martes 18 de noviembre.

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El Ejecutivo dispuso levantar las retenciones a la exportación de aceites y lubricantes derivados de hidrocarburos, un beneficio directo para las empresas del sector en pleno ajuste sobre la industria local.

La decisión quedó oficializada este lunes mediante el Decreto 811/2025, firmado por Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo, y comenzará a regir desde el martes 18 de noviembre. Hasta ahora, esos productos tributaban un 8% desde 2020.

Según el Gobierno, la quita de derechos apunta a “mejorar la competitividad” de las exportaciones. Pero puertas adentro de la industria energética la lectura es más clara: se trata de una transferencia de recursos hacia las compañías petroleras en un contexto donde el mercado interno sigue golpeado por la recesión y la caída del consumo.

¿Quiénes se benefician?

Productoras de hidrocarburos con líneas de refinación y procesamiento químico. Exportadoras de aceites y lubricantes que ahora colocarán su producción sin descuento fiscal alguno. Compañías integradas que ya venían presionando por una desregulación total del sector.

Mientras tanto, las pymes proveedoras del mercado interno —como fabricantes de insumos, talleres mecánicos y distribuidores— advierten que la medida consolida el sesgo exportador del Gobierno sin contemplar el impacto sobre la actividad local.

Un nuevo paso en la desregulación

No es la primera vez que la administración Milei avanza en desarmar el esquema de retenciones. En los últimos meses, Economía habilitó sucesivas reducciones para sectores agroindustriales y mineros, bajo el argumento de “liberar las fuerzas del mercado”. Sin embargo, diversos especialistas en energía remarcan que este desmonte fiscal convive con tarifas domésticas más altas, combustibles dolarizados y un incremento sostenido de los márgenes empresariales.

En paralelo, sindicatos del sector vienen alertando por la caída del empleo en la cadena de refinación y por la falta de controles ambientales en proyectos de exportación. La eliminación de retenciones no hace más que profundizar ese escenario.

El decreto deja abierta la puerta para futuras desgravaciones dentro del rubro hidrocarburífero, una demanda sostenida por las corporaciones del sector desde hace años. Con esta medida, el Gobierno vuelve a apostar por un esquema que privilegia la salida al exterior por encima del mercado interno y que, una vez más, ofrece alivio fiscal para pocos mientras la mayoría enfrenta un ajuste cada vez más fuerte.

Gremiales

La motosierra libertaria llega a los bosques: retiros voluntarios en Parques Nacionales

El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la APN. Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei.

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La motosierra avanza sobre los bosques: cómo el ajuste vacía la Administración de Parques Nacionales.

El Gobierno oficializó mediante la Resolución 191/2026 un programa de desvinculación para el personal de planta permanente de la Administración de Parques Nacionales (APN). Cada puesto vacante será eliminado de manera definitiva, en línea con la política de achicamiento del Estado que impulsa la gestión Milei. Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a futuros reclamos y no podrán reincorporarse al sector público por cinco años.

La gestión de Javier Milei extendió su programa de reducción del empleo estatal a la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros que conduce Manuel Adorni. A través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo abrió un régimen de retiro voluntario para los agentes de planta permanente amparados por el artículo 8° de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional).

La medida se enmarca en la política oficial de «centralizar, agilizar y achicar la dimensión del aparato administrativo del Estado», según la propia letra de la resolución. En términos concretos, implica que cada puesto que quede vacante por adhesión al retiro será eliminado de forma definitiva: los cargos no se cubrirán.

Quiénes pueden adherir y quiénes quedan afuera

Para acceder al programa, los trabajadores deben contar con al menos dos años de antigüedad en el organismo. Sin embargo, la resolución establece un amplio listado de exclusiones: quedan fuera quienes tengan sumarios administrativos en curso con riesgo de cesantía o exoneración, procesos penales vinculados a delitos contra la administración pública, litigios laborales activos contra el Estado, beneficios previsionales ya acordados o renuncias pendientes de aceptación.

La norma también excluye expresamente al Cuerpo de Guardaparques Nacionales, lo que sugiere que el objetivo del ajuste apunta al personal técnico-administrativo que sostiene el funcionamiento cotidiano del organismo, más que al personal de campo que realiza tareas de conservación y control en terreno.

Topes por edad y condiciones de egreso

La resolución fijó límites precisos para los trabajadores de mayor edad: quienes tengan entre 61 y 63 años recibirán una compensación con un tope de 24 salarios brutos, mientras que para los de 64 años o más el máximo se reduce a 12 haberes. Los montos correspondientes a vacaciones no gozadas y aguinaldo proporcional se liquidarán por separado.

Uno de los aspectos más significativos del esquema es la renuncia que se exige como condición de ingreso: quienes adhieran deberán resignar expresamente todo reclamo administrativo o judicial vinculado a su relación laboral con el Estado. Además, quedarán inhabilitados para reincorporarse al sector público nacional durante cinco años, bajo cualquier modalidad de contratación. La única excepción contemplada son los cargos docentes en universidades nacionales.

Un organismo que custodia el patrimonio natural del país

La Administración de Parques Nacionales es un ente autárquico creado por la Ley N° 22.351, cuya misión es proteger y conservar los parques nacionales, monumentos naturales y reservas del país. Administra más de cuarenta áreas protegidas que abarcan ecosistemas de valor estratégico, desde la Puna hasta la Patagonia y la Antártida. El ajuste de su planta genera preocupación entre organizaciones ambientales y sindicales, que advierten sobre el posible desmantelamiento de la estructura técnica que sostiene ese trabajo.

La implementación operativa del programa quedó a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que deberá gestionar los formularios de adhesión, verificar los requisitos y elevar los expedientes para su aprobación definitiva. Toda acta de desvinculación deberá ser comunicada de inmediato a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público (dependiente de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública) y a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.

Un patrón que se repite en el Estado

El retiro voluntario en Parques Nacionales no es un hecho aislado. La gestión Milei aplicó mecanismos similares en otros organismos estatales a lo largo de 2025 y 2026, incluyendo la Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) y diversas dependencias del extinto Ministerio de Capital Humano, en el marco del proceso de reducción de la planta del Estado que acompaña el ajuste fiscal comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según datos del propio Gobierno, el gasto primario total acumuló una caída real del 31% desde diciembre de 2023.

Puntos clave

  • La Resolución 191/2026, publicada en el Boletín Oficial, habilita retiros voluntarios para el personal de planta permanente de la APN con al menos dos años de antigüedad.
  • Cada puesto que quede vacante por adhesión será eliminado de forma definitiva, sin reemplazo.
  • Los trabajadores que adhieran deberán renunciar a todo reclamo laboral y no podrán volver al sector público por cinco años.
  • Quedan excluidos del programa los Guardaparques Nacionales y quienes tengan procesos disciplinarios o judiciales en curso.
  • La medida forma parte de la política de reducción del Estado que impulsa la gestión Milei en el marco de las metas acordadas con el FMI.

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